La Casa Blanca coloca a RD como uno de los países de mayor tráfico y producción de drogas

CDN.La Casa Blanca colocó en una lista a la República Dominicana como uno de los países de mayor tráfico y producción ilícita de drogas para el año 2021.

En un comunicado indica que la presencia de un país en la lista precedente no constituye necesariamente un reflejo de los esfuerzos que realizan sus gobiernos contra el narcotráfico, ni del nivel de cooperación con Estados Unidos.

El Departamento de Estado de los Estado Unidos identificó a los siguientes países como principales en el tránsito de drogas o países principales de producción ilícita de drogas en los que se encuentran: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Precisa que el motivo por el cual se incluye a los países en la lista es una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten que haya tránsito o producción de drogas, incluso si un gobierno ha implementado medidas rigurosas y diligentes de control de narcóticos.

El documento agrega que Estados Unidos está llevando a una escala sin precedentes la lucha contra estas organizaciones delictivas y quienes las facilitan.

El comunicado precisa que aunque llevar ante la Justicia “a criminales como Maduro” sigue siendo una “urgente prioridad”, Estados Unidos necesita que otros países en el hemisferio asuman una mayor responsabilidad a la hora de reducir el suministro de drogas ilegales.

Texto del comunicado integró…

La Casa Blanca
16 de septiembre de 2020Memorando para el Secretario de Estado 

ASUNTO: Determinación presidencial sobre países principales de tránsito de drogas o países principales de producción ilícita de drogas para el año fiscal 2021

Por la potestad que me ha sido conferida como Presidente por la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América, incluido el artículo 706(1) de la Ley de Autorización de Relaciones Extranjeras (Foreign Relations Authorization Act) del Año Fiscal 2003 (Ley Pública 107-228) (FRAA), identifico por este medio a los países siguientes como países principales de tránsito de drogas o países principales de producción ilícita de drogas: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

La presencia de un país en la lista precedente no constituye necesariamente un reflejo de los esfuerzos que realizan sus gobiernos contra el narcotráfico, ni del nivel de cooperación con Estados Unidos. En consonancia con la definición legal de país principal de tránsito de drogas o país principal de producción ilícita de drogas que se establece en el artículo 481(e)(2) y (5) de la Ley de Asistencia Exterior (Foreign Assistance Act) de 1961, con sus posteriores reformas (Ley Pública 87-195) (FAA), el motivo por el cual se incluye a los países en la lista es una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten que haya tránsito o producción de drogas, incluso si un gobierno ha implementado medidas rigurosas y diligentes de control de narcóticos.

Las drogas ilícitas causan un inmenso perjuicio para la salud y la seguridad del pueblo estadounidense y amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Si bien mi gobierno ha conseguido avances constantes en detener la marea de la epidemia de estupefacientes que asola a nuestro país, las organizaciones delictivas transnacionales atentan continuamente contra nuestros logros al violar nuestras fronteras e inundar nuestro territorio con estas sustancias letales.

Estados Unidos está llevando a una escala sin precedentes la lucha contra estas organizaciones delictivas y quienes las facilitan. En abril, puse en marcha las operaciones más significativas que tuvieron lugar en décadas contra el tráfico ilegal de estupefacientes en el Caribe y el Pacífico Oriental, al desplegar elementos militares estadounidenses al Comando Sur de Estados Unidos, en cooperación con 22 aliados internacionales. Estas operaciones permitieron la confiscación de más de 80 toneladas métricas de cocaína y otras peligrosas drogas y privaron a organizaciones delictivas transnacionales de obtener ganancias superiores a US$ 1.800 millones. Asimismo, esto transmitió una señal a los cabecillas del narcotráfico de que están completamente en la mira de Estados Unidos.

El cabecilla del narcotráfico más implicado en este Hemisferio es el dictador venezolano Nicolás Maduro. En marzo, un tribunal estadounidense procesó a Maduro por narcoterrorismo y conspiración para el contrabando de cocaína hacia Estados Unidos. En respuesta, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció una recompensa de US$ 15 millones a cambio de información que conduzca a su detención o condena. Maduro se sumó así a los numerosos cómplices del régimen que ya han sido procesados en EE.UU. o que fueron alcanzados por sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro en relación con delitos de tráfico de drogas. Estados Unidos seguirá apoyando al pueblo venezolano, al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional democráticamente electa, y trabajará junto al legítimo Gobierno Interino de Venezuela para detener el narcotráfico y acabar con los actores delictivos que se han aprovechado de ese país. El narcorrégimen ilegítimo de Maduro debe responder ante la justicia por sus delitos.

Aunque llevar ante la justicia a delincuentes como Maduro sigue siendo una prioridad urgente, Estados Unidos también necesita que otros gobiernos en el Hemisferio Occidental asuman una mayor responsabilidad en la reducción del abastecimiento de drogas ilegales.

En Colombia, el presidente Iván Duque y su gobierno siguen siendo firmes aliados de Estados Unidos, y las fuerzas policiales y militares colombianas han demostrado una inmensa valentía y compromiso al actuar contra narcotraficantes de alto nivel, interceptar cargamentos de estupefacientes y erradicar manualmente el cultivo de coca. No obstante, el cultivo de coca y la producción de cocaína se mantiene a niveles inaceptablemente altos. Para alcanzar nuestro objetivo común a 5 años de reducir a la mitad el cultivo de coca y la producción de cocaína a fines de 2023, Colombia debe retomar la erradicación aérea, que sigue siendo una herramienta irreemplazable del arsenal del gobierno, junto a la erradicación manual y el desarrollo económico alternativo.

También es sumamente preocupante que el cultivo de coca y la producción de cocaína sigan estando próximos a niveles históricos en Perú, otro aliado de EE.UU. de larga data. Perú es un valioso socio de Estados Unidos en materia de aplicación de la ley y ha demostrado un compromiso continuo en el combate a todos los aspectos del narcotráfico. Insto al gobierno peruano a reanudar las operaciones de erradicación en las regiones del país con alta producción de cocaína, incluido el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

Desde la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, la cooperación entre EE.UU. y Bolivia contra las redes de narcotráfico se ha intensificado con el gobierno de transición en Bolivia. El gobierno de transición hizo importantes esfuerzos en la interceptación de cargamentos de drogas y reanudó la tramitación de pedidos de extradición de narcotraficantes planteados por Estados Unidos. Sin embargo, el cultivo de coca sigue superando los límites legales establecidos en las propias leyes internas de Bolivia para usos medicinales y tradicionales, y el Estado boliviano ha adoptado medidas insuficientes para preservar los mercados lícitos de coca de la explotación con fines delictivos. Si el gobierno boliviano, incluida la Asamblea Legislativa, adopta medidas suficientes de acá a un año para remediar estas falencias, y sostiene los avances logrados en los últimos 10 meses con el gobierno de transición, consideraré la posibilidad de eliminar el próximo año a Bolivia de la lista de países que se ha demostrado que no cumplen con sus responsabilidades en materia de control de drogas.

El año pasado, advertí que consideraría determinar que México había incumplido de manera demostrable sus compromisos en cuanto a fiscalización de drogas, si no incrementaba sus esfuerzos para erradicar el cultivo de adormidera, interceptar drogas ilícitas antes de que crucen la frontera hacia Estados Unidos, incrementar el procesamiento de narcotraficantes y confiscar sus activos, y formular una estrategia integral para el control de drogas. Este año, México aprobó reformas en materia de confiscación de activos, llevó a cabo más extradiciones de peligrosos narcotraficantes a Estados Unidos, consiguió avances significativos en el primer estudio de producción de adormidera en 17 años y formuló una estrategia antinarcóticos. Si bien son señales de avances, todavía es mucho más lo que se debe hacer.

México sigue siendo la fuente principal de casi la totalidad de la heroína y las metanfetaminas que se confiscan en Estados Unidos, y una vía de tránsito para gran parte de la cocaína disponible en nuestro país. Asimismo, los cárteles mexicanos se aprovechan de los controles desiguales en México sobre los precursores químicos para producir drogas letales, como fentanilo, dentro de México e ingresarlas en Estados Unidos por contrabando. Las confiscaciones de drogas en México siguen siendo demasiado bajas considerando estas graves amenazas. Estos cárteles suponen una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano de ejercer un control efectivo en partes del país.

México debe demostrar de manera inequívoca su compromiso de desmantelar los cárteles y las actividades delictivas de estos, y tomar medidas más enérgicas para proteger la vida de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos. México debe seguir extraditando a actores delictivos claves, realizar investigaciones exhaustivas y confiscaciones de drogas y de activos, e implementar un programa sólido, y basado en datos, para la erradicación de la adormidera que esté asociado con el desarrollo alternativo sostenible. El gobierno mexicano debe reconocer la tendencia alarmante en la producción de fentanilo en su territorio. Es importante que dé prioridad a las medidas de aplicación de la ley contra la producción y el tráfico de fentanilo —la principal sustancia asociada con las muertes por sobredosis en Estados Unidos— por parte de los cárteles y que fortalezca los esfuerzos para contrarrestar los precursores químicos del fentanilo que se trafican mayoritariamente desde China, así como el contrabando y la producción de fentanilo. También deben tomarse más medidas para combatir la producción creciente de metanfetaminas por los cárteles.

Estados Unidos sigue estando dispuesto a profundizar su alianza con México y abordar estos desafíos comunes, y asimismo, considera positiva la oportunidad de desarrollar con México objetivos conjuntos en materia de control de drogas e investigaciones bilaterales basadas en un intercambio transparente y abierto de información y evidencias que posibiliten procesamientos exitosos.

Numerosos profesionales de las fuerzas militares y de aplicación de la ley de México, en colaboración con sus homólogos estadounidenses, hacen frente con valentía a las organizaciones delictivas transnacionales que amenazan a nuestros dos países. A menos que el gobierno mexicano demuestre avances considerables en el próximo año respaldados por datos verificables, México estará ante un riesgo considerable de que se determine que ha incumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales sobre control de drogas.

Conforme al artículo 706(2)(A) de la FRAA, designo por este medio a Bolivia y al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela por haber incumplido de manera demostrable durante los 12 meses anteriores las obligaciones que asumieron en virtud de acuerdos internacionales contra el narcotráfico y no haber adoptado las medidas que exige el artículo 489(a)(1) de la FAA. Se incluyen en esta determinación las exposiciones de motivos para las designaciones de Bolivia y del régimen de Maduro, conforme lo exige el artículo 706(2)(B) de la FRAA.

Asimismo, de conformidad con las disposiciones del artículo 706(3)(A) de la FRAA, he determinado que los programas de Estados Unidos que apoyan al gobierno interino legítimo de Venezuela y al gobierno boliviano son vitales para los intereses nacionales de Estados Unidos.

Se lo autoriza y se lo instruye por este medio a presentar esta designación, con el correspondiente memorando de justificación sobre Bolivia y Venezuela, a tenor del artículo 706 de la FRAA, ante el Congreso y a proceder a su publicación en el Boletín Federal.

DONALD J. TRUMP

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