La compra de Bukele en Los Cóbanos: un caso de saqueo ambiental en una zona protegida
La adquisición de un terreno de casi 14,000 metros cuadrados en la playa El Flor, dentro del Complejo Los Cóbanos, por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha desatado una controversia que pone en entredicho el compromiso del gobierno con la protección ambiental. Este sitio, designado como humedal de importancia internacional bajo el Convenio Ramsar desde 1971 y Área Natural Protegida, alberga el principal arrecife de coral del país y especies vulnerables como tortugas marinas y aves migratorias. La transacción, valuada en un millón de dólares y realizada a través de una sociedad fundada con su esposa, Gabriela Rodríguez, levanta serias dudas sobre la legalidad, la ética y las implicaciones ecológicas de este acto.
El Complejo Los Cóbanos, ubicado en Sonsonate, está protegido por leyes nacionales e internacionales que lo declaran inalienable y no privatizable, prohibiendo cualquier urbanización sin rigurosos estudios ambientales y autorizaciones legales. Según mapas oficiales de dos instituciones estatales, parte del terreno adquirido por Bukele abarca una franja de esta zona protegida, mientras el resto se encuentra en una zona de amortiguamiento sujeta a estrictas regulaciones. La compra, documentada el 23 de septiembre de 2024 en el Centro Nacional de Registro, se realizó a pesar de que el Código Civil salvadoreño establece que las playas son bienes nacionales de uso público, y de que la Ley General de Recursos Hídricos, aprobada durante el primer mandato de Bukele, refuerza esta prohibición.
La operación ha sido señalada como un posible abuso de poder, dado el control que Bukele ejerce sobre las instituciones ambientales y su acceso a información privilegiada. Críticos argumentan que la transacción no solo viola normativas ambientales, sino que refleja un patrón de enriquecimiento personal a través de la función pública. En los últimos tres años, Bukele y su familia han adquirido propiedades por más de 10.5 millones de dólares, incluyendo fincas y edificios, lo que intensifica las acusaciones de que el poder político se utiliza para consolidar intereses económicos privados.
Este caso trasciende la corrupción tradicional y apunta a un saqueo ambiental institucionalizado. La subordinación de las entidades reguladoras al Ejecutivo pone en riesgo la biodiversidad de Los Cóbanos, un ecosistema vital para El Salvador y la región. La sociedad civil y organismos internacionales exigen claridad sobre la legalidad de la compra y medidas para garantizar la protección de este patrimonio natural. Mientras tanto, el silencio oficial y la falta de un proceso transparente alimentan la percepción de que, en el actual contexto político, la ley y el medioambiente son instrumentos al servicio del poder.
EL MURO360
