El crecimiento de este sector ya llama la atención a nivel internacional: a mediados de julio, la revista británica The Economistaseguró que Paraguay logra atraer a este tipo de proyectos gracias a bajos costos de energía eléctrica, bajos impuestos y regulaciones laxas. En 2022, un artículo del diario español El País, que insistía en que el país es «la tierra prometida» para estas actividades, consignaba que muchas de las empresas lograban instalarse en zonas rurales o pequeñas ciudades como Villarrica, a unos 172 kilómetros de la capital Asunción.
De acuerdo a la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad), Paraguay alberga a unas 55 empresas dedicadas a la criptominería, fruto de una inversión que, según las propias empresas,rondaría los 1.500 millones de dólares. Las empresas legales conviven con «granjas» ilegales en las que cientos de computadoras minan criptomonedas sin pagar impuestos.
Pero el desarrollo de esta novedosa industria no está exenta de polémicas: como la criptominería se abastece de la energía generada en las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yaciretá —que Paraguay comparte con Brasil y Argentina, respectivamente—, un incremento en ese consumo deja con menos excedente energético para ser vendido, a precios mejores, a los gigantes vecinos.
«La ANDE (Administración Nacional de Electricidad) y el Gobierno de Santiago Peña le está entregando a la criptominería energía claramente subsidiada y a precios bajísimos en relación a los que se le vende a Argentina y Brasil, que ya son bajísimos», dijo a Sputnik el ingeniero y exlegislador paraguayo Ricardo Canese.
En efecto, Canese indicó que, de acuerdo al último acuerdo alcanzado entre los países, Paraguay vende a Brasil el excedente de la energía de Itaipú que le corresponde a razón de 48,5 dólares por MWh (una cifra que se obtiene de sumar la tarifa oficial de 19,28 dólares por kilovatio más las compensaciones que se abonan), cuando a las empresas de criptominería abonan poco más de 30 dólares por MWh.
Para el experto, si la ANDE cobrar al sector de la criptominería lo que «corresponde» de acuerdo a su ley orgánica —que obliga al organismo a tener un 8% de utilidades para reinvertirlas cada año— el precio debería ascender a cerca de los 75 dólares por megavatio hora. «La ANDE pierde 200 millones de dólares por año en este subsidio a las empresas de criptominería», sostuvo.
El exdiputado del opositor Frente Guazú consideró que es discutible que se trate de un sector que deba ser subsidiado por el Gobierno paraguayo, dado que «no tiene sentido subsidiar a empresas que no generan empleo ni usan bienes de capital fabricados en Paraguay». Canese agregó que el funcionamiento de estas empresas no sería problemático, siempre y cuando «pagaran el precio de mercado».
¿Paraguay deberá importar electricidad?
En ese sentido, Canese advirtió que la multiplicación de este tipo de emprendimientos —denominados electrointensivos por su alto consumo de electricidad—puede comprometer la capacidad de autoabastecimiento de Paraguay en el futuro, obligando al país a comenzar a importar electricidad desde Argentina y Brasil. «¿Cuándo llegue ese momento, a qué precio nos van a vender Brasil y Argentina?», se preguntó, estimando que estos países venden energía a unos 250 dólares por MWh cuando Paraguay cobra menos de 40 dólares por MWh a la criptominería.
En este contexto, la propia ANDE anunció un aumento de entre el 9% y 16% en las tarifas de electricidad para la criptominería, con vigencia desde el 1 de agosto. La noticia fue recibida con quejas desde la Capamad, que advirtió que el ajuste podría motivar a empresas de sector a abandonar el país.
Consultado al respecto, el propio presidente Peña justificó el aumento por el acuerdo alcanzado con Brasil por los precios de Itaipú. «Nosotros hicimos una negociación con Brasil y en esa negociación aumentó el precio para los años 2025, 2026 y 2027 y esto obviamente tiene que estar reflejado también en la tarifa que se traspasa a cada uno de los sectores», apuntó el mandatario, remarcando que uno de los sectores «identificados» para actualizar la tarifa fue el de las criptomineras.
Peña también desestimó que la suba desaliente la actividad de las criptomineras, a pesar de que sí «puede disminuir el margen de lucro» para algunas de ellas.
Para Canese, sin embargo, uno de los grandes problemas es la incapacidad que tendrá Paraguay para ajustar las tarifas de este tipo de empresas, generalmente de origen extranjero y bajo «convenios de protección de la inversión extranjera«. En ese sentido, aventuró que es probable que cualquiera de estas compañías acabe recurriendo a la Justicia o a tribunales internacionales para evitar el incremento tarifario.
«Te llevan a un tribunal internacional en el que siempre ganan y te van a chupar la energía eléctrica a precios regalados«, lamentó el ingeniero, asegurando que los costos actuales de cobrar la energía barata a la criptominería se incrementarán exponencialmente en la medida que Paraguay deba comenzar a importarla.