La resistencia a la crisis en los barrios populares de Lima

Por Marco Teruggi. SPUTNIK. La crisis económica golpea en Perú, en particular en los sectores populares, donde existen centenares de ollas populares. Allí se organizan además ante la pandemia y frente a la crisis política que detonó este mes. Se trata de un proceso de resistencia muchas veces invisible a los grandes medios.

Las ollas populares se han multiplicado en Lima en los meses de pandemia. Se calcula que existen más de 800 en la ciudad, centralmente en las zonas más humildes. Aparecieron para hacer frente el hambre producto de la recesión económica, el cierre de la economía informal, la falta de respuesta suficiente del gobierno ante la crisis.

En el distrito de Independencia, en la parte norte de Lima, existe sesenta. Una de ellas está en la parte de Ermitaño, en la parte alta del cerro, desde donde ve la ciudad y, al fondo, el resplandor del océano Pacífico. Allí está Zoraida Vargas Manya, al frente de la olla con cerca de 40 personas más, en su gran mayoría mujeres.

«Empezamos por todo lo que estamos pasando, nos empezamos a reunir entre todas las mamitas viendo la necesidad que existe aquí en nuestro pueblo», explica Vargas Manya, mientras las vecinas cargan sacos de 50 kilos de arroz para la olla del día siguiente.

«El Gobierno había dicho que no debemos salir de casa, y así muchas personas han perdido su trabajo, muchos vivían del día a día, entonces pues ya no podían salir personas mayores, madres con hijos que anteriormente podía salir con sus hijos en la espalda para hacer su día a día». Entonces vino el hambre, y la olla.

Pidieron alimentos en todas partes: la Alcaldía, el Ministerio de Inclusión Social, organizaciones sociales. La respuesta ha sido insuficiente, afirma Vargas Manya, al frente de la olla que alimenta a 150 personas cada día de lunes a viernes. «Todos estamos pasando por la misma situación, estamos sufriendo por lo que no hay», dice.

Vargas Manya y su barrio fueron parte de las protestas cuando el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra el pasado 9 de noviembre. «No estábamos de acuerdo con la vacancia del presidente Vizcarra, una persona corrupta cómo puede vacar a otra persona», afirma, en referencia al hecho de que más de la mitad de los congresistas actuales tienen causas de corrupción.En Ermitaño tocaron cacerola, salieron a las calles, al centro de Lima. «Pensamos que los políticos están por sus intereses propios, no están pensando en nosotros, para el pueblo, eso es lo que ellos defienden, eso es lo que pienso», dice Vargas Manya. Expresa un sentimiento que parece extendido en una mayoría de la población.

Organización contra la pandemia

La organización en el distrito Independencia no solamente fue contra el hambre, también fueron creados los comités comunitarios anti-COVID. «Somos vecinos que nos hemos organizado para coordinar con los doctores de los centros de salud», explica Zulay Reinaga, que forma de uno de los ocho comités del distrito.

Los comités fueron propuestos originalmente por el Ministerio de Salud, pero, en los hechos, no tuvieron el acompañamiento necesario. «El ministerio los promocionó, pero las poblaciones los impulsaron», cuenta Rafael Almonte, médico peruano graduado en Venezuela, que dio las capacitaciones en los comités para la lucha contra el COVID-19.

Con los comités se formaron promotores de salud en los barrios, para trabajar en el nivel primario, de prevención, y así explicar a la comunidad acerca de la pandemia, cómo detectar síntomas, saber cómo abordar los casos de conjunto con los centros de salud.

La presencia de los comités ha sido necesaria, afirma Reinaga, en particular por la situación existente en los centros de salud: «Cuando hemos estado haciendo las campañas hemos visto las deficiencias del Ministerio de Salud, de la municipalidad, las limitaciones que han puesto en los centros de salud, con falta de medicinas, implementos que debía usar el personal».

Las deficiencias del sistema de salud peruano son parte central de la explicación acerca de las cifras ante la pandemia: cerca de un millón de casos, más de 35.000 fallecidos y la tasa de mortalidad más alta.

“Hemos desarrollado un sistema para ayudar a la población a raíz de que el sistema de salud está quebrado, la atención primaria no se dio desde el inicio, hubo muchas muertes porque el Estado no tuvo las medidas necesarias», señala Victoria Yépez Placencia, al frente del comité distrital anti-COVID, llamado Túpac Amaru.

Una de las prioridades fue ir «a las zonas altas, sin acceso a redes, a internet», cuenta Placencia. Allí dieron «charlas a los mismos asentamientos, con las madres, y hemos encontrado aparte de los problemas del COVID, el problema económico, el 70% de los peruanos son informales, y al haberse cerrado todo no tenían para comer, entonces se han visto en la necesidad de crear sus ollas comunes».

Los comités lograron desplegar un trabajo de organización, prevención, de algo que el doctor Almonte señala como estratégico: «Las personas se empoderan y quieran saber sobre la salud, y la salud les corresponde a todos los ciudadanos». Y, junto con eso, una victoria material inmediata: «Con la presión hemos logrado que se cree una farmacia social al lado de la municipalidad, con acceso a productos baratos».

La juventud

Erick Macías es conocido como Celta y forma parte del Colectivo Plasma. «Hacemos trabajo comunitario en los barrios, en los asentamientos, las zonas periféricas donde muchas veces no llega ni la municipalidad ni nadie, recuperamos los espacios públicos en esos barrios y los activamos con arte y cultura», cuenta.

Celta estuvo en las movilizaciones cuando el Congreso destituyó a Vizcarra y designó a Manuel Merino, que tuvo que renunciara los cinco días producto de la multitudinaria presión social.

«Fui más que todo porque debe ser un deber de cada uno ir y reclamar por las cosas que no nos parecen justas, y lo que se vio en las protestas fue el maltrato de las autoridades hacia la gente que protestaba, hicieron uso de armas, hubo heridos, asesinados».

Luego de las protestas decidieron pintar dos murales su zona, Tahuantinsuyo, parte del distrito de Independencia. Uno de ellos dice «nueva Constitución», y el otro «se metieron con la generación equivocada», con un homenaje a Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, los dos jóvenes asesinados el 14 de noviembre durante la represión policial.

Son varios colectivos juveniles en el distrito, culturales, artísticos, feministas. Existen algunas articulaciones entre ellos, aunque Celta afirma que es necesario avanzar más aún, en particular en un momento donde el papel de la juventud —la denominada generación equivocada o generación del bicentenario— se ha demostrado determinante en la política nacional.

Muchos creen que esa nueva generación tiene un rol central que jugar, como Yolinda Quiquia Saez, de la misma olla popular donde participa Zoraida Vargas Manya: «La mayor parte de los pobladores tal vez no tenemos buenos conocimientos, pero nuestros muchachos que son jóvenes están más atentos a las realidades que pasan en nuestra nación con el Congreso, con tanta corrupción, hay que darles la oportunidad».

El tiempo invisible

La resistencia social, popular, ha sido central para enfrentar la superposición de crisis: sanitaria, alimentaria, política. Quienes la encabezan han sido muchas veces invisibilizados por los grandes medios: mujeres, jóvenes, de barrios humildes, cerros construidos, por ejemplo, por quienes vinieron de zonas rurales, como Quiquia Saez, en busca de trabajo.

Allí existe un descrédito hacia los representantes políticos, las prácticas habituales de candidatos que visitan el barrio en campaña y una vez electos no aparecen más. Por eso, y centralmente por necesidad, decidieron organizarse, demandar al Estado a la vez que construir sus respuestas independientemente de la capacidad institucional, y cacerolear y salir a las calles cuando el Congreso, al destituir a Vizcarra, dio el paso que rebasó el vaso.

Las necesidades son muchas, en particular en los sectores más postergados. Las ollas no dan abasto y la situación de la pandemia amenaza con una probable segunda ola. En ese contexto el nuevo gobierno de Fernando Sagasti —gobierno de emergencia, como él mismo lo ha denominado— debe lograr dar respuestas materiales, a la vez que señales políticas que muestren que no toda la representación política actúa como piensan en ese barrio: de espalda al pueblo.

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