La soberanía indígena sobre la tierra ya es real en Bolivia, aunque de a poco

Por Sebastián Ochoa. SPUTNIK. La autonomía indígena fue incluida en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia tras una ambiciosa Asamblea Constituyente llevada a cabo en 2009. Significa que los pueblos originarios pueden legislar y decidir sobre sus territorios. Pero solo tres territorios indígenas, sobre un total de 298, han alcanzado tal soberanía hasta ahora.

Desde que se aprobó la nueva Constitución boliviana en 2009, hubo que llenar una serie de vacíos legales que quedaron respecto a la autonomía indígena. Mientras tanto, a lo largo de más de 10 años, decenas de comunidades indígenas solicitaron la debida soberanía por su territorios.

Sin embargo, la cantidad de requisitos que se deben cumplir al presentarse ante el Órgano Electoral para iniciar el trámite hacen que los procesos sean lentos, interminables. Por ello, hasta la fecha solamente tres pueblos originarios conquistaron efectivamente la autonomía de sus territorios.Los casos exitosos son Charagua y Lomerío, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra (en el oriente del país); y Raqaypampa, en Cochabamba (centro). Actualmente, decenas de los 298 territorios comunitarios de origen (TCO) se encuentran en carrera por declararse autónomos, pero enfrentan severas dificultades en el trayecto.

Los TCO se encuentran diseminados por todo el mapa boliviano. Son los territorios ancestrales donde viven los 36 pueblos reconocidos por la Constitución.

¿Qué tranca la autonomía indígena en Bolivia?

Pese a la revolucionaria y reparadora legislación boliviana, en la práctica se repite la misma historia de toda América Latina. Terratenientes, ganaderos y autoridades locales rechazan compartir con los indígenas el poder territorial que durante siglos ostentaron.

«No hay que perder de vista que la autonomía indígena es una propuesta política para la reconstitución de los territorios de los pueblos indígenas. Es algo que no se puede dejar de lado en cualquier análisis de las autonomías indígenas», resaltó a Sputnik la socióloga e investigadora Magaly Gutiérrez, quien trabaja junto a las comunidades de Charagua.

Además de las presiones de los grupos de poder locales, están los inacabables trámites burocráticos (se debe presentar hasta un Certificado de Ancestralidad). Por ello, lograr la autonomía indígenarequiere de organizaciones con solidez interna, para soportar las trabas y los embates de los sectores que rechazan la administración indígena sobre sus propios territorios.

Según el artículo 290 de la Constitución, la autonomía indígena originaria campesina «es la expresión del derecho al autogobierno como ejercicio de la autodeterminación de las naciones y los pueblos indígena originarios, y las comunidades campesinas, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias».En los siguientes artículos, se menciona que la conformación de una «entidad territorial indígena autónoma» tiene dos requisitos básicos. Primero, el pueblo indígena debe tener su territorio ancestral «consolidado», es decir contar con el título de propiedad comunitario sobre su TCO, o estar en trámite para obtenerlo. Además, tienen que expresar su voluntad mediante una consulta (por ejemplo un referéndum) realizada según usos y costumbres de cada nación originaria.

El gobierno autónomo se ejerce enmarcado en un estatuto, elaborado por las mismas comunidades indígenas. Para su aprobación, este documento debe pasar por un control de constitucionalidad.

Actualmente, decenas de TCO en toda Bolivia se encuentran en alguna de estas instancias, ya sea redactando sus estatutos o preparando el referéndum a realizar entre comunarias y comunarios.

La victoria de la nación Monkoxi

El 4 de diciembre de 2020, en Lomerío —en la región de la Chiquitanía cruceña— se reunieron 120 representantes de 20 sobre un total de 29 comunidades de la nación Monkoxi. En Asamblea Extraordinaria, declararon autónomo su territorio de 298.188 hectáreas.

En 2008, los comités cívicos de los departamentos del oriente habían tramado un fallido golpe de Estado contra Evo Morales (2006-2019), quien estaba en su primer mandato. En ese contexto, Lomerío (que era aliada del Movimiento Al Socialismo) se había declarado autónoma «de facto». En 2009, con la nueva Constitución, inició los pasos legales para recién consagrarse autónomos en este año.

«Se nos han pedido un sinnúmero de requisitos, lo cual nos hizo tardar tantos años. Cada requisito duraba hasta dos años para realizar y completar. Ahora nos falta la Declaratoria de Ancestralidad. Es el último requisito», contó a Sputnik Reina García, cacique de Comunicación de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL).

«Nueve comunidades no participaron. Pero como las 20 somos mayoría, había quorum y se aprobó la autonomía indígena», explicó.

En la CICOL, fundada en 1982, evaluaron que algunos dirigentes indígenas están bajo el influjo de terratenientes, ganaderos y otros empresarios locales, que tradicionalmente mandaron sobre esas tierras. Por ello una minoría, todavía indígena, se opone a declararse autónomos.

Los poderosos tradicionales tratan de desestabilizar a la organización porque «no les conviene que nos declaremos autónomos. Ellos quieren manejar siempre los recursos, como venían haciendo desde hacía años, hasta que fue creada la CICOL para pararse frente a estos grandes madereros y estos empresarios», relató García.

¿Cuál fue la primera autonomía indígena reconocida en Bolivia?

Ancestralmente, el pueblo Guaraní vive en donde hoy está Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia. Su territorio es el Chaco, que actualmente da nombre a esa región del sur boliviano, donde cientos de comunidades componen la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

La historia de este pueblo guerrero estuvo repleta de victorias bélicas, primero ante la corona española, luego ante el Estado republicano, a finales del siglo XIX. Su poderío en el campo de batalla recién fue doblegado en 1892, cuando el Ejército boliviano incorporó modernas ametralladoras y fusiles que regaron esa tierra con la sangre de miles de guaraníes.

El Gobierno nacional de aquel entonces entregó las tierras a familias aristocráticas, que formaron en el Chaco un sinfín de estancias, muchas de las cuales tenían entre sus miles de hectáreas una o varias comunidades guaraníes cautivas, que hasta estos tiempos proveen de peones y hasta esclavos (según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) a los acaudalados ganaderos chaqueños.

El municipio de Charagua, con 74.000 kilómetros cuadrados, es el más grande del departamento de Santa Cruz de la Sierra. Allí viven 32.000 personas, de las cuales 17.000 son del pueblo Guaraní.

En Charagua también fue fundada la APG en 1987. Y allí se realizó el primer referéndum, en 2009, para definir si al municipio se lo convertía en una autonomía indígena. Triunfó el Sí, por el 53%.

«Fue realmente una campaña de socialización y de aprobación a la conversión muy dura para la nación Guaraní. Porque la gobernación de Santa Cruz obviamente quería mantener el control territorial de Charagua. Junto a otras entidades, hicieron contracampaña para la no aprobación del municipio autónomo indígena», contó Gutiérrez, quien vivió el proceso de cerca porque en esos años trabajaba para el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), de cercano trabajo con las comunidades guaraníes.

«Recuerdo que había camiones llenos de víveres y de obsequios para las comunidades Guaraní, de modo que haya rechazo a la conversión. Sin embargo se ganó», dijo la socióloga.

En 2010 se eligieron estatuyentes, quienes se encargaron de redactar el estatuto, en consulta permanente con las 80 comunidades de Charagua. «Luego se envió ese texto al Tribunal Constitucional, para realizar el control de constitucionalidad», explicó Gutiérrez.

En ese momento trabajaban sobre un terreno nuevo, porque aún no existía ni la Ley Marco de Autonomías, aprobada en ese mismo año. «Para el Tribunal Constitucional leer el contenido del estatuto no era sencillo, porque se institucionalizaban normas y procedimientos propios, se institucionalizaban mecanismos de participación comunitario», dijo la investigadora.

El primer borrador del estatuto tuvo 21 artículos observados. Hasta que pasó el control de constitucionalidad, se hizo 2015. En ese año se hizo un nuevo referéndum, que aprobó el texto autonómico de nuevo con el 53%. En 2017 se eligieron las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales del gobierno autónomo indígena.

En 2020 se votó para cambiar a estas autoridades, tal como lo habían establecido las comunidades.

«No ha sido un proceso sencillo. Primero, porque no había antecedentes sobre cómo implementar la autonomía indígena. Prácticamente fue prueba y error», comentó Gutiérrez.

En la autonomía indígena «la sociedad civil tiene el poder de decisión, que es vinculante para la administración pública. Ese es uno de los grandes cambios que hay. La toma de decisión viene de abajo hacia arriba», dijo.

«El poder se ha redistribuido en la población. El funcionario público asume las decisiones de la población, enmarcado en las normativas nacionales», agregó Gutiérrez. Para ella, otro de los beneficios está en el control del gasto público, lo cual permite evitar casos de corrupción.

«Las rendiciones de cuentas se realizan en las propias instancias de control social. En el caso guaraní es en las asambleas. Transparentar el gasto es más tedioso, más burocrático, pero así se corta con la corrupción que muchas veces se da en las entidades públicas», sostuvo la socióloga.

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