La UE busca multar a los Estados miebros que se nieguen a acoger migrantes
RT. Los ministros del Interior de 27 países de la Unión Europea se congregan este jueves en Luxemburgo para abordar las propuestas sobre la gestión de la acogida de migrantes y de los solicitantes de asilo en el territorio del bloque comunitario.
En busca de una distribución más equitativa del flujo migratorio, que golpea a los países costeros como Italia y Grecia, que son el principal punto de entrada para los migrantes irregulares, se propondrá multar a los países miembros de la UE con hasta 22.000 euros por cada migrante que se nieguen a acoger en el marco del programa de reubicación.
Según los diplomáticos involucrados en estas negociaciones que fueron consultados por Politico, las multas que se proponen oscilan entre 10.000 y 22.000 euros, siendo las naciones como Austria y Eslovaquia las que insisten en cifras más bajas y Suecia la que busca multas más altas. Por su parte, The Guardian reportó que la sanción se fijaría en unos 20.000 euros, aunque sus fuentes se negaron a confirmar esta información y se limitaron a indicar que se presentarán «una serie de cifras».
El borrador de la propuesta de «solidaridad obligatoria», elaborado por Suecia y en circulación interna desde finales de mayo, establece que «ningún Estado miembro estará obligado a llevar a cabo las reubicaciones«.
Asimismo, todos los países de la UE tendrían que aceptar una determinada cantidad de los solicitantes de asilo o, si se niegan a hacerlo, pagar una compensación económica, que también podría incluir asistencia material. El dinero se dirigiría a un fondo central que se utilizaría para reforzar la capacidad financiera de los países que sí acojan a los migrantes.
Un diplomático consultado por The Guardian estimó las probabilidades de lograr un acuerdo durante las negociaciones en Luxemburgo como «50:50».
Polonia ya adelantó que se opone rotundamente al «esquema de reubicación obligatoria» y, según información extraoficial, va a rechazar la propuesta, percibiendo las potenciales multas de 22.000 euros como un castigo de facto y no un medio alternativo de solidaridad.
