La verdad como derecho humano.
Por Juan Carlos Espinal.
La mezcla de las funciones legales y políticas del gobierno del presidente Luis Abinader también puede verse siempre destacado por los medios de comunicación corporativos, los abogados de las oficinas de persecución judicial y los relacionadores públicos de la Participación Ciudadana.
En los gobiernos de Balaguer 1986-1990, las oficinas de abogados balagueristas desempeñaron un papel de importancia en el desarrollo de la judicialización contra el presidente Salvador J. Blanco. 1982-1986.
En la era pos COVID-19, el papel del poder judicial se ve acentuado por la presión de los medios de comunicación, la sociedad civil corporativa y la Embajada norteamericana en Santo Domingo.
La Suprema Corte de Justicia, la presidencia del Senado, el ministerio público y las instituciones del estado peremeistas combinan, en distintos grados, funciones políticas.
No cabe duda de que tal combinación resulta más notable en la estrategia reeleccionista de la Presidencia de la República.
Por cierto, que la Presidencia de la República es el único aspecto relevante que actualmente predomina en todo el sistema de persecución.
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Como líder absoluto, el Poder Ejecutivo es una invención moderna de la separación de poderes del presidencialismo libero conservador.
La Presidencia de la República continúa el modelo primitivo de sus funciones imprimiendo su personalidad para conservar su esencia.
En el caso del Poder Legislativo, se trata de elementos representativos que ejercen un poder limitado en atención al dictamen del presupuesto que otorga el Poder Ejecutivo.
La función legislativa sigue dividida entre tres instituciones distintas sub divididas en diversos estamentos políticos.
La actual división existente entre el gobierno de Luis Abinader y el PRM variará la proporción inversa de su capacidad de movilización política.
El Poder Ejecutivo tiene poco poder pero es verticalmente impositivo.
En el gobierno del cambio, la separación de poderes carece de una base institucional unitaria en perspectiva.
Es frecuente observar la dependencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo.
Para solucionar sus diferencias usualmente recurren al barrilito.
La división política del PRM y el gobierno de Luis Abinader se parece a la existente entre el gobierno de Danilo Medina y el PLD.
Y otros.
Las relaciones entre el PRM y la oposición respecto del gobierno de Danilo Medina y la oposicion a Luis Abinader tenían en común que acosaban, militarizaban y finalmente convencían a los legisladores para que les dieran la legislación que necesitaban.
La diferenciación de las estructuras administrativas especializadas también se han visto agredidas por el Poder Ejecutivo.
El establecimiento militar abarca la ocupación de las instituciones civiles en forma voluntaria o por conscripción y dirigido politicamente por un cuerpo de abogados contratados.
La división del gobierno de Luis Abinader y el PRM perpetuara la mezcla de los asuntos políticos y judiciales complicando el gobierno del cambio.
El legado de la judicialización de la política se revertirá como un elemento permanente.
Se manifiesta en un ministerio público tumultuoso instrumentalizado políticamente.
En la medida en que el predominio de los conflictos sociales y económicos se intensifiquen el Poder Ejecutivo ordenará la fase electoral.
Es importante establecer que la racionalizacion de la autoridad y la diferenciación del momento histórico actual convergen con los indicios de desestabilización hemisférica.
¿Como explicar esas diferencias politicas en momentos de crisis sanitaria?
La competencia electoral obligará al oficialismo a acrecentar el militarismo.
La falta de legitimidad popular del gobierno de Luis Abinader para imponer la reforma económica le llevará a eliminar políticamente los disidentes regionales y locales para tratar de expandir la burocracia política.
Pero, ¿ Es la ingobernabilidad el gran estímulo del gobierno del cambio?
