Ley de Áreas Protegidas de Ecuador: Un Modelo que Profundiza la Crisis Social y Ambiental.
Por Francisco Javier Valbuena RuizPresidente de la Fundación Pondera
Ecuador se encuentra en una encrucijada crítica para su futuro. El proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, presentado por el Gobierno de Daniel Noboa en junio de 2025, representa mucho más que una simple reforma administrativa: constituye una manifestación clara de un modelo económico extractivista que, lejos de solucionar los problemas estructurales del país, profundiza las desigualdades y compromete irreversiblemente el bienestar de las generaciones futuras.
La evidencia económica y científica disponible demuestra que este proyecto no solo es incapaz de generar el desarrollo económico prometido, sino que constituye una amenaza directa a la sostenibilidad económica, social y ambiental de Ecuador.
Contexto económico y crisis no resuelta
Ecuador enfrenta una crisis económica estructural que se agudizó en 2024 con una contracción del PIB del 2 %. Las proyecciones para 2025 varían significativamente: mientras el Banco Central del Ecuador proyecta un crecimiento del 2,8 %, organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial mantienen estimaciones más conservadoras del 1,7 % y 1,9 %, respectivamente. La disparidad en las proyecciones refleja la incertidumbre económica que caracteriza al país, y como bien sabemos, la incertidumbre siempre aleja a los inversores y atrae a las aves de rapiña.
La dependencia de Ecuador del petróleo —que representa el 40 % de las exportaciones y el 21,7 % de los ingresos gubernamentales— constituye una vulnerabilidad fundamental que el proyecto de ley no aborda, sino que perpetúa. Con reservas petroleras estimadas para 45 años y la presión internacional hacia la descarbonización, Ecuador enfrenta riesgos de transición que exigen una diversificación económica real, no la profundización del extractivismo.
Pobreza y la desigualdad
Los indicadores sociales revelan la magnitud del fracaso del modelo económico actual. La pobreza afecta al 26 % de la población, y en las áreas rurales esta cifra se eleva dramáticamente al 46 %. La pobreza extrema alcanza al 8,8 % de la población.
Desde una perspectiva étnica, los datos son aún más sobrecogedores. Los pueblos indígenas, que representan el 7,7 % de la población ecuatoriana (1,3 millones de personas), enfrentan una discriminación económica sistémica: los trabajadores indígenas reciben solo el 33 % del salario de los trabajadores no indígenas, y la tasa de pobreza indígena es 4,5 veces superior a la de la población no indígena. En los entornos amazónicos es donde mayor porcentaje de población indígena se concentra, siendo por ejemplo el 65 % de la población en la provincia de Napo, o el 58,6 % en Morona Santiago.
La propuesta del Gobierno ignora completamente los costes ambientales y sanitarios del modelo extractivista. La contaminación ambiental ya causa el 24 % de las muertes en Ecuador.
El proyecto permite que «el modelo de gestión de las áreas protegidas podrá optar por la gestión directa, o a través de mecanismos contractuales de intervención, administración y operación al sector privado». Esta formulación vaga oculta una privatización de facto sin garantías de inversión efectiva ni resultados de conservación.
El coste de oportunidad de la destrucción ambiental
La destrucción de ecosistemas representa una pérdida neta de capital natural. Los ecosistemas amazónicos generan servicios ecosistémicos valorados en miles de millones de dólares anuales: regulación climática, purificación de agua, polinización, control de plagas y provisión de recursos genéticos para la industria farmacéutica y biotecnológica.
La deforestación en Ecuador, que alcanza tasas anuales superiores a las 70.000 hectáreas, representa la tasa más alta de deforestación por unidad de superficie en el hemisferio occidental. Esta destrucción no solo elimina el capital natural, sino que genera costes económicos directos a través de la pérdida de servicios ecosistémicos, el aumento de la vulnerabilidad a desastres naturales y la degradación de la salud pública.
La evidencia científica demuestra que los territorios indígenas son más efectivos en la conservación de biodiversidad que las áreas protegidas estatales tradicionales. En Ecuador, los pueblos indígenas protegen ecosistemas que albergan el 12,5 % de la flora del país, incluyendo 76 especies en peligro de extinción.
Las actividades extractivas ya generan costes sanitarios enormes. Las enfermedades transmitidas por vectores como el dengue se exacerban por la destrucción de ecosistemas que alteran los patrones de transmisión. La contaminación del agua por actividades mineras y petroleras genera enfermedades gastrointestinales que aumentan el riesgo de desnutrición crónica.
Impactos del cambio climático: un futuro hipotecado
Este país es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Las proyecciones indican que, bajo el escenario actual de emisiones, el PIB per cápita podría declinar aproximadamente un 10 % anual hacia 2100 respecto a lo que sería si continúa la tendencia actual de calentamiento.
Por lo tanto, cualquier intervención que minimice este decrecimiento del 10 % es la mejor opción para lograr la mejora de las condiciones de vida de la población ecuatoriana. El proyecto de ley representa un modelo económico obsoleto que perpetúa la pobreza, profundiza las desigualdades y compromete la salud. Lejos de generar desarrollo económico, constituye una hipoteca sobre el futuro del país.
Las evidencias económicas contra el proyecto
-
No genera diversificación económica real: mantiene la dependencia del extractivismo sin desarrollar sectores económicos alternativos.
-
Profundiza las desigualdades existentes: ignora completamente a los pueblos indígenas, quienes ya enfrentan una marginación económica sistemática.
-
Genera costes ambientales y sanitarios enormes: los costes de la contaminación y degradación ambiental superan los supuestos beneficios económicos de corto plazo.
-
Viola marcos legales nacionales e internacionales: las violaciones a derechos constitucionales generan riesgos legales y reputacionales que ahuyentan la inversión responsable.
-
Destruye capital natural irreemplazable: la pérdida de servicios ecosistémicos representa una descapitalización de la economía nacional.
La verdadera recuperación económica del Ecuador vendrá del desarrollo de un modelo económico que reconozca que la prosperidad humana depende fundamentalmente de ecosistemas saludables y sociedades justas.
La elección es clara: continuar por el sendero del extractivismo que ha demostrado generar pobreza, desigualdad y degradación ambiental, o construir un modelo económico verdaderamente sostenible que garantice la salud planetaria y el bienestar de todas las personas que habitan el territorio ecuatoriano.
El tiempo para esta transición se agota, y cada día de demora representa costes económicos, sociales y ambientales que las generaciones futuras no podrán asumir. Hay alternativas, hay soluciones y vías más adecuadas.
Miremos a los ojos a nuestros hijos, nietos y jóvenes, y digámosles si les queremos dejar un futuro o solamente optamos por un posible retorno a corto plazo, que en cualquier caso no está garantizado. La historia, nuestros jóvenes, nietos e hijos, nos juzgarán.
EFE VERDE
