Panamá en vilo por la decisión de la Justica sobre el contrato minero que llevó al estallido social
RT. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá analiza este viernes en sesión permanente si declara o no inconstitucional el controvertido contrato entre el Estado y una minera canadiense, que ha generado las mayores protestas en décadas y pérdidas millonarias.
Desde hace días, grupos de manifestantes acampan frente a la CSJ en un intento de presionar a los magistrados, que tienen en su manos fallar a favor de la sociedad y poner fin a la crisis interna.
El 20 de octubre, el Gobierno de Laurentino Cortizo firmó la Ley 406, que renovó por 20 años el contrato entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals, que le permite explotar una mina de cobre a cielo abierto en el ecosistema del bosque de Donoso, en la provincia de Colón.
La medida fue ampliamente rechazada en las calles. Los manifestantes consideran que es una amenaza para la biodiversidad del país y denuncian que la Ley 106 no supera las fallas que motivaron a la Corte Suprema de Justicia, en 2017, a declarar inconstitucional una iniciativa previa.
En medio de las protestas, Minera Panamá, que el lunes anunció la posible suspensión temporal de sus operaciones, pidió a la Corte desestimar los recursos porque alega que el contrato no es inconstitucional. También asegura que existe una «presión política para fallar a favor de los demandantes».
«Vende la patria»
No obstante, los manifestantes consideran que el contrato sí es inconstitucional, «vende la patria», atenta contra los intereses soberanos y pone en riesgo los bosques tropicales.
Las protestas -donde los ánimos se crisparon con el asesinato de dos manifestantes- mantienen el país semiparalizado. El consultor laboral René Quevedo recordó a La Estrella de Panamá que el 70 % de los empleos son presenciales y que las restricciones de movilidad pueden provocar desempleo de manera inmediata.
Según el especialista, durante este mes «se produjo un 10 % de la micro, pequeña y mediana empresa, y el cese de 15.000 empleos temporales en los centros comerciales», por lo que calcula que se terminarán perdiendo 50.000 puestos de trabajo.
