Panamá: Organizaciones gremiales firman retorno a clases tras más de 70 días de paro
Veintiún organizaciones gremiales firmaron este viernes la “Declaración de Principios por la Educación y por el Retorno Inmediato e Ininterrumpido a Clases”, en un acto celebrado en el Palacio de las Garzas de Panamá.
El acuerdo busca garantizar la reanudación de las actividades educativas en todos los niveles, tras más de 75 días de interrupciones.
La firma del documento contó con la presencia de Gabriel Diez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Lucy Molinar, ministra de Educación; y Jorge Herrera, diputado presidente de la Asamblea Nacional.
Vale acotar que cuatro organizaciones aún no han suscrito el acuerdo, ya que se encuentran en proceso de consulta con sus respectivas bases.
El texto establece diez compromisos clave, entre ellos el retorno inmediato a clases, la mejora de condiciones en los centros educativos, la capacitación docente continua y el acceso equitativo a recursos. También se contempla la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de programas educativos y la evaluación periódica de la infraestructura escolar.
Una de las demandas centrales proviene de las bases de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVe), que exigen “el regreso para todos los destituidos, reemplazados y el cese de represalias para los dirigentes”. Esta solicitud se mantiene como condición para el respaldo total al acuerdo por parte de ese gremio.
Durante el acto, se destacó el papel de la Asamblea Nacional en la articulación del consenso. En ese sentido, vale resaltar que la Asamblea logró en 11 días lo que el Gobierno de José Raúl Mulino no logró por sí mismo en más de 75 días.
La declaración fue suscrita por representantes del Ministerio de Educación, gremios estudiantiles, la Junta Nacional de Escrutinio, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP). El objetivo común es garantizar una educación continua, de calidad y libre de interrupciones, en un contexto marcado por tensiones entre el Ejecutivo y los sectores educativos.
El acuerdo también contempla mecanismos de evaluación para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos, así como el desarrollo conjunto de iniciativas que fortalezcan el sistema educativo panameño.
Durante más de 12 semanas, el sistema educativo panameño enfrentó una paralización provocada por el rechazo gremial a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social. Esta ley fue considerada por docentes y organizaciones sociales como una amenaza a derechos laborales y sociales, lo que derivó en protestas masivas y suspensión de clases.
El Ministerio de Educación (Meduca) intentó sin éxito negociar con los gremios durante más de 75 días. En ese periodo, se reportaron medidas coercitivas, como visitas domiciliarias para notificar despidos a docentes en huelga, lo que fue denunciado por dirigentes como Diógenes Sánchez. La situación generó tensiones entre el Ejecutivo y los gremios, que exigían garantías como el cese de represalias y la reincorporación de docentes destituidos.
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