Pandemia en América Latina: sin agua, sin luz y destruyendo la biodiversidad

Por Alfredo Zaiat. Sputnik. Pasados diez meses del inicio de la pandemia, se conocen los impactos fulminantes que ha provocado esta crisis a escala global. En cambio, no se ha avanzado en evaluaciones acerca del acceso y distribución de los recursos naturales como factores relevantes en la expansión de los contagios por COVID-19.

¿Cómo se da ese vínculo en América Latina y el Caribe, la región epicentro de contagios y muertes por coronavirus y también de las mayores caídas del Producto Interno Bruto (PIB)?

La mayoría de los países tienen una elevada dependencia de recursos naturales, fundamentalmente como fuente de ingresos por exportaciones. Es una zona geográfica muy rica pero con marcadas desigualdades, lo cual quedó más en evidencia en estos meses puesto el rol clave de los recursos naturales y los servicios asociaciones a ellos en la lucha contra el virus.

Por ejemplo, el agua, la electricidad y los alimentos.

Esenciales

Estos son recursos fundamentales para el control de la crisis. Pero también hay otros que fueron impactados por la caída de la economíainternacional, como el petróleo y los minerales.

Un reciente estudio de la CEPAL El rol de los recursos naturales ante la pandemia por el COVID-19 en América Latina y el Caribe analiza el acceso a estos recursos esenciales como un factor determinante de la dimensión de la pandemia en la región:

  • El acceso al agua potable es clave para el lavado de manos, una de las principales medidas para evitar el crecimiento de los contagios.
  • La energía y la electricidad son indispensables para garantizar el suministro de agua y las condiciones de habitabilidad de los hogares.
  • La actividad agrícola es la base para el mantenimiento de la seguridad alimentaria.

El COVID-19 es una enfermedad zoonótica (de transmisión de animales a humanos) pero que se ha propagado de humanos a humanos con mucha facilidad por el elevado hacinamiento y conectividad de la estructura social latinoamericana.

Biodiversidad

Una parte del problema de las enfermedades zoonóticas, al que hasta ahora no se ha prestado mucha atención, radica en que se siguen desplazando las fronteras agrícolas naturales, así como fragmentando, destruyendo y degradando los ecosistemas que tienen la capacidad de «controlar» la propagación de enfermedades.

Nicole Gottdenker escribió Cambio antropogénico del uso de la tierra y enfermedades infecciosas: una revisión de la evidencia, investigación que concluye que «los seres humanos han alterado los ecosistemas en todo el mundo, y es importante comprender cómo este cambio en el uso de la tierra afecta la transmisión de enfermedades infecciosas en seres humanos y animales».

Menciona que en todos los estudios que exploran las causas de la propagación de enfermedades zoonóticas, el cambio de uso de suelo es la mayor.Una alta diversidad de especies, característica de los ecosistemas sanos, regula la abundancia de aquellas que actúan como reservorios primarios de virus, lo que reduce la transmisión de patógenos.

Gottdenker apunta que «la evidencia apunta a que la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos es necesaria para proteger la salud humana directa e indirectamente».

Caída de precios

Las medidas para frenar el avance del COVID-19 han tenido efectos sobre los recursos naturales y han producido profundos impactos que afectan a las economías de la región y, en consecuencia, a los sectores sociales más vulnerables.

El informe Commodity Markets Outlook (Perspectivas de los mercados de productos básicos) del Banco Mundial asegura que la conmoción económica mundial por la pandemia ha hecho bajar a la mayoría de los precios de  productos básicos.

El impacto ha sido contundente:

  • Disminuyeron los precios globales de los combustibles fósiles, minerales y productos agropecuarios de exportación.
  • Hubo una caída de la demanda energética.
  • Se redujo la rentabilidad de las empresas.
  • Bajaron ingresos fiscales de los países.
  • Se debilitaron las divisas regionales.

Todo ello derivó en el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, en un contexto en el que el número de contagiados por el virus sigue aumentando y cuyo pico aún es incierto.

Agenda

El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030 definidos por las Naciones Unidos está, de ese modo, seriamente dificultado por esos impactos negativos.

Vale recordar que, en 2015, la ONU aprobó la Agenda sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un camino para mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.

La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

La pandemia está poniendo en jaque algunos de los siguientes objetivos vinculados con la gestión de los recursos naturales:

  • El ODS 6: garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
  • El ODS 7: garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
  • El ODS 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
  • El ODS 14: conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.
  • El ODS 15: gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.

Por esas razones, la CEPAL propone que «las medidas de recuperación pospandemia deberán enfocarse fuertemente en reducir la vulnerabilidad social y ambiental en el mediano y largo plazo, y así disminuir el riesgo de sufrir impactos tan profundos como los actuales ante futuros escenarios complejos».

Agua potable y electricidad

Una de las situaciones más críticas que vive gran parte de la población latinoamericana en relación a las medidas de prevención es el limitado acceso a dos recursos naturales clave: agua y electricidad.

La higiene personal y familiar junto al distanciamiento social son las principales medidas implementadas por la mayoría de los países de la región para frenar el avance del COVID-19.Entonces el adecuado acceso al agua potable y a la electricidad resulta indispensables. Sin embargo, la inequidad en el acceso a estos servicios ha profundizado el impacto de la crisis principalmente en las personas más vulnerables.

Cumplir medidas como la cuarentena obligatoria se complejiza en hogares sin acceso o con intermitencia en el servicio de agua y/o electricidad.

La base de datos en línea del Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene registra que el 26% de la población de América Latina y el Caribe (166 millones de personas) no tiene acceso adecuado a agua potable y, por lo tanto, no disponen de agua de calidad para el consumo humano en todo momento, o bien, que proceda de una fuente ubicada dentro de la vivienda familiar. Este porcentaje asciende al 58% para la población rural.

Por otro lado, esa misma base de datos revela que el 80% de la población se concentra en grandes ciudades, por lo que la interacción social que ello implica, conlleva además a un aumento del riesgo de contagios, sobre todo en las zonas con mayor densidad de población, que generalmente son las más frágiles.

Pese a que la vulnerabilidad de las poblaciones rurales es mayor si consideramos el acceso a servicios de agua potable de calidad, lo cierto es que, en términos absolutos, la cantidad de personas sin acceso a instalaciones en sus viviendas para el lavado de manos en ciudades es alarmante: más de 9 millones de personas en Colombia, casi 5 millones en Bolivia y al menos 2 millones de personas en México.El informe de la CEPAL destaca que el porcentaje del gasto familiar total que los quintiles de población más pobres de América Latina y el Caribe destinan al pago del servicio de agua potable, duplica el del gasto asumido por los quintiles más ricos.

El Estado

En este contexto de elevada vulnerabilidad, el Estado debe asumir el rol de garante de los servicios básicos de agua y energía, y en especial privilegiando a los grupos sociales postergados

Como se sabe, el Estado juega un papel central para impulsar las políticas públicas relacionadas con el suministro de servicios básicos, al desarrollar sistemas de subsidios para el pago de las facturas de los hogares pobres.

Además tiene la facultad de regulación para que, en caso de que existan empresas privadas proveedoras, asegurar la continuidad del suministro aunque haya mora en las facturas a pagar.

Esta es una medida básica de equidad porque la pandemia está provocando una pérdida masiva de empleos y, por lo tanto, la imposibilidad de muchos hogares de asumir los pagos por servicios básicos.

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