Perú libera 39 aves afectadas por derrame de crudo en el norte de Lima
END. Las autoridades ambientales de Perú liberaron este jueves un primer grupo de 39 aves, entre piqueros y gaviotas, que se vieron afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en una refinería operada por Repsol en el norte de Lima.
Según informó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario, la liberación se dio en una playa del sur de la capital peruana y fue posible tras un proceso de atención y rehabilitación de las aves, que hace un mes y medio se hallaron con un alto grado de deshidratación y manchadas de petróleo.
Se trata de tres especies, en concreto de cuatro gaviotas peruanas (Larus belcheri), cuatro gaviotas de Franklin (Leucophaeus pipixcan) y 31 piqueros peruanos (Sula variegata).
“Para el proceso de liberación se verificó que las aves estén aptas, es decir, que tengan un peso adecuado que estén hidratadas y que su comportamiento sea el de su misma especie. Asimismo, se descartaron enfermedades y se verificó que hayan recuperado la impermeabilidad”, detalló el Serfor en un comunicado.
A principios de mes el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) informó que habían recuperado 349 aves halladas muertas en el ámbito de la Zona Reservada Ancón y los Islotes Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.
De igual manera el equipo de rescate de fauna silvestre encontró 78 aves en estas áreas naturales protegidas, que fueron trasladadas y entregadas al Serfor para su atención veterinaria y posterior recuperación.
MÁS DE 20 PLAYAS LISTAS
Por su parte, Repsol informó el martes a través de un comunicado que a la fecha ya son 21 las playas limpias de crudo listas para el monitoreo correspondiente, previo a la reapertura de uso público.
Actualmente la empresa se encuentra en la fase final de limpieza, concentrando todos los esfuerzos en las zonas rocosas y de difícil acceso, priorizando la seguridad de las personas”, sostuvo la transnacional.
Agregó que se están terminando los análisis de más de 1,400 muestras tomadas en agua, suelos y sedimentos, cuyos resultados darán detalles sobre el estado del agua y del fondo marino.
A inicios de marzo Repsol informó que registraba un 89% de avance en su cronograma de limpieza y acciones de primera repuesta frente al derrame.
En paralelo, la empresa firmó un acuerdo con el gobierno peruano mediante el cual se comprometió a entregar 3,000 soles (unos 805 dólares) como anticipo de indemnización a los pescadores y comerciantes afectados por el vertido de crudo.
16 MILLONES DE DÓLARES EN MULTAS
Hasta la fecha, el organismo público encargado de la fiscalización ambiental ha iniciado varios procedimientos administrativos sancionadores contra Repsol, cuyas multas podrían superar los 15,9 millones de dólares por diversas infracciones.
El último se inició hace quince días “por la supuesta remisión de información falsa” en el reporte preliminar sobre el derrame, que se esparció a lo largo de unos 50 kilómetros de costa, desde Ventanilla, en el Callao, hasta la ciudad de Chancay, en el norte del departamento de Lima, afectando 11,9 kilómetros cuadrados entre playas y agua.
El vertido ocurrió el 15 de enero cuando el buque italiano Mare Doricum descargaba combustible a las tuberías submarinas de la refinería La Pampilla, que opera Repsol en el municipio de Ventanilla, en la provincia limeña del Callao.
En un primer momento, Repsol reportó que se trataba de una fuga de 0,16 barriles (unos 25 litros) y que había sido causada por el “oleaje anómalo” producido por una erupción volcánica en Tonga.
Pero, tres días después, la empresa elevó esa cifra a 6.000 barriles, aunque finalmente calculó que habrían sido 10,400, aún menos de los 11,900 que estima el gobierno peruano (1,9 millones de litros).
Tras el derrame un juez ordenó el impedimento de salida del país durante 18 meses a cuatro directivos de Repsol, entre ellos su director ejecutivo en Perú, Jaime Fernández Cuesta, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de contaminación ambiental.
