Polémica en Francia por el proyecto de ‘Ley Mordaza’ que prevé cárcel y multas por la difusión de imágenes de policías

RT. El proyecto de Ley de Seguridad Global debatido esta semana en la Asamblea Nacional francesa está concitando numerosas críticas desde diversos sectores de la sociedad.

Sindicatos de periodistas y organizaciones como la Liga de Derechos Humanos, Reporteros sin Fronteras o Amnistía Internacional ya han expresado su rechazo a esta iniciativa legislativa del Gobierno de Emmanuel Macron, al considerar que lesiona derechos fundamentales como la libertad de información.

La norma, que ya recibe entre sus detractores el sobrenombre de ‘Ley Mordaza’, contempla asimismo penas de un año de cárcel y una multa de 45.000 euros para quienes incurran en esta infracción.

Advertencia de la ONU

Tras examinar el texto, tres relatores independientes de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertaron al Ejecutivo francés, en vísperas del debate parlamentario, de los riesgos que implica la futura ley.

En su informe, redactado el pasado 12 de noviembre, recuerdan a los legisladores galos que «la publicación de imágenes y grabaciones de intervenciones policiales no solo son esenciales para el respeto del derecho a la información, sino que también son legítimas en el contexto del control democrático de las instituciones públicas».

Asimismo, señalan que la ausencia de estas imágenes y su libre difusión «podría impedir que se documentaran posibles abusos del uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes durante las manifestaciones públicas».

Davy Rodríguez, director de la Dialéctica Nacional, señaló, en entrevista con RT, que «grabar las intervenciones y las interpelaciones eran una posibilidad para los ciudadanos de protegerse ante un sistema que no sanciona, realmente, los abusos de la policía».

El Gobierno replanteará la propuesta

Desde el Ejecutivo francés justifican el texto de la normativa aduciendo su intención de proteger a los miembros de las fuerzas del orden de eventuales agresiones, y aseguran que no pretenden limitar el derecho a la información.

No obstante, ante la oleada de críticas, el ministro del Interior ha prometido «retocar» el artículo 24 para proteger el derecho a la información, mediante la inclusión de una mención explícita al «interés legítimo del público a ser informado«, según informó este jueves el diario Le Monde.

Por ahora, su promesa no ha calmado los ánimos y los sindicatos de periodistas han convocado para este sábado una jornada de movilización que esperan extender por toda Francia.

Disturbios en París

Las manifestaciones contra la ‘Ley Mordaza’ francesa derivaron este martes en disturbios, registrados en su mayor parte en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, cerca del centro de la capital francesa.

La Policía recurrió al uso de cañones de agua y de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, entre los que había un gran número de jóvenes a los que los agentes acusaron de estar dañando el mobiliario urbano.

También se celebraron manifestaciones de protesta en otras ciudades francesas como Burdeos, Lyon, Grenoble o Marsella.

Ley similar en España recién examinada por el Tribunal Constitucional

Las protestas en Francia coinciden con el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional de España sobre una Ley que establece limitaciones parecidas en el país ibérico.

Allí los magistrados han desestimado la mayoría de las impugnaciones interpuestas por un centenar de diputados del PSOE y otras formaciones españolas de izquierdas, que cuestionaron la validez constitucional de varios artículos de esta Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, en vigor desde 2015, y que también recibe el calificativo de ‘Ley Mordaza’ entre sus detractores.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional español sí ha detectado un elemento inconstitucional en el artículo 36.23 de la ley, que prevé como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En concreto, los jueces anulan el inciso «no autorizado» en el texto de ese artículo, porque consideran que la necesidad de autorización es anticonstitucional, al implicar una forma de censura previa.

En cualquier caso, difundir imágenes o datos identificativos de agentes de policía en España puede seguir siendo sancionable, pero solo cuando «ponga en peligro la seguridad personal de los agentes» o de sus familias, o el éxito de una operación policial.

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