¿Por qué tantas pensiones aprobadas cuyos beneficiarios no las han activado?

Luis Holguín Veras

Desatendidos por sus familiares, algunos sin familiares conocidos, solo reciben apoyo de sus vecinos que, como samaritanos, los alimentan, higienizan y atienden como pueden sus necesidades médicas.

El director general de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado señala con orgullo la cantidad de pensiones que están aprobadas y cuyos beneficiarios no las han activado. No explica el licenciado Juan Rosa qué han hecho y qué harán desde la entidad que dirige para lograr que estas 15,018 personas a quienes se les aprobó una pensión, las activen y formalicen su inclusión a nóminas.

Sería interesante que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) realice un acercamiento con estas personas beneficiarias para conocer las razones por las que no han activado las pensiones que les fueron aprobadas.

Ojalá que la DGJP asuma un papel más proactivo con los pensionados, aún sea realizando alianzas con otras instituciones públicas que ofrecen o podrían impulsar programas para las personas de la tercera edad, incluyendo ahí a las personas pensionadas.

VEAMOS ALGUNAS DE LAS RAZONES POR LAS QUE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS NO ACTIVAN LAS PENSIONES QUE LES HAN SIDO APROBADAS:

Muchos beneficiarios no se han enterado.

La DGJP no ha hecho la tarea de ubicar a los beneficiarios y contactarlos para informarles que tienen una pensión aprobada y explicarles qué deben hacer para activarla.

Esto ocurre, a pesar de que la DGJP y las instituciones involucradas en la tramitación de dicha pensión tienen información personal de estos beneficiarios, que bien podrían ubicarles y contactarlos.

La DGJP debe evitar caer en un error fatal en los servicios públicos que es el de “asumir que el ciudadano es quien está necesitado y tiene que venir y ponerse donde el funcionario le vea”.

 

Pensionarse le reduce su ya insuficiente salario.

A muchos la pensión aprobada les representa una reducción de su ingreso, con lo que no podrían subsistir, tienen que continuar trabajando, rogándole a Dios que el Gobierno aumente el salario mínimo para poder activar la pensión y dejar de asistir al trabajo, ahorrándose los gastos por concepto de transporte, vestimenta y alimentación en que incurren al seguir activos en el trabajo.

 

Siguen trabajando para no perder el Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo.

Al activar la pensión se pierde el Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo que les confiere la Ley 87-01 y que en la actualidad se le sigue negando a las personas pensionadas.

Para las personas envejecientes contar con un seguro médico de mejor cobertura es de un valor incalculable, por eso al momento de decidir aceptar la pensión que se le ha aprobado, tiene que sopesar muy bien si deja de trabajar y pierde el Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo que disfruta como empleado activo.

Muchos, además de perder el Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo, pierden el Seguro Complementario que la institución le provee a sus empleados activos, lo que empeora aún más la penosa situación que le espera al que se pensiona.

 

Muchos no tienen ninguna opción para ocupar el tiempo.

Las personas envejecientes que se pensionan no tienen ofertas de actividades en donde se les acoja y ofrezcan actividades recreativas o de servicio en las que puedan ocupar su tiempo, no sólo entreteniéndose, sino siendo útiles para otros, sintiéndose ser parte de un grupo y recibiendo reconocimientos por sus aportes.

Personas que, por más de 20, 30 o 35 años, han asistido a sus trabajos de lunes a viernes, no tienen opción de qué hacer con ese tiempo luego que se jubilen y pensionen.  Muchos optan por buscar otros trabajos aún en condiciones precarias, simplemente para ganar un dinero extra o para no quedarse en la casa sin hacer nada.

 

Muchos beneficiarios de estas pensiones están incapacitados.

Desatendidos por sus familiares, algunos sin familiares conocidos, solo reciben apoyo de sus vecinos que, como samaritanos, los alimentan, higienizan y atienden como pueden sus necesidades médicas.  Subsisten con grandes precariedades, olvidados por un Estado incapaz de honrar a los servidores públicos que honestamente le sirvieron en su vida laboral, sin recibir en consecuencia, el apoyo que el Estado debería garantizarles.

 

¿Qué podría hacer la DGJP para que más personas activen la pensión que tienen aprobada?

La DGJP puede usar la flotilla de vehículos que adquirió hace un tiempo para salir a ubicar y visitar a estas personas para informarles que tienen una pensión y orientarlos sobre los pasos que tienen que dar, estableciendo en los casos de personas con incapacidad, apoyarles en los procesos para designar un tutor que les asista.

Hacer alianza con otras instituciones públicas para ofrecer facilidades a los pensionados a su cargo, como podrían ser con el Consejo Nacional de Personas Envejecientes (CONAPE), con el Servicio Nacional de Salud (SENASA), el Ministerio de Deportes y Recreación, el Ministerio de Cultura, entre otras.

Podría hacer un estudio, con el apoyo del Banco Central o del Sistema Único de Beneficiarios, sobre la Calidad de Vida de las personas pensionadas.

Solicitar el aumento del salario mínimo del sector público para que las personas pensionadas puedan tener acceso a una pensión digna.

Solicitar la modificación del límite de los ocho salarios mínimos instituido por la Ley 379-81, que no es aplicado por al menos nueve instituciones públicas, para que sea aplicado a todos los servidores públicos.

Promover procesos de capacitación de Preparación para el Retiro que se ofrezca a todos los servidores públicos, sin importar su edad, para que planifiquen su jubilación y pensión, de forma que puedan disfrutar de mejor calidad de vida al término de su vida laboral.

Los servidores públicos, salvo algunas pocas excepciones, cuando se pensionan son desconectados totalmente por las instituciones donde laboraron, quienes se desentienden totalmente de ellos. Mientras, la DGJP entiende que su principal o única responsabilidad es la gestión de los pagos de las pensiones.

El Estado dominicano debe asegurar que las personas pensionadas de las instituciones públicas tengan un doliente, tengan una institución que los proteja, los defienda y promueva para ellas una oferta que además de asegurarles una cobertura justa de sus necesidades, pueda proveerles un acompañamiento que les dignifique y mejore su calidad de vida.