Pozos inseguros: Sin acueducto ni planta de tratamiento Verón busca agua en subsuelo dudoso

En Verón-Punta Cana, una localidad turística que experimenta un crecimiento y expansión a un ritmo bastante acelerado, cientos de familias, negocios y pequeños desarrollos urbanos dependen de pozos tubulares para satisfacer su necesidad más básica, que es el acceso al agua potable.

Los pozos tubulares, perforados por doquier, sin control ni supervisión técnica rigurosa, representan la única fuente de agua para miles de residentes. Detrás de esta irregularidad se esconde una amenaza invisible pero peligrosa para la salud humana: la contaminación del subsuelo por infiltraciones de aguas residuales, residuos sólidos mal gestionados, sustancias químicas y metales pesados.

En muchos casos, estas aguas son utilizadas sin tratamiento previo, lo que incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales, infecciones dérmicas y otros males que afectan especialmente a los sectores más vulnerables.

La práctica generalizada es perforar pozos e improvisar lo que el Estado aún no le ha construido a esta comunidad: un acueducto múltiple y un sistema de alcantarillado integral ajustado a la realidad de una comunidad en constante crecimiento poblacional.

La población de Verón-Punta Cana, según el censo de 2022, es de 138,919 habitantes. Para el censo del 2012 la población de Verón-Punta Cana, perteneciente a Higüey, provincia La Altagracia, era de 43 mil 982 individuos. El crecimiento sociodemográfico de Bávaro y Punta Cana ha sido impulsado por el turismo, la inversión y la migración.

¿Un mal necesario?

“En Verón no hay acueducto, y eso obliga a la gente a buscar el agua como pueda”, admite Jochi Echavarría, director de la Unidad de Gestión Ambiental (UGAM) del Ayuntamiento. Cientos de familias dependen de pozos excavados sin planificación ni control técnico, en un territorio donde conviven la expansión inmobiliaria, el turismo masivo y una infraestructura urbana deficiente.

“El tema de las aguas negras es un gran problema en la zona, especialmente en Bávaro y Punta Cana, porque no existe un sistema de recolección ni un sistema de alcantarillado sanitario para tratar las aguas residuales. No hay acueducto en toda el área, y eso representa un serio inconveniente”, añade Echavarría.

Muy consciente de su razonamiento, admite que “aunque uno a veces no esté de acuerdo, hay que otorgar permisos para la construcción de pozos tubulares y la extracción de agua”.

Dijo que en el caso de los pozos filtrantes hace un tiempo que desde la UGAM no están dando permisos para su construcción. Uno de los puntos más críticos de este problema sanitario y ambiental identificado por la UGAM está en la zona de El Cortecito, en Bávaro.

En esa área, cuando se construyeron los primeros hoteles, se creó un talud de caliche paralelo a la costa para levantar los proyectos. Ese talud hoy funciona como una especie de muro de contención que impide que las aguas pluviales lleguen al mar, acumulándose en la zona. Por eso insistimos en exigir plantas de tratamiento acordes con la capacidad de descarga”, puntualiza Echavarría.

Señala que otro problema grave es que se construyen proyectos por etapas. “Por ejemplo, hacen una primera etapa de 50 habitaciones con una planta de tratamiento para esas 50. Luego, en una segunda etapa, suman otras 50 habitaciones, pero siguen usando la misma planta inicial. Esto provoca el colapso de esas plantas, derrames y, por consiguiente, la contaminación del subsuelo”, cuestiona el experto ambientalista.

Reconfirmación del problema

Ese escenario no es nuevo. Un estudio realizado por la Fundación Grupo Puntacana y la Universidad de Virginia Tech, entre 2009 y 2012, determinó que el 80 por ciento de los pozos de abastecimiento de agua doméstica de Verón están contaminados por coliformes totales y Escherichia coli (E. coli).

De 46 pozos muestreados, 43 resultaron positivos para coliformes totales, mientras que el 30% dio positivo a la E. coli. Los sectores donde se detectaron más pozos contaminados fueron Las Dos Jardas, Cristinita y Villa La Fe.

Pero ahora el problema es oficialmente reconocido en el “Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reúso para la Zona de Punta Cana–Bávaro (DR-L1172)”. Se trata del levantamiento más reciente elaborado por el Gobierno dominicano, a través del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este documento es una radiografía del rezago estructural que arrastra la zona turística, y de los riesgos sanitarios y ambientales que esa carencia conlleva.

El diagnóstico contenido en el estudio apunta a que gran parte de la población de Punta Cana–Verón no cuenta con redes públicas de distribución de agua potable ni con sistemas de alcantarillado sanitario. Esto ha obligado a los residentes a depender de sistemas individuales de captación de agua subterránea y de manejo doméstico de excretas, en condiciones que el propio documento considera “precarias”.

Aunque el estudio no cuantifica la cantidad exacta de pozos perforados ni entra en detalles sobre su calidad microbiológica, datos ofrecidos por la UGAM afirman que alrededor del 65% de las viviendas utilizan ese recurso, “dada la falta de un acueducto funcional, lo cual ha llevado a una disminución crítica en los niveles de agua subterránea”.

Lo que sí establece el “Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reúso para la Zona de Punta Cana–Bávaro es que la ausencia de regulación y supervisión genera una alta vulnerabilidad en cuanto a la seguridad sanitaria del agua extraída.

En otras palabras, se trata de un esquema informal y extendido que carece de garantías de calidad, sostenibilidad y eficiencia. “El servicio no garantiza la calidad del agua ni su continuidad. Tampoco permite una gestión integrada del recurso, ni la protección del acuífero frente a la sobreexplotación o la contaminación,” advierte el programa en sus consideraciones técnicas.

La contaminación de los mantos acuíferos también tiene otro nombre bien definido en esta localidad turística, y es la producción de residuos sólidos en grandes cantidades, agravada por botadores improvisados de basura o el manejo inadecuado de la misma.

Esta comunidad, según datos de las autoridades municipales locales, produce más de 580 toneladas de basura al día. Desde Ecoservices, una empresa especializada en gestión ambiental sostenible, siguen de cerca este ingrediente adicional del problema.

“Los vertederos improvisados y la disposición inadecuada de residuos sólidos generan lixiviados altamente contaminantes, cargados de metales pesados, materia orgánica y patógenos. En suelos como los de Verón, estos líquidos penetran con facilidad hacia los acuíferos”, señala Felipe Beltrán, director ejecutivo de la firma.

La falta de puntos limpios, rutas de recolección eficientes y conciencia ciudadana complica aún más el panorama. “Hemos identificado áreas críticas donde residuos y lixiviados están muy cerca de zonas de captación de agua. A pesar de algunas buenas prácticas en el sector privado turístico, la fiscalización aún es débil y muchas autoridades carecen de recursos técnicos y voluntad política”, concluye Beltrán.

Lo dicho por el directivo de Ecoservices, sobre deficiencias en la fiscalización del problema, queda ratificado en las explicaciones que ofrece el doctor Luis José Payán Caraballo, coordinador provincial de Salud Ambiental en La Altagracia.

Este funcionario de Salud Pública afirma que no existe una coordinación estructurada entre las instituciones para planificar acciones conjuntas de prevención o monitoreo del agua subterránea.

Dijo que si encuentran un foco de contaminación, lo que hacen es notificarlo a la entidad responsable, “pero no hay una coordinación planificada entre Medio Ambiente, Salud Pública e Inapa (Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado)”, indicó Payán Caraballo.

Aunque la entidad que dirige necesita de registros científicos para la toma de decisiones y ejecutar acciones preventivas, el ejecutivo de Salud Ambiental admite que no maneja datos relativos al impacto que pueda tener el consumo de agua extraída del subsuelo sin ser sometida a exámenes rigurosos.

“No tenemos reportes específicos de enfermedades causadas por el consumo de agua contaminada en Verón, porque esos casos llegan a consultas privadas o centros de salud donde no manejamos la data”, confiesa Payán Caraballo.

Sin embargo, está consciente del peligro que implica para la salud de la gente el consumo del agua de este subsuelo. “Esta es un agua subterránea que no recomendamos para consumo, al menos que no sea analizada,
y que pase por un proceso de tratamiento para el consumo humano. Hay que tener mucho cuidado al ingerir este tipo de agua”, advierte.

Aunque todo parece indiciar que a Salud Ambiental en La Altagracia se le hace difícil conseguir información estadística de enfermedades derivadas del consumo del agua subterránea en Verón-Punta Cana, Panorama sí pudo. Datos ofrecidos por los directivos del Hospital Municipal de Verón señalan que de enero a julio se atendieron 183 pacientes diagnosticados con gastroenteritis y 189 mujeres con cuadros clínicos asociados a flujo vaginal.

Desde la Unidad de Atención Primaria (UNAP) de Verón, el director de este centro, el doctor Joseph Amarante, también reporta un patrón constante de enfermedades gastrointestinales. “En abril tuvimos 28 casos de gastroenteritis, en mayo 24 y en junio 18”, dijo Amarante.

Saneamiento ausente, riesgo presente

La otra cara del problema es el saneamiento. En la mayoría de los sectores de Verón y comunidades cercanas, las aguas residuales son manejadas mediante pozos filtrantes, letrinas o pequeñas fosas sépticas, sin tratamiento ni control de infiltraciones al subsuelo.

Esta condición, señala el estudio citado, impide proteger el acuífero y representa un serio obstáculo para la sostenibilidad ambiental de la zona.

El documento facilitado a Panorama no oculta el nivel de urgencia. Entre los objetivos estratégicos del programa figura reducir la dependencia de estos sistemas aislados e informales mediante la creación de un sistema integral de servicios.

La construcción de una red de distribución de agua potable, una planta de tratamiento de aguas residuales, colectores sanitarios, un sistema de reúso y mecanismos de monitoreo ambiental, forman igualmente parte del plan diseñado por el Estado para cambiar de raíz la situación.

Contraste

Mientras la zona hotelera concentra inversiones millonarias y sistemas propios de captación, tratamiento y reutilización del agua, en los sectores residenciales la realidad es opuesta. El mismo documento DR-L1172 advierte que la falta de coordinación entre los actores públicos y privados ha derivado en soluciones desiguales, que aumentan la brecha de acceso al recurso entre quienes pueden pagar por infraestructura privada y quiénes no.

De hecho, el estudio promueve un enfoque de gobernanza local que involucre a los municipios, las juntas de vecinos, operadores privados, organismos estatales y organizaciones comunitarias, para garantizar un servicio equitativo y universal.

“La expansión acelerada del desarrollo urbano y turístico no ha sido acompañada por una planificación adecuada en agua potable y saneamiento. Esto pone en riesgo tanto a la población residente como al modelo de desarrollo económico basado en el turismo sostenible,” sostiene el informe.

Propuesta con financiamiento

El programa, ya aprobado, contempla una inversión millonaria respaldada por el BID y recursos del Estado dominicano a través del Inapa. Según el cronograma de implementación, las obras deben ejecutarse en distintas fases que incluyen:

 El diseño e instalación de redes primarias y secundarias de agua potable.

 La construcción de estaciones de bombeo, una planta de tratamiento de aguas residuales y redes de recolección.

 Un sistema de reúso del agua tratada, orientado principalmente a las necesidades del sector turístico.

 Programas de fortalecimiento institucional y educación comunitaria.

Sin embargo, al momento de redactar este reportaje, las obras aún no se encuentran en ejecución visible en la mayoría de los sectores críticos de Verón, y la población continúa dependiendo del subsuelo para bañarse, cocinar y lavar su ropa.

Aunque el documento no contiene estudios de calidad microbiológica, ni cifras específicas sobre enfermedades asociadas al consumo de agua de pozo, sí deja planteada la necesidad urgente de sustituir el sistema actual por uno que garantice el derecho humano al agua en condiciones seguras y sostenibles.

Mientras el acueducto no se materialice, Verón seguirá perforando pozos sin saber con certeza los riesgos a los que se expone. Y el suelo, silencioso y saturado, seguirá recibiendo cada gota de residuo que no se trata.

En el 2023, Inapa dijo que tenía contemplado, en coordinación con la Asociación de Hoteles del Este (Asoleste), empezar la creación de una línea colectora de aguas residuales, que empezaría desde Uvero Alto y terminaría en Punta Cana.

Aclaró que en un primer momento no se habla del acueducto, porque primero se tratarían las aguas residuales, para evitar que las aguas subterráneas se sigan contaminando.

Pero estas declaraciones se mantienen solo en buenas intenciones, sin que hasta el momento haya nada concreto por parte de esta entidad estatal.
Panorama