Preocupa en la región del Caribe los planes de los gobiernos de República Dominicana, Guyana y de Surinam de explorar y explotar hidrocarburos de manera conjunta
Dubái, EAU; Ciudad de Guatemala, Guatemala; Tegucigalpa, Honduras; Bogotá, Colombia; San José, Costa Rica; Ciudad de Panamá, Panamá; Caracas, Venezuela, y Santo Domingo, República Dominicana.
En el marco de la Cumbre sobre el Clima, COP 28, diez organizaciones climáticas, ambientales y sociales de siete países del Gran Caribe, expresaron su preocupación que en la región se siga avanzando con la promoción de las industrias del carbón, el petróleo y el gas fósil.
En el día de ayer, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y la Coalición Ambiental del Este de la República Dominicana, el Observatorio de Industrias Extractivas, OIEGT, de Guatemala, el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras, IDAMHO y la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica, ANAFAE, de Honduras, Censat Agua Viva de Colombia, la Fundación Quantum de Costa Rica, el Centro de Incidencia Ambiental, CIAM, de Panamá, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, publicaron una declaración en la que mostraron su alarma ante los avances de los hidrocarburos en la región y plantearon sus principales demandas.
La declaración se dio a conocer de manera simultánea en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y en las capitales de los países de las organizaciones que suscriben la declaración.
Denunciaron que hace unos meses el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de Guyana firmaron varios memorandos de entendimiento para construir una refinería y explotar un bloque de petróleo, entre otros proyectos.
“En términos similares la República Dominicana firmó también un memorando de entendimiento con Surinam que contempla la posibilidad de invertir capital dominicano en la explotación de petróleo en el país suramericano”, expusieron.
Manifestaron que a esta situación se suma la reactivación de la exploración y explotación petrolera de Venezuela, tras la suspensión de las sanciones energéticas que se le habían impuesto.
Dijeron que Venezuela mantiene conversaciones con media docena de multinacionales con el objeto de restaurar su producción de petróleo, firmó un acuerdo estratégico para producir gas junto a Trinidad y Tobago y anunció recientemente una propuesta de colaboración con la empresa petrolera de Colombia para la exploración de nuevos yacimientos en territorio venezolano.
Subrayó que este último acuerdo entre Venezuela y Colombia fue anunciado por los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, en una reunión que sostuvieron recientemente en Venezuela.
“Estas colaboraciones entre países representan una escalada preocupante en la expansión de los combustibles fósiles de la región. Inclusos países como Honduras y Costa Rica, los cuales no explotan hidrocarburos y poseen matrices eléctricas mayoritariamente renovables, han comunicado intenciones de avanzar con exploraciones de hidrocarburos”, expresaron.
Plantearon que la expansión de la explotación de hidrocarburos profundizará la crisis económica y políticas de la región, además de convertir el Caribe en otro punto del planeta con altas emisiones de gases de efecto invernadero, impidiendo que se logre la meta climática de no sobrepasar 1.5 ºC de aumento de la temperatura global hacia finales del siglo con respecto a la era preindustrial.
Sostuvieron que estos proyectos además de promover una mayor desigualdad, representan un riesgo importante para los ecosistemas del Mar Caribe y por lo tanto para los medios de subsistencia, las tradiciones culturales de las comunidades costeras del Gran Caribe y para actividades económicas como la pesca y el turismo.
Entre las medidas que demandan que se apliquen están declarar una moratoria sobre nuevos pozos e infraestructuras en la región, especialmente en aguas profundas o fuera de costa, abandonar de forma progresiva y escalonada la producción existente de hidrocarburos,promoviendo energías renovables, resarcir los daños históricos provocados por las actividades petrolera a las comunidades, y el establecimiento de mecanismos de protección y salvaguarda de derechos humanos de defensores del ambiente en todos los países de la región, más allá de si se han suscrito o no el Acuerdo de Escazú.
Aclararon que la transición hacia energías de fuentes limpias y renovables incluye una mayor promoción de la generación distribuida y comunitaria (paneles solares en techos) en los países de la región, la cual sigue enfrentando trabas en su desarrollo, como en República Dominicana y en Costa Rica.
Igualmente hicieron un llamado a no retroceder en el avance de la transición energética de la región, con especial petición al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a continuar trabajando por una transición energética justa, real, honesta y transparente que no implique nuevas alianzas petroleras.
Pusieron de ejemplo a Belice que recientemente aprobó una ley que protege su mar de la exploración y explotación de gas y petróleo, y a Panamá con su exitosa lucha en contra del contrato minero.
Se adjunta a esta nota el texto íntegro de la declaración para un Gran Caribe Libre de Fósiles.
Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC
Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA