Principios, propósitos, tendencias y lineamientos del movimiento político Todos Juntos Somos Uno

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un movimiento político, democrático y plural, integrado por ciudadanos que buscamos sumar nuestros esfuerzos colectivos, para ir estableciendo las bases de una Nueva Mayoría.

¿A qué nos referimos con Nueva Mayoría?

 

La Nueva Mayoría constituye una gran fuerza ciudadana que se está construyendo; potenciadora de un cambio radical para nuestras comunidades, propiciadora de la transformación revolucionaria del Estado discriminatorio en uno democrático y plural, en el que los derechos colectivosde las personas -individuos y comunidades- estén por encima de intereses económicos y burocráticos particulares. Es una Nueva Mayoría que integra los intereses de los trabajadorescon los de las clases medias, para darles una expresión política multipartidista, policlasista y unificadora.

 

¿A qué aspiramos?

 

Aspiramos a una democracia participativa que responda a los intereses colectivos de las mayorías expresados libre y democráticamente, sin vulnerar los derechos fundamentales de las minorías.

 

Queremos un Estado constitucional, con legitimidad, sujeto al poder de la mayoría y al estado de derecho, que reconozca la naturaleza multicultural de la Nación.

Anhelamos una sociedad democrática en la que reine la equidad, la igualdad ante la ley, la igualdad de derechos y de oportunidades y la igualdad de capacidades.

Buscamos impulsar una economía de carácter social, incluyente, equitativa y sostenible, con respeto a la Naturaleza.

 

Historia

Fundamos el Movimiento Político con ánimo de coadyuvar a construir la felicidad, promover la unidad y favorecer la construcción de un nuevo orden, con una visión de conjunto a largo plazo. Como Movimiento político Todos Juntos/Somos Uno es un núcleo de pensamiento donde concurren ciudadanos que buscan crear una entidad política, portadora de mensajes de reconstrucción y restauración nacional. No somos ajenos a las divergencias que la nación dominicana experimentó durante la guerra civil hace un cuarto de siglo, a las herencias que el coloniaje y la exclusión han marcado en el alma nacional durante siglos, y a las odiosas desigualdades generadas por un capitalismo centrado en acumular riqueza.

 

Durante el ano 2019 ciudadanos de diversas regiones del país estuvieron presentes en grandes movilizacionesdefendiendo el estado de derecho y la constitución de forma espontánea, libre, ordenada y pacífica, y son parte de una notable historia de resistencia popular que se ha manifestado desde los diferentes pueblos del país en contra de la desigualdad y la discriminación y a favor de la democracia.

 

Es a partir de esta historia de lucha ciudadana que el partido Movimiento Todos Juntos/Somos Uno busca actuar para construir una democracia participativa, impulsar un desarrollo humano incluyente y equitativo, con una economía humana, reconociendo la existencia de un país plural, respetando la Naturaleza, y hacerlo con base en un nuevo Estado que cuente con autoridad, legitimidad y eficacia para cumplir con estas orientaciones. El Movimiento político Todos Juntos/Somos Uno busca la reconciliación entre la ética y la política. Partimos de la convicción de que la relación entre política y ética debe darse de manera intencional: el ejercicio del poder se debe ejercer con valores y principios que permitan la realización de la justicia social, porque la nueva política debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la política. Esto requiere que el servicio público y la representación política se fundamente en principios éticos, con una absoluta intolerancia ante cualquier forma de corrupción. Buscamos integrar, a través del diálogo permanente y de la lucha política, una Nueva Mayoría plural y participativa para ejercer el poder popular en favor de la población, respetando sus derechos, e incluyendo especialmente a aquellos sectores que han sido históricamente marginados. Perseguimos gobernar a través de una nueva forma de hacer política que privilegie la ética, las ideas, la transparencia, la democracia interna, el conocimiento técnico y el sentido humano, estableciendo siempre la dignidad de las personas como valor transversal de todas nuestras acciones.

 

 

PRINCIPIOS

Para asegurar los cambios que República Dominicana requiere, estos 5 principios deben concebirse de manera articulada y complementaria. Estos desafíos sólo podrán enfrentarse con éxito mediante una amplia organización social y la creación de alianzas comunitarias para la lucha política desde diversos frentes en torno a una agenda progresista. El Movimiento político Todos Juntos/Somos Uno se compromete a cumplir con responsabilidad cívica en este momento de la historia nacional. Con base en un movimiento amplio, democrático y políticamente sólido transformaremos al Estado para que ejerza autoridad, con legitimidad y eficacia al servicio de los intereses de las mayorías, y que esté libre de captura por parte de sectores de interés o grupos corporativos, nacionales y extranjeros. Estado y sociedad podrán entonces converger para impulsar el cumplimiento de los principios señalados.

 

El Movimiento político Todos Juntos/Somos Uno basa su pensamiento en cinco principios fundamentales:

 

Construir Democracia

Para el Movimiento Todos Juntos/Somos Uno, la democracia va más allá de las instituciones formales y de los rituales oficiales que regulan el sistema político presidencialista. La democracia es el conjunto de principios y valores de inclusión y participación que permiten el involucramiento real, autónomo y responsable del ciudadano en la toma de decisiones que afectan la vida social y económica del país. Toma forma en instituciones políticas que garantizan y fomentan la inclusión y la participación ciudadana en la política, previniendo la captura del Estado por parte de intereses particulares contrarios al bien común.

Para nosotros la democracia es el camino que compromete y condiciona nuestro comportamiento ciudadano, como el destino del orden social y político que la Republica necesita. Sin democracia, la República se vuelve tiranía; sin Estado de Derecho, la democracia se convierte en arbitrariedad. Ello también se aplica a las relaciones internacionales, donde favorecemos un sistema basado en la aplicación del derecho público internacional, con el derecho internacional de los derechos humanos a la cabeza, y con la participación de todas las naciones, de manera que se reduzcan los márgenes de acción arbitraria por parte de los países más poderosos.

 

Luchamos por una democracia participativa social en la que las instituciones políticas estén sujetas a la plena vigencia de un Estado de derecho. Luchamos por una democracia fortalecida por mecanismos constitucionales que permitan la participación responsable y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones de política pública.

 

Proponemos un modelo que responda a los intereses de las mayorías expresadas libre y democráticamente, sin vulnerar los derechos fundamentales de las minorías.

 

Todos, pueblos, géneros y generaciones de pos guerra, están cansados de la debacle del país y de sus exclusiones históricas. Este es un país de gente luchadora con una enorme diversidad: obreros, campesinos, artesanos, artistas, estudiantes, profesionales, grandes y pequeños empresarios, migrantes, trabajadores formales e informales, entre otros.

 

Todos ellos constituyen la fuerza social y política que el país necesita para transformarse. Son parte de lo que para el Movimiento Todos Juntos/Somos Uno es la Nueva Mayoría, esa fuerza ciudadana que constituye una alternativa a las mayorías pasivas y a las formas excluyentes del poder tradicional. Es a la constitución de esa expresión política, partiendo desde las comunidades y los territorios, que el Movimiento dedicará su esfuerzo político.

 

La Nueva Mayoría constituye una gran fuerza ciudadana que se está construyendo: potenciadora de un cambio radical para nuestras sociedades y propiciadora de la transformación del Estado excluyente y discriminador en uno democrático y plural, en el que las necesidades de las personas, individuos y comunidades, estén por encima de intereses económicos y burocráticos particulares.

 

Es una Mayoría Alternativa que integrada por los sectores más vulnerables y vulnerabilizados, pobres y empobrecidos con los de las clases medias, y que simultáneamente incorpora a todos aquellos que se identifiquen con una expresión política fuerte y unificadora.

 

Esta democracia participativa necesita un sistema político plural, genuinamente representativo de los distintos sectores políticos y sociales y de los distintos pueblos que conforman a nuestro país. Esta democracia debe ser la base de un nuevo contrato social, base de la visión de país sin el que Republica Dominicana no podrá desarrollarse.

 

Esto requiere un ejercicio diferente de la política, fundamentado en principios éticos de servicio público y en el ejercicio capaz de la representación política.

 

Esta democracia necesita partidos políticos que rechacen los arreglos patrimonialistas y clientelares, para ejercer responsablemente la representación de los diversos intereses y perspectivas de nuestra sociedad, tanto a nivel nacional como local.

 

También se necesitan alcaldías dedicadas a la gestión eficiente del ámbito local, capaces de fomentar la participación ciudadana y articular efectivamente las necesidades y aspiraciones de sus comunidades con las políticas públicas nacionales.

 

Se requiere un Congreso capaz de articular efectivamente los diversos intereses sociales en una visión de país plural y representativo, que exprese y defienda los intereses mayoritarios.

 

Se requiere, asimismo, un Ejecutivo que gobierne para todos, eficaz, con la capacidad de asumir el mandato emanado de las urnas y ejercerlo en interés del conjunto de la sociedad, sin rendirse ante intereses de sectores particulares que intenten burlar la voluntad popular mediante presiones ilegítimas.

 

Y por supuesto, se requiere de un sistema de administración de justicia probo, independiente, imparcial y eficaz, que consolide la verdadera aplicación de ese Estado de Derecho al que nos referimos constantemente.

 

El poder municipal, debe estar más cercano al ciudadano, respondiendo a las necesidades de la población que representa.

 

Necesitamos, en resumen, un sistema político democrático fundamentado en el ejercicio del poder por parte de la Nueva Mayoría, expresada por la vía de las elecciones, mediada por las instituciones políticas, y sujeta al ordenamiento legal del país.

 

Con estos propósitos, en el Movimiento político Todos Juntos/Somos Uno defenderemos la libre emisión del pensamiento y el libre acceso a fuentes alternativas de información como una forma de fomentar una ciudadanía plena, promover la equidad de género, la pluralidad y la tolerancia y el ejercicio crítico y vigilante de la ciudadanía. El pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos contribuirá a construir ciudadanía. Esto incluye el respeto del derecho a la protesta y a la organización como forma de asegurar la más amplia expresión de las diversas fuerzas sociales, políticas y culturales que existen en el país, dentro del marco de la institucionalidad democrática, y con respeto a la pluralidad que caracteriza a nuestra nación.

 

Insistimos que el único soberano no es el Estado sino el Pueblo, por los que los poderes del Estado deberán constantemente consultar y entregar cuentas al legítimo soberano, que es el Pueblo.

 

 

Equidad

Para el Movimiento político Todos Juntos/Somos Uno la equidad es un pilar fundamental. En un país plagado de desigualdades sociales, económicas y políticas reproducidas y a veces ampliadas a lo largo de nuestra historia, le corresponde al Estado, acompañado por la sociedad, romper con esa dinámica y corregir la hegemonía de la desigualdad.Un punto de partida es asegurar la efectiva igualdad ante la ley, de manera que la pertenencia multicultural o de género, las capacidades especiales y la diversidad sexual, entre otras, o el poder político y económico, no sean fuente de discriminación.

 

 

Buscamos asegurar la igualdad de oportunidades con capacidades equivalentes para aprovecharlas. Para hacerlo tendrán que impulsarse creativas políticas sociales, con pertinencia cultural y de género, orientadas a asegurar adecuadas capacidades en materia de nutrición, salud y educación para todos, y especialmente para la niñez y la juventud, como bienes públicos globales, de manera universal, que potencien creativamente el gran acervo cultural del que gozamos. Este será nuestro punto de partida para erradicar la pobreza extrema. La creación de empleo digno, con un respeto efectivo de los derechos de los trabajadores, y generado como parte de un aumento sustancial de la inversión en todo el país, con atención especial a las áreas rurales más vulnerables, será una de las bases para crear oportunidades para todos y para reducir la desigualdad.

 

Necesitamos combatir la discriminación de género en los mercados de trabajo y en todos los ámbitos sociales. Buscaremos hacerlo no solo con políticas, sino con una firme voluntad de asegurar su implementación, favorecer la organización social, especialmente de los más vulnerables, y avanzar en el combate a todas las formas de violencia, discriminación o paternalismo desde el Estado.

 

En el Movimiento estamos comprometidos con promover la equidad de género, partiendo del reconocimiento de la situación de subordinación y discriminación de las mujeres en la sociedad actual. Por lo tanto, sostenemos la vital necesidad de impulsar acciones compensatorias (afirmativas) que tengan como resultado el ejercicio pleno de su ciudadanía. Creemos en la paridad tanto al interno de nuestra agrupación, como en toda acción política que emprendamos. Reconocemos los obstáculos históricos que limitan el ejercicio político de las mujeres, debido a que el diseño actual está caracterizado por espacios verticales. Romper con esas prácticas que insisten en mantener vigente la desigualdad, es para nosotros prioridad.

 

Para el Movimiento, la diversidad jamás representará ningún tipo de obstáculo. Más bien, la consideramos un valor y pilar de nuestra naturaleza nacional. En las acciones que emprendamos, se evidenciará la inclusión y el respeto profundo a la diversidad sexual y a diferentes formas de vida producto de las decisiones inalienables de cada grupo o individuo.

 

En el Movimiento confiamos en ampliar el acceso a los bienes públicos, especialmente en seguridad, transporte, recreación, arte y salud ambiental, para reducir brechas entre las áreas urbanas y rurales y para beneficiar más a aquellos con menor capacidad de satisfacer, con sus propios recursos, sus necesidades en estos ámbitos. Establecer un piso de protección y seguridad social universal, al que tengan acceso todos los dominicanos como base para tener capacidades equivalentes, será parte de nuestra orientación para reducir la desigualdad.

 

Corresponde fortalecer la capacidad de regulación y del suministro público de servicios, sin excluir la contratación de servicios privados bajo condiciones de transparencia y eficiencia. Asegurar un adecuado servicio de transporte colectivo de personas en áreas rurales y urbanas, con adecuada infraestructura, que respete las discapacidades físicas y mentales, lo cual no solo contribuirá a la equidad y a la seguridad sino también a la mayor productividad de todos.

 

Solo con la implementación de una ambiciosa agenda social, que dé lugar a la igualdad de capacidades, podremos avanzar hacia la igualdad de oportunidades y de acceso al empleo, que beneficie especialmente a la población de menores ingresos, generalmente discriminada y actualmente con escasas opciones.

 

País Inclusivo.

En el Movimiento creemos en una concepción unitaria del Estado. Para ello consideramos fundamental plantear estrategias que sirvan para orientar políticas públicas y nuevos programas dirigidos a favorecer un desarrollo equilibrado, orientado a un crecimiento económico, cultural y político incluyente y equitativo.

 

Frente a la modernidad y a las herramientas que ésta demanda, se hace indispensable tender puentes entre las diferentes regiones del país y entre las necesidades y las oportunidades. Son procesos en los cuales las personas y los pueblos deben ser los llamados a dirigir el carácter y los propósitos de una propuesta congruente y equilibrada para una nueva sociedad.

 

En el Movimiento reconocemos y respetamos la diversidad cultural basada en la convicción de que los pueblos son permanentes, y como tales deben tener el dominio sobre sus territorios. Afirmamos que la multiculturalidad es un acervo sólido y vital de nuestra naturaleza. Pretendemos eliminar enfoques de asimilación, integración, homogenización, o todas aquellas acciones que han intentado opacar políticamente la posibilidad de vernos como diversos, así como garantizar el derecho a la cultura, tradiciones, prácticas, integridad política y dignidad de los pueblos por igual. Solo derrumbando las dinámicas estructurales que pretenden borrar políticamente la diversidad, encontraremos la certeza de convivir pacíficamente, todos como parte de un país caracterizado por la diversidad.

 

Para alcanzar la equidad, habrá que garantizar derechos vinculados al trabajo, a la tierra (la tierra no solo como medio y factor de producción, sino como territorio vivo, hábitat cultural de los grupos humanos en ella asentados a favor de la vida plena y del buen vivir), a la salud, recreación y a la educación, todos ellos fundamentales para vivir sujetos a los valores universales de humanidad y de dignidad. Son derechos que deben articularse con las formas de vida de los pueblos y tomando en cuenta sus distintas apreciaciones de la realidad. Se trata de garantizar estos derechos y, al hacerlo, de favorecer la organización de formas comunitarias de vida, incluyendo prácticas tradicionales propias.

 

Como acción primordial de ciudadanía, debemos fomentar todas aquellas capacidades políticas y legales para combatir el colonialismo, aun hoy incrustado en el imaginario nacional. Necesitamos contar con disposicionesconstitucionales para preservar formas de pensamiento que respalden la identidad. Tanto la lengua, la cultura como el pensamiento de cada pueblo, deben estar presentes en la estructuración de un Estado reformado, uno que articule y que responda a las verdaderas condiciones y necesidades que conforman la complejidad nacional. No olvidamos que para aspirar a una democracia plena, es indiscutible reconocer los derechos de orden individual y colectivo de los pueblos.

 

Con el fin de garantizar relaciones interculturales como parte de un proyecto político que aspira a la igualdad y que simultáneamente reconoce el derecho a la diferencia, es indispensable promover políticas públicas que garanticen mejoras sustanciales en todos los servicios que ofrece el Estado de una manera igualitaria. No se puede discriminar. Se debe revertir la probabilidad sistemática de que unos pueblos vivan menos y peor que otros. Tenemos que estar libre de etnocentrismos, invisibilizaciones, discriminaciones y estereotipos. Debemos favorecer tanto reivindicaciones de orden cultural, como aquellas de vital importancia económica y social.

 

En el Movimiento político defendemos el derecho a la información oportuna y a la consulta, así como el acatamiento a los resultados de la misma. Creemos en la urgencia de establecer mecanismos permanentes de diálogo y consulta con todos los pueblos, con medidas especializadas y métodos pertinentes para recoger las ideas y propuestas de todos, y velar así por una auténtica construcción plural. Creemos en el derecho de propiedad colectiva de las unidades productivas comunitarias que así se reconozcan y organicen en la esfera territorial histórica.

 

Para el Movimiento es indispensable establecer un nuevo y más alto nivel de ciudadanía, con el fin de superar el rezago histórico de exclusión tanto en la misma Constitución de la Nación, como en otras disposiciones que la ley demanda.

 

Necesitamos una nueva gestión política que cuente con horizontes comunes de bienestar como base. Esto se puede hacer si se le da un nuevo contenido a la interculturalidad y a la misma concepción de ciudadanía. Requiere tomar en cuenta intereses económicos, sociales, políticos y culturales integralmente. No debe excluir a nadie, sino crear las condiciones indispensables para tender puentes de aprendizaje mutuos. Creemos en que una construcción plural pasa también por concebir la economía con una perspectiva de organización local, con pluralismo jurídico, educación eintercultural bilingüe.

 

Ante la enorme brecha que existe, se hacen cada vez más necesarias las acciones compensatorias que hagan frente a la inseguridad alimentaria, a la explotación laboral, al abandono de servicios de salud y a la imposición de una educación alienada y descontextualizada que históricamente ha buscado justificar el etnocentrismo y al mismo tiempo ha reforzado estas brechas de incalculables proporciones. Se impone la lucha contra la discriminación por la equidad. El Movimiento político plantea un nuevo Estado cimentado en los intereses del pueblo. Aspira a romper con el fundamento hegemónico para transitar hacia la Nueva Mayoría, capaz de asegurar que la equidad sea el eje orientador de la acción pública.

 

Creemos también en una ciudadanía ampliada que incluya la participación de las juventudes, adultos mayores, y la participación de extranjeros legalmente radicados en el país, que cohabitan y conviven con nosotros.

 

 

Economía Social y de Derechos.

En el Movimiento consideramos que la economía dominicana debe contribuir a reducir la pobreza y evitar la exclusión, de manera que beneficie al conjunto de la población y no solo a un grupo reducido de familias privilegiadas que han concentrado el poder económico y político en el pasado. Para lograrlo impulsaremos la conformación de una economía humana: próspera, equitativa y ambientalmente sostenible.

 

Productores y consumidores, trabajadores y patronos, grandes y pequeños empresarios, cooperativistas y comunidades podrán interactuar libremente en el marco de políticas y de regulaciones establecidas legítima y democráticamente por la ciudadanía, e implementadas con autoridad y eficacia por un Estado capaz de interactuar con una sociedad plural, diversa y compleja. Para el Movimientopolítico es prioritario establecer los incentivos y un marco de políticas económicas que favorezcan producir eficientemente para nuestro mercado interno y para mercados externos simultáneamente. Estas políticas y regulaciones deberán contribuir a que el funcionamiento de la economía responda al interés colectivo de las actuales y futuras generaciones, y prevenga la reproducción de exclusiones, discriminación, desigualdades, vulnerabilidades ambientales y conflictos. Nos corresponde también reducir las vulnerabilidades sociales frente a desastres y promover una cultura de prevención.

 

Para generar esta economía humana requerimos un Estado eficaz para hacerlo, con suficientes recursos, pero también buscaremos convergencias entre el Estado, los agentes económicos y los movimientos sociales y ambientales para lograrlo, dentro de una perspectiva de largo plazo. Solo así nos reproduciremos de manera sostenible y con respeto a las personas, a las comunidades y a la Naturaleza.

 

Necesitamos favorecer el surgimiento de nuevas cadenas de valor dentro de un marco de respeto a la Naturaleza, con enfoque territorial, y privilegiando el surgimiento de nuevos emprendedores. Es fundamental partir de la participación de pequeñas y medianas empresas, cooperativas y otras asociaciones de productores y de vendedores, incluyendo a la economía campesina y a formas comunitarias de organización, así como la multitud de tiendas y pequeños talleres de reparación y servicios que pueblan todo el territorio. Solo de esta manera lograremos generar una prosperidad compartida, base de una economía humana.

 

Para hacerlo se deben de impulsar pactos entre el gobierno y diversos grupos de emprendedores con el objeto de favorecer la inversión. La inversión debe ser la base para generar empleo e ingresos para reducir la pobreza y la desigualdad. Urge buscar estimular la inversión y la formalización de micro, pequeños o medianos negocios mediante un esfuerzo masivo que asegure el acceso al crédito, capacitación, asesoría, información sobre insumos y mercados, conocimiento de diversas tecnologías, y contactos con agentes económicos en el ámbito internacional, incluyendo migrantes dominicanos en el exterior, empresas extranjeras y la cooperación internacional. Consideramos vital convertir estos apoyos en incentivos determinantes para favorecer una formalización masiva de empresarios y trabajadores en toda Republica Dominicana.

 

La acumulación de capital por parte de los productores más marginados y vulnerables, preferiblemente asociados, será una base fundamental para reducir la desigualdad y la pobreza.   El Movimiento político cree importante complementar la inversión privada nacional con inversión extranjera en las cadenas de valor prioritarias, sin privilegios, y con inversiones públicas que le asignen prioridad a la construcción y mantenimiento de caminos rurales para integrar nuestro mercado nacional y volverlo más eficiente.

 

Todos estos esfuerzos deben enfocarse en aquellos sectores o cadenas de valor donde el país ya tiene ventajas competitivas, o que pueda tenerlas a corto plazo, con enfoque territorial. Van desde el turismo ecológico, cultural y natural o el comercio, hasta la agricultura de precisión de pequeños productores o la industria liviana, favoreciendo la incorporación de nuevas tecnologías y siempre dentro de un marco de respeto a la Naturaleza. También es importante impulsar un plan masivo de construcción de vivienda popular, apoyado por el establecimiento de nuevos mecanismos de crédito público y privado para favorecer su financiamiento.

 

La articulación de esfuerzos públicos y privados, comunitarios e individuales, y bases de una economía humana, será fundamental en el área de la ciencia y la tecnología, especialmente por la vía del fortalecimiento de la educación superior y del acceso a información técnica y asesoría, y mediante la ejecución de proyectos conjuntos que contribuyan a agregarle más valor a los bienes y servicios producidos como parte de las cadenas de valor más prometedoras.

 

Acudir a diversos instrumentos de política económica y social para evitar que los frutos del crecimiento económico no favorezcan a unos pocos a costa de la mayoría, es primordial. La política fiscal, la política de competencia y las políticas laborales, además de políticas sociales y de otras acciones compensatorias, junto con la propia organización social, deberán converger para contribuir a reducir las desigualdades.

 

Como parte de ello debemos implementar políticas efectivas de competencia y regulación para evitar el abuso contra consumidores y pequeños y medianos empresarios por parte de grandes empresas que concentran y dominan los mercados en que operan. También deberá contribuir a que la competencia estimule la eficiencia y la innovación en condiciones de igualdad de oportunidades.

 

Para el Movimiento político es fundamental contribuir a generar gradualmente cientos de exitosos emprendedores urbanos y rurales emergentes, que inviertan y a su vez den lugar a miles de empleos dignos, con lo cual diversificaremos nuestra economía y reduciremos gradualmente la concentración del poder económico en pocas manos.

 

Los esfuerzos por impulsar la inversión serán acompañados por garantías de un efectivo respeto de los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad, sin discriminación, reforzado por legislación adecuada y por sistemas efectivos de organización e inspección laboral. Buscaremos que estas medidas sean complementadas por la inversión (pública y privada) en las personas, en la naturaleza, en infraestructura y en equipo, que será la principal fuente de aumentos de la productividad y de un nueva economía social y de derechos, con prosperidad compartida y sostenibilidad ambiental.

 

Creemos que el Estado no solo puede ocupar las funciones de administrador o facilitador para el desarrollo económico, creemos que el Estado también puede crear empresas estatales con alta transparencia, eficiencia y eficacia.

 

Respeto a la Naturaleza

Para el Movimiento político el respeto a la naturaleza significa cuidar nuestra casa común. La humanidad tiene el deber de preservar las condiciones para la vida sobre la Tierra, para todas las formas de vida. A los dominicanos de esta contemporaneidad nos toca preservar estas condiciones en nuestro territorio.

 

Somos parte de la Naturaleza, y es por ello que nuestro desarrollo no debe ocurrir a costa de destruirla sino que requiere guardar una relación de equilibrio con ella. El Planeta se rige por leyes naturales que debemos conocer y respetar.

 

Además de ser un país mega-diverso, multicultural y policlasista también es uno de los países con mayor riqueza natural por habitante en el mundo. Pero tenemos índices muy bajos de eficiencia en el uso de los recursos naturales, niveles muy elevados de concentración de la propiedad de la tierra y de uso del agua, y nuestros indicadores de desarrollo humano y deterioro ambiental están entre los peores de Latinoamérica.

 

Buscamos rescatar nuestra riqueza natural del proceso de destrucción que ahora lleva, ponerla al servicio real de nuestro país y sus ciudadanos más vulnerables, y conservarla para las futuras generaciones. El Movimiento político propone tomar medidas significativas para evitar que nuestro desarrollo continúe alterando el orden natural y con ello nuestras posibilidades de un futuro con bienestar. Para ello, la Nueva Mayoría está llamada a retomar el poder político para hacer posible un desarrollo alternativo que sea a la vez justo y ambientalmente sostenible.

 

Debemos renovar los referentes culturales de lo que entendemos como desarrollo. Este proceso deberá basarse en un diálogo plural que construya sobre las coincidencias. El respeto a la Naturaleza conlleva la obligación de los ciudadanos y de los pequeños, medianos y grandes productores de comportarnos con responsabilidad.

 

Sostenemos que toda política ambiental debe fundamentarse en el respeto a la vida en todas sus manifestaciones y en los principios de cautela, prevención, corrección de la contaminación en su fuente, y «quien contamina paga y rehabilita». Estos principios necesitan orientar las políticas de desarrollo con miras a preservar la integridad del medio ambiente, proteger la salud humana, y garantizar un uso eficiente, equitativo y sostenible de los recursos naturales.

 

Estamos convencidos de que el cambio climático generado por nuestro modelo de desarrollo es la principal amenaza para la vida en la Tierra como la conocemos hasta ahora. Por ello propugnamos porque todo esfuerzo de generar crecimiento y bienestar sea consecuente con el fortalecimiento de nuestras capacidades de resistir y adaptarnos al cambio climático, y con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

 

Proponemos revalorizar y transformar nuestra forma de relacionarnos con los bosques y otros ecosistemas, como base para ordenar el territorio. Buscamos asegurar la producción de agua y la conservación de la biodiversidad, sostener los medios de vida rurales, fortalecer el manejo sostenible de las tierras y bosques y desarrollar industrias cuya competitividad se fundamente en la sostenibilidad ambiental y social.

 

Para el Movimiento político, el acceso al agua es ante todo un derecho humano. A la vez, este derecho conlleva la obligación de respetar las necesidades de agua de la propia Naturaleza -el llamado caudal ecológico-, pues los ecosistemas y especies que los habitan también la requieren para vivir. Como recurso de uso común, el Estado democrático que debemos construir está llamado a garantizar las reglas para que, junto a los gobiernos locales, los miles de pequeños productores, el sector privado organizado y ciudadanía en general, mantengamos los ciclos hidrológicos sanos y funcionando, y gestionemos las múltiples demandas sobre el agua de acuerdo con el interés social.

 

El Movimiento político Todos Juntos/Somos Uno busca poner un alto al saqueo de nuestros recursos naturales no renovables. Debemos replantear a fondo los objetivos de las políticas mineras y petroleras en el marco de instituciones públicas que privilegien los intereses y necesidades locales y el bien común. Dado que estos bienes naturales son finitos, proponemos asegurar que su aprovechamiento se traduzca en otros tipos de riqueza o capital: en reservas naturales, educación, salud, infraestructura, desarrollo humano.

 

El Movimiento político busca también poner límites a la contaminación humana del planeta: debemos aceptar que los ecosistemas tienen una capacidad limitada de recibir y absorber elementos externos producto de los procesos productivos del ser humano. El Movimiento busca responder a los anhelos y necesidades colectivos de una nación sana, limpia y digna. Por ello respaldamos formas de producción altamente eficientes en el uso de los recursos naturales, consecuentes con el país y con el planeta, y minimalistas en su generación de desechos. También propugnamos por nuevas formas de consumo: reduciendo el consumo innecesario y contaminante, y reciclando. Bajo el principio de “quien contamina paga y rehabilita”, el Estado debe promover la gestión adecuada de desechos y contaminantes en general, generar incentivos para adecuar comportamientos, e invertir en educación y conciencia social para reducir y reutilizar más y mejor lo que consumimos.

 

Buscamos que las políticas estén legitimadas socialmente, para lo cual es clave poner a funcionar la democracia representativa y participativa efectiva, y activar el dialogo democrático institucionalizado, así como la consulta previa, libre, informada y vinculante con todos los ciudadanos. Propugnamos porque las decisiones de cómo usar y conservar la Naturaleza, respondan al pueblo, a esa Nueva Mayoría ansiosa de un desarrollo sostenible, para todos, con identidad propia.

 

En el Movimiento político consideramos que para avanzar con el cumplimiento de nuestros principios necesitamos contar con un Estado eficaz y legítimo, capaz de reconciliar la política con la ética, y de convertirse en un Estado humanista, solidario e incluyente, donde prevalezca la cultura de paz, la cultura de género y la interculturalidad.

 

Aspiramos a un Estado Democrático, Republicano y Plural, con fuerza para promover los intereses de las mayorías, con autoridad real, capacidad de propuesta y ejecución de acciones necesarias para hacer valer la legislación; con una institucionalidad plural que le permita comprender la diversidad y reflejar nuestra multiculturalidad y promover los intereses y las aspiraciones de todos los pueblos que constituyen la nación dominicana. Creemos que para defender los intereses de las mayorías, no basta con tener una democracia representativa, creemos en facilitar la democracia participativa. Necesitamos un Estado institucionalmente sólido, protagónico, con la capacidad de reducir la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, sujeto al imperio de la ley y a la fiscalización de los tres poderes del Estado.

 

En el Movimiento estamos convencidos de que un Estado plural, legítimo, con autoridad y eficacia, solo puede lograrse con el respeto a la división de poderes, con un Congreso sólido pero también con un sistema de justicia que asegure la vigencia del Estado de Derecho, sin sobrepasar sus atribuciones. Se debe construir un Congreso capaz de ser espejo de la realidad diversa del país y un poder judicial que respete el pluralismo jurídico. Ambos poderes del Estado deben garantizar la convivencia democrática, donde la unidad se de en un plano de democracia y de igualdad, posibilitando una relación constructiva entre pueblos y visiones.

 

Queremos un Estado que tenga la capacidad de actuar tomando en cuenta la naturaleza multicultural de República Dominicana, poner fin al monopolio y que esto se refleje en acciones y servicios públicos. Este Estado debe implementar políticas públicas que incluyan acciones de complementación y compensación para enfrentar las desigualdades que existen a causa de la discriminación selectiva incrustada históricamente en el Estado. Tarea prioritaria del Estado democrático es tender puentes para garantizar el diálogo permanente, el intercambio de saberes y reconocimiento entre ciudadanos y diversidades.

 

Estamos convencidos de que el Estado debe ser laico, y por ende, sin estar sujeto a intereses religiosos particulares. Este principio está vinculado a la separación de Iglesia-Estado, respetando la libertad de culto personal.

 

Creemos que es fundamental que el poder ejecutivo, partiendo de un proceso de reingeniería, tenga la capacidad de implementar políticas técnicamente sólidas y políticamente viables, con instituciones eficaces no sujetas a presiones corporativas, sino respaldadas por la Nueva Mayoría, apoyándose en un servicio civil altamente profesional y motivado. Debe ser bisagra entre las necesidades y las oportunidades por medio del fortalecimiento de la esfera pública, con los múltiples sentidos de la pertinencia, coherencia, relevancia y calidad; sin estereotipos ni afanes de hegemonía.

 

Requerimos servidores públicos profesionales del mejor nivel, especializados e imbuidos de la mística del servicio público. Deberán estar sujetos a una estricta fiscalización, a una selección y a ascensos basados exclusivamente en sus capacidades y méritos sin responder a intereses clientelares. Sólo así podrá el Estado tener independencia y una capacidad institucional y unificadora que le permita manejar conflictos, facilitar consensos o acuerdos entre sectores en pugna, y contribuir a convergencias en torno a una visión y estrategia compartida de nación.

 

Con base en esa visión, estableceremos un marco de finanzas públicas transparente, de largo plazo y sujeto a una rendición democrática de cuentas, que refuerce la estabilidad económica y asegure suficientes recursos fundamentados en acuerdos sociales que cuenten con un respaldo mayoritario. Con una capacidad institucional consolidada del Estado se podrá favorecer una descentralización efectiva. Además, la mayor capacidad institucional del Estado le permitirá proteger el interés y soberanía nacional ante ilegítimos intereses extranjeros de gobiernos, empresas y organismos internacionales. Será una de las bases de una política exterior independiente, que responda a los intereses de la mayoría de los dominicanos y que contribuya a estrechar lazos entre los dominicanos que viven dentro y fuera de nuestro país.

 

 

 

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