Procurador adjunto: abogados insisten en retrasar la acusación del Ministerio Público en el caso Odebrecht

DL. Desde finales de septiembre pasado, el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira tiene sobre sí la responsabilidad de darle continuidad en el país a uno de los casos de corrupción más importantes de los últimos años: Odebrecht.

Como sustituto de la procuradora general, Miriam Germán Brito, quien se inhibió del proceso, espera que el caso termine con una sentencia condenatoria para todos los acusados y el decomiso de los bienes producto del lavado de activos.

Sin embargo, marcha lento y lleno de incidentes el juicio de fondo que se sigue a Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, por los US$92 millones en sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió que pagó en el país entre 2001 y 2014 para obtener contratos públicos.

—¿Cuáles son sus expectativas sobre el caso?

El Ministerio Público trabaja y se enfoca en todas las diligencias procesales para lograr que este caso termine con una sentencia condenatoria para todos los acusados y el decomiso de los bienes, producto del lavado de activos.

—Se ha criticado la calidad del expediente acusatorio contra los seis encausados. ¿Cómo logrará el Ministerio Público revertir esa percepción ante los jueces?

El caso está en juicio debido a que un juez de la etapa preliminar entendió que existen los elementos probatorios para que los jueces de fondo dicten una condena y nosotros tenemos la plena confianza de que eso será un hecho al finalizar el proceso.

Es justo reconocer que el tema de la percepción a favor o en contra, en cualquier proceso penal, no es de los jueces, es de las partes o de la población. Los jueces siempre deberán decidir, y confiamos que así sea en el caso Odebrecht, con base en la acusación y las pruebas que la sustentan, que en el caso en cuestión son más que suficientes para imponer condena.

—En la opinión pública está la creencia de que en el caso Odebrecht faltan más personas por investigar e imputar. Se habla también de un nuevo proceso de investigación, más allá del tema de los sobornos que se conoce en el juicio de fondo. ¿En qué etapa está esa nueva investigación y qué aspectos implicará?

En una investigación compleja siempre es posible incluir a más personas, pero eso debe siempre hacerse en base a evidencias. Mientras, los que están en el expediente Odebrecht deben responder por las acusaciones que pesan en su contra, porque de los demás el Ministerio Público se está encargando en Odebrecht 2.0.

En cuanto a la nueva investigación, es muy pronto para adelantar juicios, pero podemos asegurar que el Ministerio Público investigará todo lo que sea necesario y a todo el que sea necesario hasta saber qué pasó en su totalidad en el caso Odebrecht en República Dominicana. Nuestro compromiso es develar la trama de sobornos de Odebrecht en República Dominicana en toda su estructura, llegar a cada persona que haya participado en esa trama sin importar su vinculación social, económica o política.

—El Gobierno anunció que finalizará varios contratos de obras con la empresa Odebrecht. ¿Qué impacto tendrá esta decisión en la investigación que se plantea?

Cualquier gobierno es soberano en su decisión de rescindir los contratos entre Odebrecht y el Estado dominicano, y todos debemos respetar eso. Mientras, entre Odebrecht y el Ministerio Público existe un acuerdo en el que la empresa se compromete a colaborar, a brindarnos información para conocer cada persona que haya recibido sobornos, y nosotros vamos a asegurarnos de qu

—En el caso de la denunciada sobrevaluación de obras, ¿cuántas entiende el Ministerio Público que se verían afectadas en el caso?

Esa información solo puede ser compilada fruto de la investigación ampliada que estamos haciendo. En su momento podremos dar detalles sobre el tema de las sobrevaluaciones y en la medida que las circunstancias jurídicas del caso lo permitan.

—¿Los actuales funcionarios y empresarios puestos en juicio por el tema de los sobornos podrían ser objeto de una nueva investigación sin que se alegue doble persecución?

Esto solo sería posible en la medida en que aparezcan nuevos hechos. Lo sabremos cuando terminemos de realizar la segunda investigación, la investigación 2.0 sobre el Caso Odebrecht, a la que se refirieron recientemente los titulares de la Pepca (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa) y la Dirección de Persecución.

—El caso ha entrado en un aparente letargo, con incidentes, posposiciones… ¿Entiende que los abogados de los imputados están amparándose en esa estrategia para que el caso pierda interés?

El último aplazamiento se justifica plenamente por razones de salud debido a que uno de los abogados de los imputados dio positivo a la COVID-19. Reconocemos que el tribunal ha puesto empeño en que sigamos los protocolos sanitarios, pero todos podemos ser afectados por la pandemia en un momento dado.

Pero es evidente que los abogados de la defensa mantienen una actitud enfocada en retrasar la presentación de la acusación del Ministerio Público. Con esa intención recusaron sin ninguna razón jurídica o de carácter personal a todos los miembros del Ministerio Público que litigan el caso. También han solicitado en varias ocasiones reposiciones de plazos sin ningún fundamento jurídico y han buscado por todos los medios retrotraer el proceso a etapas anteriores. Los abogados de la defensa han insistido en sus tácticas dilatorias pese al fracaso de sus estrategias frente a los fiscales litigantes.

—Actualmente se discute la legalidad de los archivos definitivos emitidos a favor de ocho de los implicados en el expediente Odebrecht. ¿Ya se sometió a los fiscales actuantes ante el órgano disciplinario o para cuándo se procederá?

El titular de la Pepca ha fijado una posición en ese tema que nosotros asumimos. Esos archivos están en investigación, pero podemos adelantar que fueron irregulares, clandestinos e incongruentes. La sociedad puede tener la seguridad de que habrá consecuencias en ese sentido. Llevar a cabo un proceso disciplinario corresponde al inspector del Ministerio Público.

—Si ya se determinó que hubo irregularidad en esos archivos definitivos, ¿qué incidió para que se dispusieran?, ¿presión política, quizás? ¿Qué pasaría con el magistrado Narciso Escaño Martínez y el exprocurador Jean Alain Rodríguez (quienes los firmaron) a la luz de la ley, y con los casos de los ocho favorecidos?

Como he señalado, ese tema se investiga y los responsables tendrán que asumir las responsabilidades que la ley establece. Con la investigación disciplinaria procederemos en la dirección antes descrita, y sobre el exprocurador, esperaremos que se concluya con la investigación.

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