¿Qué hay detrás de la nueva embestida de Almagro, ahora contra la CIDH?

Por Sergio Pintado. La decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de bloquear la continuidad del secretario ejecutivo de la CIDH pone en riesgo la independencia técnica del organismo, que fue crucial cuando las dictaduras predominaban en América Latina, recordó a Sputnik el exdiplomático uruguayo Juan Raúl Ferreira.

Ferreira, quien fue representante de Uruguay ante la OEA y participó de misiones de observación electoral del organismo hasta 2016, respaldó el rechazo de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la postura de Almagro, entendiendo que el actual secretario general no tiene potestades legales para vetar la continuidad del brasileño Paulo Abrao en el cargo.

Abrao ejerce como secretario técnico de la CIDH desde agosto de 2016, luego de ser seleccionado por los miembros de la Comisión, de acuerdo al reglamento de la organización. En enero de 2020, los miembros de la CIDH decidieron renovar el mandato de Abrao hasta 2024, con el apoyo unánime de sus integrantes y dentro de lo que estipula la normativa.

Sin embargo, el 15 de agosto Almagro bloqueó el proceso administrativo para la continuidad de Abrao, alegando que el brasileño tiene más de 61 denuncias en su contra por supuestos abusos laborales. Para la CIDH, la actitud de Almagro excede sus potestades y constituye «un grave embate contra su independencia y autonomía».Para Ferreira, la normativa respalda la decisión de la CIDH al punto de que «ni siquiera hay que ser abogado para entenderlo». Pero además, remarcó, la importancia de la independencia técnica de la Comisión está refrendada por la historia del organismo. «Me tocó actuar con la Comisión en un período en que la independencia técnica era muy importante, cuando las dictaduras eran mayoría en la OEA», rememoró.En efecto, el exdiplomático recordó el trabajo de la CIDH a finales de la década del 70, cuando la OEA era comandada por el argentino Alejandro Orfila, a quien Ferreira calificó como «un portavoz de la dictadura argentina» en el organismo. A contrapelo de la posición de la mayoría de los países americanos, la CIDH eligió como secretario ejecutivo al chileno Edmundo Vargas Carreño.Ferreira señaló que durante el período en que las dictaduras latinoamericanas tenían mayoría en la Asamblea de la OEA «la CIDH era el único órgano de Derechos Humanos que existía». Esa independencia técnica le permitió, por ejemplo, realizar históricas actuaciones en Argentina, Uruguay y Paraguay, documentando las primeras denuncias sobre desapariciones forzadas de personas.

De hecho, la actuación de la CIDH en esa época fue simbólica. Ferreira mencionó particularmente el caso del maestro uruguayo Julio Castro,  secuestrado por la dictadura cívico-militar uruguaya el 1 de agosto de 1977. El caso de Castro es emblemático ya que, a partir de la intervención de la CIDH, fue la primera persona en ser considerada víctima de una desaparición forzada en América Latina por parte de un organismo internacional. En Argentina,una histórica misión de la CIDH logró recabar 5,580 denuncias sobre desapariciones durante su estadia en ese país,  que se extendió entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979.

Según Ferreira, existe un verdadero intento de acallar voces políticas discordantes en la CIDH. En ese sentido, puso como ejemplo los cuestionamientos que el presidente brasileño Jair Bolsonaro hizo sobre su compatriota Abrao y el hecho de que las denuncias en su contra fueron recopiladas por la ombudsperson de la OEA (un cargo recientemente creado por Almagro), Neyda Pérez, quien integra el equipo de trabajo del diputado opositor venezolano Juan Guaidó.

«Es todo muy burdo. Es como una caricatura», resumió Ferreira.

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