¿Qué pasará con los empleados de las instituciones que serán fusionadas?

La suerte de poco más de siete mil empleados queda en interrogante, cuando finalmente se materialice la fusión de por lo menos dos ministerios y varias direcciones generales que el Gobierno anunció esta semana, serán incorporadas a otras instituciones a fines.

Si como se ha dicho, el Gobierno se propone ahorrar 25 mil millones de pesos con el proceso de fusión de algunas instituciones públicas, necesariamente hay que pensar en la supresión de las nóminas de esas entidades.

De ahí surge la inquietud o pregunta de: ¿ qué pasará con el personal que actualmente labora en las instituciones que serían eliminadas para convertirlas en dependencias de otras?

 

El Nuevo Diario hizo un ejercicio con tan sólo seis de las instituciones mencionadas en el proyecto de fusión, a los fines de determinar el número de empleados y el monto que el Estado paga en sus respectivas nóminas.

 

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), que sería adherida al Ministerio de Educación, gasta de su presupuesto RD$1,055,058,160 para pagar la nómina de sus 685 empleados.

 

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo cuenta con 785 asalariados, nómina que se cubre con RD$1,292,534,653.

El Instituto Agrario Dominicano (IAD), es de las instituciones a funcionar que cuenta con el mayor número de dependientes, 3,072 distribuidos en todo el país, cuya nómina se salda con RD$1,429,221,889.

 

En el orden de las direcciones le sigue Comedores Económicos , con 2,365 empleados, para un gasto en nómina de RD$871,455,190.

 

También figura la Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial, con apenas 65 trabajadores, que se pagan con RD$ 387,880,837.

 

Asimismo, la Consejo Nacional de Investigaciones Agrícolas y Forestales, con un gasto de RD$44,642,167 para cubrir los salarios de sus 29 colaboradores.

Sólo estas seis instituciones pagan en conjunto RD$5,080,792,896 por concepto de salarios a sus 7,001 empleados.

 

Precisar que esta investigación solo tomó en cuenta a empleados civiles, sin contar con el personal policial o militar que siempre prestan servicio en las instituciones públicas en materia de seguridad y protección.

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