Reclusos denuncian burocratización administrativa de su libertad
Hemos recibido numerosas denuncias de reclusos y familiares sobre el » tapón» que se produce, tras éstos lograr un descargo, cumplir su pena u obtener libertad condicional.
Ellos culpan de ese “tapón” (retraso) al Ministerio Público, al Juez de la Ejecución de la Pena, y posteriormente, a la Dirección de Prisiones.
Sabemos que la justicia funciona diferente para ricos y pobres.
No es la misma justicia que se le aplica a Jean Alain que la que se aplica al que se robó un racimo de plátanos.
Inmediatamente se emite orden de libertad contra un rico, en cuestión de horas está en su casa, pues a esa resolución, o sale con “ala” o vuela como por arte de magia.
Según nuestras fuentes, es «normal» que la libertad emitida por un tribunal «llegue» muchas veces a su destino, al interesado (el interno) hasta dos o tres meses después de la sentencia del juez.
No entendemos cómo en esta época de IA, o de la tecnología, la espera por la liberación dure tanto tiempo.
Sin embargo, me plantean que ese fenómeno ocurre para que el detenido y sus familiares tengan que “manifestarse”, paguen su debido “peaje», que a veces supera los 200 mil pesos, dependiendo el motivo por el cual se guarda prisión.
Esto es muy grave, y más cuando se conoce de una fiscalía muy conocida por estas disfunciones legales.
No sabemos cómo los responsables de estas acciones perversas no han sido cancelados y llevados a la justicia
Después de todo el trajín, desde que la sentencia sale del tribunal hasta que llega a la Dirección de Prisiones, allí se toman varios días para «ponerlo» en el sistema, siempre y cuando el beneficiado sea el hijo de «Machepa».
La principal injusticia es ser pobre.
El pobre no tiene ni buen nacer, ni buen vivir y, mucho menos, un buen morir.
Debemos cambiar esa situación de violentar los derechos humanos por parte de un estamento de la justicia.
Hay que abogar, para que en un nuevo Código de Procedimiento Penal, se consigne que si el imputado es descargado, se le ponga en libertad de inmediato.
La Suprema Corte de Justicia debe reglamentar que ningún recluso debe permanecer más de 48 horas en prisión, tras cumplir su pena o ser favorecido, definitivamente por un tribunal.
Eso acontece en muchos países garantistas de los derechos humanos.
Cancelación ya para esos fiscales corruptos.
Por Virgilio Almánzar
