Reforma Laboral en RD: tres décadas de diálogo que no ha producido ningún cambio

La República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina que mantiene un Código de Trabajo sin reformas sustanciales desde principios de los años noventa. El instrumento legal vigente fue promulgado en 1992, lo que significa que no recoge los cambios tecnológicos, económicos ni sociolaborales que han transformado el mundo laboral en las últimas tres décadas.
Mientras tanto, países como Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia y Costa Rica han reformado o actualizado recientemente sus marcos laborales, introduciendo normas sobre teletrabajo, licencias parentales, desconexión digital y formalización progresiva del empleo informal. La tendencia regional ha sido fortalecer los derechos laborales con mayor productividad, pero también con mejores garantías y salarios más justos.

En este contexto, resulta llamativo que en la República Dominicana las principales resistencias a la reforma del Código de Trabajo no provengan de los trabajadores, sino del sector empleador. Un sector que se niega a dejar de pretender un punto específico: la eliminación o modificación de la cesantía, convirtiendo una discusión integral en un pleito económico de una sola cláusula.

Este poder de veto lo usan los empleadores en todos los consejos tripartitos que tienen que ver con la necesaria dignificación y modernización del trabajo y de la Seguridad Social, el ejemplo más palpable es el que se da en las discusiones salariales, donde el alto mando del gobierno es que tiene muchas veces que intervenir para que se produzca un aumento salarial por lo menos digno ya que los voceros de los empleadores no respetan a ningún mediador y se creen los dueños del capital de trabajo.

Uno de los principales escollos para que no se materialicen los avances en materia de trabajo, tiene que ver con la práctica de poner en la mesa de discusión a personas que no tienen legitimidad ni empatía para entender la situación, porque quienes representan a los empresarios regularmente son empleados que se comportan de forma más conservadora que sus jefes, solo con el fin de demostrarles que ellos pueden paralizar cualquier avance. Si se hace una prueba y se pregunta qué empresa tienen los representantes del sector empleador, se darán cuenta de que se trata de un asalariado sin empresas y tiene muchas veces menos escrúpulos que sus jefes, los empresarios de verdad.

Según datos actualizados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), estos son los salarios mínimos mensuales aproximados en algunos países de la región (montos en dólares estadounidenses):

País Salario mínimo (USD)
Costa Rica 603
Uruguay 510
Chile 500
Ecuador 460
Panamá 403
Guatemala 393
Paraguay 371
Colombia 331
República Dominicana 245
Nicaragua 198
Haití 87

El expediente de intentos fallidos por actualizar esta ley es extenso. Desde los 2000’, mandatarios como Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora Luis Abinader, han tratado de impulsar su modificación. En 2013, incluso se creó una comisión tripartita presidida por Gustavo Montalvo, quien fuera ministro de la Presidencia. El resultado: largas rondas de diálogo sin propuesta final. La cesantía fue, otra vez, el punto de tranque.

El verdadero conflicto ha girado siempre en torno al régimen de indemnización. No se discute el teletrabajo, ni las licencias de paternidad, ni la formación profesional. Lo único que parece importar es cuánto cuesta despedir a un trabajador. Y eso ha sido suficiente para entorpecer tres décadas de discusiones.

El empresariado dominicano ha sido el principal actor de resistencia a cualquier cambio estructural. A diferencia de otros países donde los sectores productivos impulsan reformas para modernizar el marco laboral, aquí las gremiales patronales han hecho del inmovilismo una estrategia. El resultado es un mercado laboral rígido en el papel, precario en la práctica e injusto en sus frutos.

El argumento más repetido para justificar esta oposición ha sido la informalidad, que ronda el 55 %. Sin embargo, es esa misma informalidad la que ha hecho del empleo formal una opción poco atractiva: salarios bajos, falta de reconocimiento al trabajador y beneficios limitados. Muchos trabajadores prefieren arriesgarse vendiendo productos en la calle que aceptar empleos formales que no les garantizan un ingreso digno y que limita su tiempo.

La reforma laboral propuesta no elimina derechos. Al contrario, organiza y refuerza principios ya reconocidos constitucionalmente como el salario justo, la dignidad humana y el derecho a la capacitación. Además, introduce licencias más humanas, sanciona el acoso laboral y formaliza derechos de trabajadores históricamente invisibilizados, como los del hogar (domésticas, conserjes y choferes).

Y aunque la productividad en el país ha aumentado, los salarios reales se han mantenido estancados. En 2003, la inflación superó el 60 %, pero no hubo propuestas empresariales para aumentar los sueldos en esa proporción. Hoy, en cambio, insisten en usar el IPC (Índice de Precio al Consumidor) como único criterio para negociar salarios. Una propuesta que suena razonable solo si se tiene memoria selectiva.

Bien por el Senado
La reciente aprobación en primera lectura por parte del Senado dominicano de una reforma parcial al Código de Trabajo representa un paso importante. No es una reforma perfecta, pero rompe el ciclo de espera. Si no ha contado con el aplauso del empresariado, quizás sea porque, por primera vez en mucho tiempo, una reforma no está escrita para ellos.

Queda ahora por ver si la Cámara de Diputados, el sector sindical y la ciudadanía están dispuestos a avanzar hacia un nuevo pacto laboral que equilibre las fuerzas, formalice con dignidad y modernice sin retrocesos, porque no se trata solo de una ley, sino del tipo de país que queremos construir.
P.