Solo 16% de adultos mayores en República Dominicana recibe pensión contributiva

En República Dominicana, apenas el 16 % de los adultos mayores de 65 años recibe una pensión contributiva, pese a que el sistema fue concebido para garantizar cobertura universal.

El dato, contenido en un estudio elaborado por el Banco Mundial y la Superintendencia de Pensiones (Sipen), expone una de las brechas más importantes del modelo dominicano: la dificultad de convertir la afiliación en un beneficio real al llegar la edad de retiro.

El informe, titulado Historial Laboral y Densidad de Contribución en el Sistema Dominicano de Pensiones, recoge que, aunque el 62.7 % de la población en edad de trabajar está afiliada al sistema, un tercio de los trabajadores nunca ha realizado una cotización. La densidad promedio de contribución —es decir, la proporción de meses efectivamente aportados en relación con los meses posibles de cotización— es de apenas 4 de cada 10.

Según la Sipen, un 30 % de los afiliados tiene menos del 10 % de densidad de cotización, mientras que solo un 20 % presenta trayectorias formales casi completas. Este patrón, común en otros países de América Latina, está vinculado a la alta informalidad laboral y a la inestabilidad en el empleo, que interrumpe los aportes y reduce la probabilidad de alcanzar los requisitos para una pensión por vejez.

La densidad de cotización —que, por definición, es el porcentaje de meses efectivamente cotizados con relación al total de meses en que una persona podría haber cotizado según su edad y tiempo transcurrido desde su afiliación— es uno de los indicadores clave para evaluar la solidez de las trayectorias laborales dentro del sistema. Un sistema, en el caso dominicano, vigente y establecido por la Ley 87-01 en 2001, que se basa en un régimen de capitalización individual con tres pilares.

Uno de ellos es el contributivo, otro contributivo subsidiado (aún sin implementar) y uno no contributivo o solidario. El régimen contributivo cubre a los asalariados de los sectores público y privado y concede pensiones a quienes cumplan 60 años y hayan cotizado 30 años, o a quienes, con 55 años o más, tengan fondos suficientes para recibir una pensión al menos 50 % superior a la mínima. También contempla una pensión mínima garantizada para quienes acumulen al menos 300 cotizaciones (25 años).

El régimen contributivo subsidiado está diseñado para trabajadores independientes con ingresos a partir de un salario mínimo nacional, a través de un esquema mixto de aportes personales y subsidios estatales. Aunque la ley lo prevé, aún no ha sido puesto en marcha. Por su parte, el régimen no contributivo ofrece cobertura a personas con ingresos por debajo del salario mínimo nacional, desempleados, personas con discapacidad e indigentes, financiado con recursos públicos. Sin embargo, su alcance es limitado.

De acuerdo con el estudio, la baja cobertura contributiva se explica, en gran medida, por la rigidez de los requisitos y las trayectorias laborales interrumpidas. La investigación subraya que, para la mayoría, es difícil completar los años de cotización exigidos debido a períodos prolongados de informalidad, desempleo o inactividad. Esto provoca que, incluso quienes han cotizado en algún momento, no logren cumplir las condiciones para recibir una pensión contributiva.

Los datos revelan, además, que el ingreso influye de forma determinante en la densidad de cotización: los trabajadores que ganan más de tres salarios mínimos presentan una densidad 25 puntos porcentuales mayor que quienes perciben menos de la mitad de un salario mínimo. En términos generacionales, los grupos más jóvenes presentan mejores resultados: entre las personas nacidas en 1990, la mitad cotizaba al cumplir 30 años, mientras que en las nacidas en 1975 esa proporción era de solo tres de cada diez.

En cuanto a las diferencias por sexo, no se observan brechas significativas en densidad ni en salarios una vez afiliados, salvo en 2023, cuando la tasa de participación masculina fue 6.7 puntos porcentuales más alta que la femenina.

El estudio también plantea que la cobertura real del sistema se ha mantenido estancada. De acuerdo con la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), en 2022 solo el 40.9 % de los trabajadores cotizaba a la seguridad social. Este indicador, sumado al hecho de que solo 16 % de los adultos mayores recibe una pensión contributiva, confirma que una gran parte de la población llega a la vejez sin ingresos de este tipo.

En el análisis regional (traducido al español, porque está en inglés), los autores recuerdan que otros países enfrentan retos similares y que las políticas públicas deben abordar no solo la afiliación, sino también la permanencia en el sistema. Las interrupciones frecuentes en los aportes afectan la acumulación de fondos y, por ende, el monto de la pensión.

El sistema dominicano, según la clasificación de Mesa-Lago y Bertranou (1998), está en el grupo de países “rezagados” junto a El Salvador, Haití, Honduras, Guatemala y Nicaragua, donde los programas de seguridad social iniciaron tarde y con limitaciones estructurales.

Antes de 2001 existían varios regímenes de reparto —como el del Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS), el fondo de jubilaciones y pensiones del Estado, y regímenes especiales para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional— que presentaban problemas de exclusión y sostenibilidad financiera.

Hay que diseñar políticas que muevan a formalidad

La reforma estructural buscó ampliar la cobertura y asegurar la sostenibilidad, pero su efectividad depende de la capacidad de mantener a los trabajadores cotizando. La tasa de cotización vigente para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia es de 9.97 % del salario cotizable, de los cuales 2.87 % corresponde al trabajador y 7.1 % al empleador.

La mayor parte (8.4 %) va a la cuenta individual, mientras que el resto se destina a seguros y fondos complementarios. A pesar del marco legal, la implementación de los pilares solidarios ha sido insuficiente.

El régimen no contributivo, por ejemplo, ofrece pensiones equivalentes al 60 % del salario mínimo del sector público, actualizadas según la inflación, pero su cobertura es mínima en comparación con la población objetivo. Para los autores del informe, el desafío de ampliar la cobertura pasa por diseñar políticas que incentiven la formalidad.
EC