En dicha reforma, promulgada a comienzos del 2023 por el impopular presidente francés —perdió casi 100 bancas en los comicios de julio y cayó duramente derrotado unas semanas antes en las elecciones parlamentarias europeas—, también se dispone que los ciudadanos deberán trabajar durante 43 años (en lugar de los 42 actuales) para recibir una pensión estatal completa.
Y si bien Macron ha intentado convencer a la sociedad argumentando que el envejecimiento de la población en Francia —que tiene actualmente 17 millones de pensionistas, cuatro millones más que en 2004— hacen necesaria la reforma para que el país no quiebre, y que la edad de la jubilación en el país galo es baja comparada con otros países europeos (los alemanes deben trabajar hasta los 65 años, por ejemplo), la mayoría de los franceses, así como los sindicatos y un amplio espectro del arco político,
rechaza la reforma, que fue implementada sin pasar por la Asamblea Nacional.
Ahora, señala el diario, que tanto Le Pen como el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, cuyo partido obtuvo más votos dentro de la coalición de izquierda, han propuesto reducir el número necesario de años cotizados para recibir la pensión completa, así como han presentado proyectos legislativos para reducir la edad jubilatoria, la reforma de Macron podría ser derogada en el Parlamento.
«Maxime Darmet, economista de la aseguradora Allianz Trade con sede en París, cree que estos cambios [anular la reforma] podrían costar entre 10.000 millones de euros y 60.000 millones de euros. Esto, dijo, resultaría en un enorme agujero fiscal, ya que ya se necesitan 70.000 millones de euros de ahorro para reducir el déficit presupuestario de Francia a menos del 3% del PIB para 2027, el máximo permitido según las normas de la UE», señala la nota.
Por su parte, el economista británico Felix Feather le dijo al diario que Francia «
está gastando mucho más que el país promedio de la UE en beneficios sociales, por lo que el gasto en pensiones tiene un impacto externo en su deuda y en cómo la ven los mercados. La cuestión de las pensiones es fundamental para las perspectivas fiscales a largo plazo de Francia. La demografía señala que el gasto en pensiones se expandirá».
En ese sentido, vale recordar que el déficit presupuestario de Francia, que representará el 5,5% del PIB en 2023, es uno de los más altos de la Unión Europea. El país gasta el 13,9% de su PIB en pensiones públicas, casi el doble del promedio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), señala el artículo.
«El Fondo Monetario Internacional espera que la relación deuda/PIB de Francia alcance el 118,5% para 2027. Cuando Macron llegó al poder en 2017, era del 98,1%. Las preocupaciones sobre los niveles de deuda de Francia llevaron a la agencia de calificación Standard & Poor’s a rebajar la calificación crediticia del país en mayo. Moody’s ha advertido que podría hacer lo mismo si se revocan las reformas de las pensiones», advierte The Telegraph.
La situación «insostenible» del Reino Unido
En un mismo sentido, el medio británico señala que si bien el flamante Gobierno laborista ha prometido que no hará modificaciones al sistema de pensiones —que de todas maneras experimentará cambios, al haberse establecido por ley previamente que la edad de jubilación estatal aumentará de 66 a 67 años en 2028, y luego a 68 años a mediados de la década de 2040—, es posible que no tenga otra opción que tomar el mismo camino que el presidente Macron, dada la dramática situación de las finanzas públicas del país.
«Al igual que en Francia, una proporción cada vez menor entre trabajadores y pensionados corre el riesgo de hacer que el sistema público de pensiones británico sea fiscalmente insostenible. El gasto en pensiones ha aumentado del 2% del PIB a principios de la década de 1950 a más del 7% en la actualidad», señala el diario.
Esta situación, sentencia el artículo, ha provocado que entre la clase política británica y los expertos la idea de que elsistema estatal de pensiones necesita urgentemente una reforma sea menos controvertida que en Francia. Sin embargo, lo que harán las autoridades al respecto en el corto plazo no está tan claro, afirma el diario.
«Una opción es simplemente hacer que la gente trabaje más tiempo. Décadas de aumento de la esperanza de vida significaron que elevar la edad a la que las personas se jubilaban era la panacea que ayudaba a mantener funcionando el sistema de pensiones estatal. Pero una reciente caída en la longevidad ha complicado el panorama. Esto obligó en el pasado al entonces canciller Jeremy Hunt a retrasar por segunda vez la decisión sobre si aumentar la edad de jubilación estatal», recuerda el medio.
Por ello, The Telegraph señala que si bien los laboristas podrían tener pocas opciones más que implementarla si quieren ser responsables, lo cierto es que no tienen ningún estímulo político para hacerlo.
Según un grupo de expertos del Centro Internacional de Longevidad, la edad de jubilación estatal [en el Reino Unido] tendría que aumentar a 70 años para 2040 para mantener la proporción actual de trabajadores por pensionista. Además de ser profundamente impopular, esto puede resultar inviable si las personas no están lo suficientemente sanas para trabajar. Esto sin contar que la alternativa a aumentar la edad de jubilación también sería políticamente tóxica para los laboristas, que acaban de regresar al poder luego de 14 años de Gobierno ininterrumpido de los conservadores y no van a estar dispuestos a perder su capital político tan rápidamente, concluye el diario británico.
