Tras el freno en la obra pública, Argentina gastará 500 millones de dólares en importar gas

SPUTNIK. La interrupción de los trabajos de ampliación de la capacidad del gasoducto que conecta a Vaca Muerta con el resto del país forzó al Gobierno a acudir al mercado externo para abastecer a la demanda local. Tras un aluvión de críticas por el mal manejo en el área, el Poder Ejecutivo dispuso retomar el desarrollo de la infraestructura estratégica.
La «motosierra» demostró tener un costo. La parálisis en la obra pública establecida por el Gobierno de Javier Milei apenas asumió el cargo frenó la ampliación de la capacidad de transporte del gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), que abastece al país con el gas proveniente del yacimiento Vaca Muerta (sur). Para satisfacer la alta demanda propia del invierno, el Estado importará gas por unos 500 millones de dólares.
El GPNK transporta 11 millones de metros cúbicos de gas por día, pero su capacidad podría ser del doble de haberse finalizado con la construcción de plantas compresoras del recurso. El retaceo en el pago de una deuda de 40 millones de dólares con las dos empresas constructoras (Sacde y Contreras) ralentizó los trabajos que hubieran posibilitado contar con el pleno funcionamiento del ducto.
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) se vio forzada a licitar la compra de 12 cargamentos de fueloil y gasoil para afrontar el pico de gas que el Gobierno preveía que llegaría recién a mediados de junio. Parte de ese faltante podría haber sido cubierto si se hubiera culminado la construcción de las plantas ubicadas en Tratayen, Neuquén (sur); y Salliqueló y Mercedes, provincia de Buenos Aires (centro).

En los primeros meses de gestión de Javier Milei, la firma Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) interrumpió el pago a las constructoras a cargo de las obras, lo cual forzó a ambas empresas a disminuir su capacidad de trabajo. Expertos advirtieron que, de haber cumplido con el cronograma original, los proyectos previstos estarían casi terminados, ahorrando más de la mitad de las divisas dirigidas a la importación de gas.
La gravedad de la situación quedó reflejada en la decisión del Gobierno de declarar la pre-emergencia del sector energético y ejecutar cortes de gas natural a determinadas industrias (maderera, de cerámica y plásticos). Es que los sectores de demanda prioritaria (hogares y comercios) ya se encaminan a utilizar diariamente 80 millones de metros cúbicos de gas, cuando la media histórica para el mes de mayo ronda los 45 millones: prácticamente la mitad.
Anticipando el aluvión de advertencias por parte de voces expertas en la materia, el Gobierno decidió distender el acatamiento del mantra oficial —que reza que no hay dinero— para avanzar con otra obra clave: la reversión del Gasoducto Norte, previsto originalmente para mayo del 2023. Se trata de la construcción que abastecería del recurso a toda la región norteña, utilizando las instalaciones otrora utilizadas para el ingreso de gas desde Bolivia, cuya producción se encuentra en declive.

Costos y beneficios

«En invierno la alta demanda de gas lleva a que la oferta local sea complementada por la importación, pero las demoras en las obras han generado que las cantidades a comprar en el exterior sean mucho mayores a las previstas originalmente», explicó a Sputnik Juan José Carbajales, exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación y titular de la consultora Paspartú.
Según el especialista, «las plantas compresoras permiten ampliar el volumen de gas transportable, por eso es crucial desarrollar estas obras cuanto antes. Si bien suponen una fuerte inversión inicial de unos 45 millones de dólares, rápidamente esta se recupera y comienza a generar un ahorro neto de divisas.
«Hoy el gasoducto ofrece la mitad de su capacidad por las demoras en la concreción de obras. Esto fuerza la importación. El Gobierno empezó tarde a realizar las importaciones: compró 20 de los 30 buques previstos. Y hay que atender un factor crucial: la obra pública nacional se paga en pesos, pero la importación en dólares, y eso presiona sobre las reservas de divisas», agregó el investigador.
Consultado por Sputnik, el economista y consultor energético Paulo Farina relativizó la responsabilidad de la administración Milei. «Argentina importa gas desde el año 2008. Es cierto que el Gobierno no avanzó lo que debía, pero el anterior tampoco: la puesta en marcha de muchas de las obras estaba prevista para mayo del 2023, y también hubo demoras en ese momento».

La luz al final del túnel

En un marco de profundas dificultades macroeconómicas, signada por una sensible crisis que se monta sobre una década de estancamiento en los principales indicadores productivos, el potencial de Vaca Muerta representa motivo de esperanza. De acuerdo a los especialistas, la segunda reserva mundial de gas no convencional —y cuarta de petróleo— podría ser explotada en su totalidad de contar con las inversiones necesarias.
«El principal problema de los últimos años es la falta de financiamiento en el sector. Todas estas son obras fundamentales, que permiten seguir desarrollando Vaca Muerta y de la industria hidrocarburífera nacional», remarcó Farina.
«Duplicar la capacidad del gasoducto Néstor Kirchner tendría un claro impacto en las arcas públicas. Lo que importa es que la balanza comercial sea positiva, y para eso hay que poder vender ese gas», afirmó.
Según Carbajales, «el gran objetivo de todas estas obras es exportar gas. No solo reforzaría las reservas de divisas del país, sino que posicionaría a Argentina como un jugador de mayor peso a nivel internacional«. El consultor enfatizó: «espero que esto advierta al Gobierno de que hay obras estratégicas que deben ser mantenidas».

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