Tribunal Agroambiental de Bolivia ordena proteger al felino, su hábitat y a los defensores de la Naturaleza
Tras la audiencia de medidas cautelares realizada el pasado 23 de abril el Tribunal Agroambiental de Sucre, emitió una resolución que establece 12 disposiciones orientadas a la protección y conservación del jaguar. Pese a los intentos de obstaculización por parte de la Vicepresidencia del Estado, se lograron dictar medidas legales que refuerzan el compromiso de preservación, cuidado y protección del felino más representativo de Bolivia.
Después de una demanda interpuesta en febrero, por la Diputada María René Álvarez donde se denunció caza, tráfico y biocidio de jaguares en el Área Natural de Manejo Integral (AMNI) San Matías en el departamento de Santa Cruz, se solicitó a los magistrados dictar medidas cautelares de prevención y restauración del hábitat del felino.
En el informe de Peritaje Ambiental Cultural respecto al caso de protección del jaguar presentado por WWF Bolivia, se subraya la necesidad de restaurar de forma profunda los ecosistemas afectados y una gestión integral que considere la dimensión ambiental, social, económica y cultural del jaguar.
“Este informe observa que es necesario tomar medidas que aseguren la restauración de los ecosistemas y poblaciones afectadas, así también, restituir las condiciones que sustentan las relaciones espirituales y culturales entre el jaguar y los pueblos que lo consideran parte esencial de su identidad y su equilibrio vital”, afirmó Lila Sainz, Coordinadora de proyectos y punto focal de Vida silvestre de WWF Bolivia.
En la audiencia estuvieron presentes representantes del Estado, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, científicos y defensores ambientales. Estos 12 puntos reiteraron también la importancia del Acuerdo de Escazú en la aplicación de medidas y políticas para la protección al jaguar y su hábitat.
- Protección urgente a defensores ambientales desde la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público, la Policía Boliviana, el Ministerio de Justicia y Transparencia, el Ministerio de Gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia y otras autoridades competentes. Estas instituciones deben implementar en un plazo máximo de 10 días, medidas urgentes para prevenir ataques, amenazas o intimidaciones contra defensores ambientales.
- Elaborar un plan de acción nacional para la protección de defensores/as de derechos humanos en asuntos ambientales (en 30 días hábiles).
- Implementar planes participativos para mitigar conflictos humano-fauna silvestre, especialmente respecto al jaguar y con enfoque indígena e intercultural. (en 6 meses).
- Exhortar a que los procesos de extradición vinculados a delitos ambientales se inicien y tramiten con celeridad.
- Revisar el estatus del jaguar en el Libro Rojo, actualmente clasificado como ‘Vulnerable’, para posible reclasificación a ‘En Peligro Crítico’. (Concluir en 6 meses).
- Crear un fondo nacional de conservación del jaguar, con fondos nacionales e internacionales.
- Implementar una política de tolerancia cero al tráfico ilegal de vida silvestre.
- Elaborar un plan estratégico nacional a 10 años para conservar al jaguar, con participación de comunidades y sociedad civil.
- Pausa ecológica por quemas y chaqueos.
- Pausa ecológica para actividades extractivas.
- Elaborar una guía interinstitucional para la gestión científica de evidencia biológica decomisada, en 120 días.
- Actualizar contenidos escolares sobre biodiversidad, cambio climático y contaminación, en coordinación con la Wildlife Conservation Society (WCS), en un plazo de 90 días (desde el Ministerio de Educación).
Los puntos más importantes del dictamen son la pausa ambiental, la prohibición de quemas y chaqueos, la creación de un fondo desde el estado, la protección a los defensores de la naturaleza y la tolerancia cero a la caza y tráfico del felino.
La pausa ecológica por quemas y chaqueos tiene base en el decreto supremo 5225 que ordena la suspensión de las autorizaciones de quemas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), así como la prohibición de la emisión de nuevos permisos. Esta disposición se mantendrá vigente hasta una evaluación de las autoridades competentes con supervisión del Tribunal Agroambiental.
Actualmente el jaguar es considerado como uno de los felinos más importantes para los ecosistemas, los pueblos indígenas y es una de las especies en peligro de extinción que constantemente es afectada por el tráfico ilegal, la deforestación y la destrucción de sus hábitats naturales.
FUNDACION SOLÓN.
