Tribunal de EE.UU. revoca demanda por viajes de cruceros a Cuba
El Tribunal de Apelaciones del 11 Circuito de Estados Unidos (EE.UU.) anuló una sentencia previa que establecía que cuatro grandes líneas de cruceros que operaban en Cuba estaban prohibidas por la ley estadounidense.
En 2022, la jueza de distrito, Beth Bloom, ordenó a las destacadas líneas de cruceros con conexiones en el sur de Florida, Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises abonar 439 millones de dólares, además de honorarios y gastos legales, por una acusación injusta fundamentada en el bloqueo de EE.UU. a Cuba.
El fallo fue el primero de su clase debido a una disposición crucial, denominada Título III, de la Ley Helms-Burton —que codifica el bloqueo— que autoriza a los antiguos dueños de propiedades en la isla a reclamar sobre propiedades que fueron nacionalizadas por el Gobierno revolucionario y exigir a aquellos que, según ellos, se benefician del uso comercial de estas.
Cada jefe de la Casa Blanca ha suspendido el Título III desde que William Clinton ratificó la ley en 1996, hasta que Donald Trump puso fin a esa interrupción en 2019 durante su gobierno.
El veredicto 2-1 del pasado viernes en el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito ubicado en Atlanta desmanteló el fallo de la jueza miamense en una demanda que buscaba el «turismo prohibido» y «actividades de tráfico» al llevar pasajeros a Cuba y usar los muelles de las instalaciones de la empresa estadounidense Havana Docks, que fue nacionalizada en 1960.
En una declaración conjunta, MSC Cruises, NCLH y Royal Caribbean dijeron: «Estamos satisfechos con la decisión del tribunal de apelaciones y agradecemos al tribunal su minuciosa consideración del caso».
En la opinión predominante, tanto William Pryor como Adalberto Jordan establecieron que, a pesar de que Havana Docks presenta una demanda por la pérdida del muelle y las instalaciones y sus derechos de explotación, no poseía «ningún derecho de propiedad absoluta sobre ninguna propiedad inmobiliaria en el puerto de La Habana».
El 12 de marzo pasado, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció que la Ley Helms-Burt codifica el bloqueo y representa una agresión económica del Gobierno de Estados Unidos contra su nación, a nivel global y de forma generalizada.
Rodríguez publicó en su perfil en la red social X que el castigo criminal que esa ley aplica a las familias cubanas transgrede los Derechos Humanos y el Derecho Internacional; además demuestra el fracaso de la política de Estados Unidos hacia la Revolución.
Las secciones tercera y cuarta de la Ley Helms-Burton permanecieron inactivas hasta que Trump permitió su implementación como un componente de su política de presión extrema hacia Cuba y un obstáculo más para obstaculizar el camino hacia la normalización entre La Habana y Washington.
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