Un segundo semestre de incertidumbre: Milei resiste a la devaluación y crecen dudas en los mercados

SPUTNIK. Tras el anuncio de la segunda etapa del programa económico, centrado en la «emisión cero», los mercados reaccionaron con una caída en bonos y acciones argentinas, y una nueva suba de los dólares paralelos que acrecentó la brecha con la cotización oficial. «Parece que no hay un plan claro», dijo a Sputnik el economista Francisco Cantamutto.
El primer gran triunfo del Gobierno de Javier Milei parece no haber hallado un correlato en materia financiera. Tras la sanción de la ansiada ley ómnibus, los mercados no respondieron con la euforia esperada. En cambio, volvió a subir el riesgo país y se acrecentó la distancia entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas, profundizando las presiones devaluatorias.
Mientras acciones y bonos se desplomaron (aunque moderaron la tendencia en las últimas horas), los dólares paralelos subieron hasta rozar los 1.400 pesos argentinos, su récord nominal histórico. El blue se estacionó en los 1.405, mientras que el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) alcanzó los 1.395, y el Contado Con Liquidación llegó hasta los 1.398.
Con esta suba cercana al 2% en la primera semana de julio, la brecha cambiaria con el oficial (que cotiza a 934 pesos) se elevó hasta rozar un inflamable 50%. Además, el riesgo país volvió a subir y rompió la barrera de los 1.500 puntos básicos, sembrando un mar de incertidumbre respecto a bonos y acciones argentinas.

En ese escenario, complejizado por factores exógenos como la suba de las tasas de interés de Estados Unidos o la devaluación del real brasileño, el Gobierno argentino intentó llevar calma a través de una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Sin embargo, las autoridades evitaron dar precisiones sobre la política cambiaria a adoptar en el corto plazo.
Aún frente a presiones del propio Fondo Monetario Internacional, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un anticipo del Presupuesto 2025, en el que proyecta que el tipo de cambio llegará a los 1.016 pesos en diciembre. Es decir, que planea mantener la devaluación mensual (crawling peg) de apenas el 2% frente a una inflación considerablemente superior, lo que puede amenazar con «atrasar» el valor del dólar frente al del resto de precios de la economía.

Más dudas que certezas

«Todos los actores del mercado esperaban una corrección del tipo de cambio. Tras la aprobación de la ley ómnibus, parecía ser un momento adecuado para anunciar medidas de este tipo. Ahora parece que no hay un plan claro», dijo a Sputnik Francisco Cantamutto, economista del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Según el especialista, para el oficialismo se trata de una tormenta pasajera. «El Gobierno confía plenamente en que va a lograr sortear esta presión financiera, pero lo cierto es que tiene considerables obstáculos a sortear para estabilizar el programa económico», apuntó.

«El Gobierno hizo campaña diciendo que dolarizaría la economía y que eliminaría toda restricción cambiaria, pero ahora queda claro que no era tan sencillo como pretendía. El ministro Caputo salió a decir que continuaría haciendo exactamente lo que venía ejecutando, algo que generó desilusión en los mercados», remarcó Cantamutto.

Navegar la tempestad

Puesto a escoger entre una nueva devaluación —que sería la segunda de una gestión que comenzó llevando el tipo de cambio de 400 a 800 pesos por dólar— y un cambio de aires en el equipo económico, el oficialismo debería medir, según el experto, el impacto de un nuevo salto cambiario. «El Gobierno no quiere devaluar porque eso haría saltar por el aire el principal logro que tiene para mostrar que es la reducción de la tasa de inflación«, apuntó.
Efectivamente, desde el salto en los precios que supuso el paquete de medidas con el que inauguró su presidencia Milei, la inflación comenzó a recorrer un sendero descendente que situó en el 4,2% la inflación de mayo (la más baja en dos años). Sin embargo, convalidar un nuevo salto del dólar podría echar por tierra el principal triunfo económico de la gestión gubernamental.

Cantamutto consideró que «la tasa de inflación viene bajando, pero si devalúa gran parte de ese logro se le iría al diablo. Es un tema muy delicado porque, más allá de las implicancias macroeconómicas, es el principal activo político con el que cuenta Milei».
«La mayor parte de la producción se realiza importando bienes de capital, por lo que un componente central de la economía se ve afectado por el tipo de cambio. Aunque en una recesión tan fuerte puede no haber demanda para convalidar nuevos aumentos de precios, es imposible no trasladar el efecto de una devaluación a las góndolas de los supermercados», destacó el investigador.

El respaldo financiero

Si bien la administración Milei logró engrosar las arcas públicas en materia de divisas, lo cierto es que la falta de dólaressigue constituyendo el principal obstáculo estructural de la economía argentina. Es en ese marco que el oficialismo afronta una dificultad: si bien busca atraer capitales frescos, las restricciones puestas sobre el acceso al mercado cambiario —conocidas coloquialmente como «cepo al dólar»— pueden constituir una traba trascendental.
Según Cantamutto, «como no hay divisas, si el Gobierno eliminara el cepo al dólar afrontaría la posibilidad concreta de una corrida cambiaria y financiera. Sin embargo, si el Ejecutivo no elimina estos controles, las inversiones, incluso las de más corto plazo, no tendrían mucho incentivo a venir, porque no tendrían garantizada la posibilidad de girar los dividendos al exterior».

Frente a ese sinuoso panorama, y ante la necesidad de recibir las divisas necesarias, el Gobierno apostó por incluir en la sancionada ley ómnibus un capítulo trascendental: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una política que ofrece sendos beneficios fiscales y cambiarios a los desembolsos superiores a los 200 millones de dólares para el desarrollo de áreas estratégicas.
«El problema del RIGI es que está pensado como un incentivo al desembolso de divisasen el cortísimo plazo, pero no como una política de promoción productiva o de consolidación del robustecimiento de divisas de cara al futuro», advirtió el investigador.
«Es tan absurdamente concesiva la ley que los propios inversores sospechan si no generará conflictos judiciales en un futuro, o si podrá ser desandada por un potencial Gobierno de distinto signo político», planteó el economista.

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