¿Venderán parte de la costa del Río de la Plata? La polémica decisión de Buenos Aires que desata la reacción ambientalista en Argentina

RT. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con mayoría afín al expresidente Mauricio Macri, acaba de autorizar dos proyectos sobre el uso de tierras en distintos tramos de la costa del Río de La Plata, contemplando la instalación de parques públicos en la mayor parte del espacio, pero también la venta de hectáreas a manos de privados y la construcción de edificios lujosos.

La primera propuesta, ampliamente repudiada por el peronismo, la izquierda y agrupaciones ambientalistas, propone la ‘rezonificación’ en dos sectores del tramo norte de la Costanera: Punta Carrasco y Costa Salguero. Se trata de tierras públicas que, en la práctica, no lo eran, ya que se concesionaban a privados hace décadas, haciendo funcionar discotecas, oficinas empresariales y salones de eventos.

La nueva legislación estipula que de las casi 30 hectáreas que hay entre ambos terrenos, 25 se destinarán a espacios verdes y públicos, mientras que las restantes se podrían comercializar. En este sector puntual, se prevé la construcción de edificios modernos con hasta 24 metros de altura, destinados a viviendas, oficinas, comercios u otro tipos de espacios privados.

La iniciativa ya fue aprobada con 36 votos a favor y 22 en contra. De todos modos, todavía hay un fallo judicial vigente que declara inconstitucional la venta de tierras ribereñas. El Ejecutivo citadino debe revertir esta resolución si pretende concretar alguna transacción, y ya presentó una apelación.

Por su parte, los detractores exigen que todo el terreno se use como un gran parque público, rechazando los negocios inmobiliarios. De hecho, el peronismo juntó más de 53.000 firmaspara que la Legislatura trate en el próximo año la propuesta de que el 100 % de la superficie sea para todos, a modo de iniciativa popular.

Ahora, el trámite está siendo analizado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y si tiene el visto bueno, pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Igualmente, el macrismo cuenta con los votos mayoritarios en el Legislativo.

La Ciudad Deportiva, que no fue

En el sector sur de la Costanera también se despertó la polémica: la Legislatura aprobó —con 36 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones— un acuerdo con IRSA, el gigante de las construcciones, para utilizar las 70 hectáreas de lo que iba a ser la anhelada Ciudad Deportiva de Boca Juniors.

Se trata de un predio donde el club más popular de Argentina iba a construir innovadores sitios de esparcimiento, sumado a un enorme estadio, algo que jamás ocurrió. El lugar quedó abandonado, a la deriva, y se vendió a un privado en 1992 y después, en 1997, fue comprado por IRSA.

Ahora, esta firma tiene el aval legislativo para montar allí un barrio de torres imponentes, que se llamará Costa Urbana. Según la propia empresa, el territorio contará con «tiendas, oficinas, hoteles, clubes deportivos y de yates». Esto, además de zonas verdes, tendrá otros espacios «de servicios de apoyo, como escuelas, supermercados y estacionamientos». En concreto, se trata de una continuación para la zona de Puerto Madero, el desarrollo urbano más exclusivo de la ciudad, junto al río más ancho del mundo.

Al respecto, el oficialismo promete que 50 hectáreas del total serían usadas para espacio público. Asimismo, cuentan con que la compañía dará compensaciones económicas al Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible.

Opiniones cruzadas

En el partido liderado por el gobernador, Horacio Rodríguez Larreta —con serias aspiraciones presidenciales—, defienden las modificaciones bajo la premisa de que combinar lo público con lo privado sería la mejor forma de aprovechar el terreno.

De hecho, el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Daniel del Sol, sostuvo que la determinación sobre la Costanera Norte pretende «generar un gran área de espacio verde de acceso público y un área urbanizable con mixtura de usos para el desarrollo de la ciudad en el borde costero». Según el macrismo porteño, esto garantizaría la circulación de personas.

Sobre el territorio en la parte sureña de la capital, Del Sol señaló que se quiere «recuperar, renovar y desarrollar un amplio terreno en desuso», donde la población no tenía acceso.

En contrapartida, la legisladora Claudia Neira le dice a RT que «ni siquiera hubo estudios de impacto ambiental previo a este convenio con IRSA». Ello, considerando que más de la mitad de las 71 hectáreas «son tierras ganadas al río», señala. «Hay pantanos y vegetación, todo debe ser evaluado», subraya.

Asimismo, la diputada del Frente de Todos —afín al presidente, Alberto Fernández— cuestiona que la entrada al río planificada en Costa Urbana «va a tener un acceso muy reducido para la ciudadanía, con un ingreso por un costado de los edificios».

Actualmente, los porteños cuentan con pocos espacios públicos para disfrutar del Río de la Plata. Esto es algo muy distinto a lo que ocurre con las playas de Montevideo (Uruguay), o lo que pasaba en la propia Buenos Aires de 1918, cuando se inauguraba el Balneario Municipal para las clases populares, ya extinto.

«No se entiende cuál es el interés del Estado»

Por otro lado, Neira critica que se haya autorizado la construcción de propiedades lujosas cuando la capital afronta un alto déficit habitacional: «Quieren hacer un barrio de similares características a Puerto Madero, que hoy se encuentra en un 50 % desocupado«. Y añade: «No se entiende cuál es el interés del Estado por promover este tipo de viviendas».

Para la entrevistada, el Gobierno de la Ciudad no participa en la planificación de construcciones de inmuebles o desarrollo urbano: «Hace mucho tiempo, un 70 % de las viviendas que se construyen, son de lujo. En general, están ociosas, porque se usan como reserva de valor, para invertir en ladrillos», describe. «Esa falta de planificación, hace que tengamos un mercado de vivienda cada vez más inaccesible, porque no hay oferta para los sectores medios», agrega.

Desde su bancada, plantean que «la construcción de vivienda social es la respuesta más evidente», aunque esta política «ha sido abandonada». Otra buena opción sería hacer propiedades para incidir en el mercado de alquileres, dice, mientras muchos inquilinos están en aprietos para llegar a fin de mes, ante precios impagables. «Tenemos propuestas para comprar edificios que están a bajo valor, y poner las viviendas en alquiler», remarca.

Incluso comenta una variante al convenio con la empresa constructora: «Se les puede ofrecer que construyan metros cuadrados en otros lugares. Que inviertan en viviendas para los sectores medios, que necesitan hogar, y la Ciudad necesita más oferta».

Manifestaciones

Durante los últimos meses, miles de ciudadanos han protestado contra las iniciativas del Ejecutivo. Estos repudios fueron protagonizadas por partidos opositores, movimientos sociales y agrupaciones ambientalistas, que expresan querer mejorar el acceso al río para toda la ciudadanía.

Además de manifestaciones en las calles, la Audiencia Pública por las tierras de Costanera Norte, que finalizó en enero y duró dos meses, tuvo 2.057 oradores: el 97 % rechazó el proyecto oficialista. Aunque lo pronunciado en esa instancia no sea de cumplimiento obligatorio, para los ecologistas hay una actitud «antidemocrática» del Gobierno citadino, que avanza con su plan pese a la negativa abrumadora.

El jueves de la semana pasada, se produjo una convocatoria frente a la Legislatura, con cientos de manifestantes y pancartas contrarias a los proyectos de ley. La votación tuvo que realizarse a puertas cerradas, con vallas y un cordón policial.

Leandro Lutzky