Venezuela condena intenciones de privatización de la riqueza petrolera por parte de extremistas
El Ministerio de Hidrocarburos venezolano rechazó este jueves las intenciones de privatización de la riqueza petrolera del país por parte de una vocera de la extrema derecha nacional, calificando dichas pretensiones de «talante antinacional» e inconstitucionales.
«El Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos, en nombre de la industria petrolera, gasífera y petroquímica venezolana, repudia de manera categórica las infelices declaraciones… en las que expresa la intención de privatizar la industria de los hidrocarburos de nuestra Patria«, puntualizó el ministerio en un comunicado.
El organismo venezolano resaltó que sumando a estás pretensiones ilegítimas, la vocera antecede un historial caracterizado por la solicitud de «sanciones, agresiones e intervenciones» contra el país, constituyéndose como dirigente de los «factores más violentos y extremistas de la política nacional», que han enlutado a «cientos de familias venezolanas».
Destacó que estas declaraciones están por encima del artículo 12 de la Constitución, que contempla «la propiedad exclusiva, inalienable e imprescindible de la República sobre los hidrocarburos», actividades que constituyen«la más importante actividad económica de Venezuela».
«La importancia del petróleo para Venezuela nunca podrá ser disminuida por quien no tiene -y nunca tendrá autoridad real ni moral para hablar de nuestra industria», añadió.
En el documento el ministerio venezolano enfatiza que el 74% de las exportaciones venezolanas en la última década corresponden por el sector hidrocarburos, según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), además de detallar que el motor petrolero refleja un crecimiento de 15.2% para el año 2025.
Cabe destacar que sectores de la extrema derecha venezolana han solicitado históricamente y, en reiteradas ocasiones, intervenciones militares extranjeras contra el país, impulsando escenarios de presión internacional que tenían el objetivo de derrocar el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra secuestrado actualmente junto a su esposa, Cilia Flores, por el gobierno de Estados Unidos, y enfrenta cargos por la supuesta posesión de armas de guerra y presunto narcoterrorismo.
Las acciones promovidas por ciertos grupos extremistas venezolanos no solo se limitaron a peticiones de índole militar, sino que también abarcaron el ámbito mediático y social, por ejemplo, la utilización de artistas e influencers para construir una matriz de opinión negativa contra el presidente venezolano en diversas plataformas digitales.
Esta táctica formó parte de una «guerra no convencional» o «estrategia de comunicación» diseñada para deslegitimar al gobierno e influir en la percepción pública tanto dentro como fuera de Venezuela. El uso de figuras públicas busca amplificar mensajes y generar un ambiente de descontento que propicie la presión internacional.
Asimismo, la oposición de extrema derecha venezolana ha sido vinculada a protestas violentas que dejaron un rastro de destrucción en varias ciudades del país. Estas «acciones de calle», llevadas a cabo por «grupos violentos», buscaron desestabilizar a la nación. Los disturbios generaron un impacto significativo en la infraestructura y la paz social, siendo presentados como parte de una estrategia para forzar un cambio político en el país.
Tales eventos, además de sus consecuencias internas, contribuyen a la narrativa internacional que ciertos sectores de la oposición buscan construir para justificar medidas coercitivas o intervenciones externas.
Desde Miami, en Estados Unidos, y mediante la movilización de recursos y actores en diferentes frentes, estos sectores buscan permanentemente alterar el panorama político de Venezuela a través de la injerencia externa y la desestabilización interna. La consolidación de la presión internacional se mantiene como una de las principales líneas de acción de una parte de la oposición para alcanzar sus objetivos políticos.
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