Por Luis Holguín Veras
Permitir la corrección de todos los entuertos que componen el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que parece responder más a los intereses de los negocios insertados en él que garantizar los derechos de las personas afiliadas este sistema.
En los dos artículos que preceden esta entrega, hemos estado analizando la reciente Resolución del CNSS, la No. 550-04, en la cual hemos ido comentando sus distintos componentes, en los cuales tratamos de evidenciar las inconsistencias de este importante órgano de rectoría en la producción de sus decisiones, las cuales se expresan a través de las Resoluciones que dicta dicho órgano para cada una de sus reuniones o sesiones.
En esta última entrega, completamos el análisis y sugerimos acciones correctivas de esta última Resolución, así como de todas las Resoluciones anteriores, lo que podría permitir la corrección de todos los entuertos que componen el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que parece responder más a los intereses de los negocios insertados en él que garantizar los derechos de las personas afiliadas este sistema.
Continuando con el análisis, podemos decir que consideramos que es extraño que el CNSS que ha recurrido a la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y Procedimiento Administrativo, en especial su Artículo 3, solo se concentrara en el principio contenido en el numeral 22 y obviara muchos otros principios que también deberían ser considerados en la deliberación y argumentaciones sobre las cuales producir la decisión que dio origen a su Resolución 550-04.
Como ejemplos, mencionaremos algunos de los otros principios definidos por la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y Procedimiento Administrativo, que consideramos debieron también ser considerados por el CNSS:
1.Principio de juridicidad:En cuya virtud toda la actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado.
2. Principio de servicio objetivo a las personas:Que se proyecta a todas las actuaciones administrativas y de sus agentes y que se concreta en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, proscribiendo toda actuación administrativa que dependa de parcialidades de cualquier tipo.
3. Principio promocional:Expresado en la creación de las condiciones para que la libertad y la igualdad de oportunidades de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivos, removiendo los obstáculos que impidan su cumplimiento y fomentando igualmente la participación.
4.Principio de racionalidad:Que se extiende especialmente a la motivación y argumentación que debe servir de base a la entera actuación administrativa. La Administración debe actuar siempre a través de buenas decisiones administrativas que valoren objetivamente todos los intereses en juego de acuerdo con la buena gobernanza democrática.
5.Principio de igualdad de trato:Por el que las personas que se encuentren en la misma situación serán tratados de manera igual, garantizándose, con expresa motivación en los casos concretos, las razones que puedan aconsejar la diferencia de trato.
6. Principio de eficacia:En cuya virtud en los procedimientos administrativos las autoridades removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán la falta de respuesta a las peticiones formuladas, las dilaciones y los retardos.
7. Principio de seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa:Por los cuales la Administración se somete al derecho vigente en cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas y criterios administrativos.
8. Principio de ejercicio normativo del poder:En cuya virtud la Administración Pública ejercerá sus competencias y potestades dentro del marco de lo que la ley les haya atribuido, y de acuerdo con la finalidad para la que se otorga esa competencia o potestad, sin incurrir en abuso o desviación de poder, con respeto y observancia objetiva de los intereses generales.
9.Principio de imparcialidad e independencia:El personal al servicio de la Administración Pública deberá abstenerse de toda actuación arbitraria o que ocasione trato preferente por cualquier motivo y actuar en función del servicio objetivo al interés general, prohibiéndose la participación de dicho personal en cualquier asunto en el que él mismo, o personas o familiares próximos, tengan cualquier tipo de intereses o pueda existir conflicto de intereses.
10. Principio de relevancia:En cuya virtud las actuaciones administrativas habrán de adoptarse en función de los aspectos más relevantes, sin que sea posible, como fundamento de la decisión que proceda, valorar únicamente aspectos de escasa consideración.
11. Principio de coherencia:Las actuaciones administrativas serán congruentes con la práctica y los antecedentes administrativos salvo que por las razones que se expliciten por escrito sea pertinente en algún caso apartarse de ellos.
12. Principio de buena fe:en cuya virtud las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento legal de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.
13. Principio de confianza legítima:En cuya virtud la actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la propia Administración en el pasado.
14. Principio de asesoramiento:El personal al servicio de la Administración Pública deberá asesorar a las personas sobre la forma de presentación de las solicitudes y su tramitación.
15. Principio de responsabilidad:Por el que la Administración responderá de las lesiones en los bienes o derechos de las personas ocasionados como consecuencia del funcionamiento de la actividad administrativa. Las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
16. Principio de facilitación:Las personas encontrarán siempre en la Administración las mayores facilidades para la tramitación de los asuntos que les afecten, especialmente en lo referente a identificar al funcionario responsable, a obtener copia sellada de las solicitudes, a conocer el estado de tramitación, a enviar, si fuera el caso, el procedimiento al órgano competente, a ser oído y a formular alegaciones o a la referencia a los recursos susceptibles de interposición.
17. Principio de celeridad:En cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos.
