Perú a dos años de Dina Boluarte

Por Anahí Durand Guevara

El próximo 7 de diciembre Dina Boluarte cumplirá dos años en el Gobierno. Ese día habrá gobernado 6 meses más que los casi 17 que Pedro Castillo -electo en las urnas y a quien ella, su vicepresidenta, reemplazó y traicionó- estuvo ejerciendo la Presidencia.

Desde aquel 7 de diciembre de 2022 en la práctica gobierna la coalición protagonista del golpe, una coalición conformada por el fujimorismo y otros partidos de derecha en el Congreso, así como operadores fiscales, grandes medios de comunicación, gremios empresariales y Fuerzas Armadas, actores que no han tenido grandes dificultades en subordinar a Boluarte.

Fue Dina Boluarte quien asumió la responsabilidad de estabilizar al régimen reprimiendo brutalmente el estallido social postgolpe. Lo hizo con la complicidad de la comunidad internacional y la venia silenciosa de la derecha liberal. Hoy, con la sociedad golpeada, el Ejecutivo controlado y el Congreso como principal punta de lanza, la coalición golpista liderada por el fujimorismo avanza en copar los poderes del Estado y desarrollar la agenda programática que perdió las elecciones en 2021. La coalición perdedora ha logrado salvar el orden neoliberal y ha forzado la estabilidad a costa, eso sí, de colapsar la democracia, deteriorar la economía y burlar el voto popular.

La estabilidad se evidencia en la determinación del Congreso –única instancia legitimada para destituir a la presidenta- de sostener a Dina Boluarte. El Congreso peruano, adicto a las mociones de vacancia en las últimas décadas, no ha discutido ninguna moción de vacancia contra la mandataria, ni por los crímenes de lesa humanidad durante las protestas, ni por el escándalo de corrupción de los relojes Rolex que habría recibido del gobernador regional de Ayacucho, ni por la trama de corrupción organizada por su hermano, Nicanor Boluarte, para destinar recursos públicos a la inscripción del partido familiar. A pesar de que la incapacidad de Boluarte es ostentosa, las élites prefieren mantenerla en el poder, aunque su propio futuro electoral sea incierto.

 

Aumentan las protestas ante la crisis de seguridad

La crisis de seguridad ciudadana en Perú ya no es un secreto. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), durante el mandato de Pedro Castillo, el 27,8% de los peruanos señalaban la delincuencia como uno de los principales problemas del país (segundo problema detrás de la corrupción). En 2024, después de dos años de desgobierno de Boluarte, esta cifra alcanza el 39,4%. Asimismo, pese a tener una tasa de homicidios de las más bajas del continente, los asesinatos están en continuo aumento desde hace varios años. Según el INEI, entre el 2013 y el 2023, la tasa de homicidios aumentó en un 45%. Los medios de comunicación le han dado amplia cobertura al tema, dedicándole sus portadas y noticieros.

El problema de la inseguridad ciudadana muestra claramente la desinstitucionalización neoliberal. Con el Estado reducido a su mínima expresión y los poderes públicos más preocupados en perseguir a la oposición que a los criminales, sumado a la constante inestabilidad política, es prácticamente imposible atender esta demanda ciudadana. Ni el anecdótico “Plan Boluarte contra la inseguridad” ni el permanente Estado de emergencia han logrado frenar la expansión de la delincuencia que azota, sobre todo, a las clases populares.

La crisis securitaria tuvo un pico el pasado octubre, cuando el sector del transporte informal, víctima de extorsiones y represalias por parte del crimen organizado, tomó la iniciativa al protagonizar dos jornadas de paros exitosas en Lima y las principales ciudades de la costa. En un país atomizado por treinta años de neoliberalismo, organizar la comunidad es casi una epopeya, más aún por tratarse de un gremio donde confluyen pequeños empresarios independientes que se autoperciben “emprendedores”, pero son trabajadores precarizados.

De un modo similar al estallido social de diciembre del 2022/2023, las protestas contra la inseguridad han evidenciado la dicotomía entre el mundo laboral formal, cada vez más minoritario y marginal en la economía peruana, y un pueblo heterogéneo producto de la economía informal, que exige cambios estructurales. Contra los pronósticos del Gobierno, que minimizó y “terruqueó” (calificó de terroristas) las protestas, el paro fue acatado con éxito, tanto por transportistas como por asociaciones de mercados y pequeños comerciantes.

Un nuevo Paro Nacional contra la inseguridad ha sido anunciado para los días 13, 14 y 15 de noviembre, fechas en que se desarrollará en Lima la Cumbre Económica Asia-Pacifico (APEC), lo que augura cierta repercusión internacional. Es muy probable que la movilización sea contundente. Hasta ahora, la población del sur del país, protagonistas del estallido de 2022, no se ha sumado a este movimiento urbano, pues considera que la historia hubiese sido otra si el gremio de transportistas que hoy se organiza los hubiese apoyado durante el estallido. Todavía prima la fragmentación en el campo popular y ello fortalece al régimen. Está por verse si, más adelante, organizaciones y partidos pueden avanzar en unidad política, social y electoral.

 

Sin vacancia ni estallido: esperando el calendario electoral

Como define la normativa electoral peruana, a partir de abril de 2025 una vacancia presidencial no comportaría un adelanto electoral automático. Paradójicamente, este hecho aumenta considerablemente las posibilidades de que se produzca la vacancia de Boluarte, ya que la misma no comportaría el cese de los congresistas que deben llevarlo a cabo.

No obstante, con los actores políticos y la sociedad en su conjunto resignados a que el calendario electoral siga su curso regular con elecciones en abril del 2026, empiezan a tejerse acercamientos, a articularse bloques y a perfilarse tímidamente candidatos. Todo ello en un escenario de altísima fragmentación. Se cuentan 37 partidos inscritos y no existen incentivos para concretar alianzas; por el contrario, la ley electoral eleva la valla para los partidos que deciden unir fuerzas

Desde la derecha, el bloque más consolidado es el fujimorismo, agrupación que después de la muerte de Alberto Fujimori vuelve a tener a Keiko como protagonista. Con un exiguo 13% en las encuestas, la fragmentación prácticamente le asegura el pase a segunda vuelta en las presidenciales por ausencia de adversario. En la ultraderecha, López Aliaga (Renovación Popular) ya viaja por el país en campaña y puede atraer partidos más pequeños que evalúen no pasar la valla. Otras fuerzas más tradicionales, como el APRA, Acción Popular y el PPC todavía deberán articularse y buscan fichar a figuras que incrementen sus votos.

El autodenominado “centro democrático” también ha empezado a articularse con anuncios de conversaciones. El Partido Morado ha deslizado la candidatura del expresidente Francisco Sagasti, y partidos nuevos como Primero La Gente promueven a figuras como Susel Paredes y Marisol Pérez Tello (exPPC). También destacan el rector de la Universidad de Ingeniería Alfonso López Chau (y su partido Ahora Nación) y el expresidente Martín Vizcarra, aunque de momento esté inhabilitado para participar.

Desde la izquierda y el campo popular la situación es complicada. A la fecha, no existe un liderazgo articulador y de consenso que lidere una coalición, siendo muy probable que se multipliquen pequeñas candidaturas. Agrupaciones como el Nuevo Perú y el MTPE (patria roja), además de sindicatos como el SUTEP y la CGTP, se han acercado a López Chau y parecen preferir una alianza de centro izquierda. Otros grupos con inscripción, como Juntos por el Perú -del congresista y exministro de Castillo, Roberto Sánchez- y todas las voces del congresista Guillermo Bermejo buscaron acercarse a Antauro Humala, aunque la reciente inhabilitación de su partido altera el escenario.

No debe olvidarse a Perú Libre, que muy probablemente postule a la Presidencia a Vladimir Cerrón o a su hermano Waldemar, que comparte mesa directiva en el Congreso con el fujimorismo.

En el campo popular, donde se ubican organizaciones que reivindican el estallido de diciembre 2022 y sus plataformas (Renuncia Dina, Cierre del Congreso, Nueva constitución, Libertad/restitución Pedro Castillo) también se cuentan varias agrupaciones en proceso de inscripción. Es el caso de Adelante Pueblo Unido (APU), liderada por el expremier Aníbal Torres, o el MUP del exministro Hernando Cevallos (que logró un acuerdo con APU). Cuenta además Todos con el Pueblo, proyecto directamente vinculado a Pedro Castillo con voceros como Iber Maravi o Nicolás Bustamente. Este bloque tendría arraigo territorial especialmente en el sur, un arraigo que podría garantizar una plataforma suficiente para pasar a segunda vuelta confrontando radicalmente con la derecha. Sin embargo, el espacio carece todavía de un candidato potente, pues es probable que Pedro Castillo, Betsy Chávez y Aníbal Tores sean condenados en el juicio que se les sigue por rebelión y, consecuentemente, queden fuera de carrera electoral.

Conviene recordar que las elecciones de 2026 tendrán fuertes déficits democráticos. La coalición gobernante está inhabilitando a opositores, eliminando partidos políticos y manipulando las reglas electorales. Por ahora, ha logrado sacar de juego a Martín Vizcarra y a Antauro Humala, y avanzan en inhabilitar a las principales figuras del castillismo. También desde el Congreso buscan controlar los organismos electorales y cambiar reglas de juego, modificando la legislación electoral.