¿Quiénes están detrás del despojo de tierras a los últimos indígenas kakataibo en Perú?
En grave peligro se encuentran los territorios ancestrales que habitan, bajo aislamiento voluntario, los últimos indígenas de la etnia kakataibo de Perú, zona que fue decretada como «reserva» para proteger «los derechos, hábitat y condiciones que aseguren la existencia e integridad» de esa comunidad originaria, pero que actualmente está afectada por el narcotráfico, empresarios y la acción irregular del Estado.
La «Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur», en el Amazonas peruano, se encuentra protegida por el Estado desde el 22 de julio de 2021, cuando fue decretada como tal, tras reconocerse el espacio geográfico de estos indígenas en varios distritos de las regiones de Loreto, Ucayali y Huánuco.
En total comprende un área de casi 149.000 hectáreas, extensión del que el Ministerio de Cultura es responsable de dictar «mecanismos de protección territorial para salvaguardar los derechos fundamentales, colectivos y el uso y manejo de los recursos naturales para la subsistencia del pueblo kakataibo que vive en ella», explica el decreto gubernamental.
Una investigación del medio peruano La República advierte de que la actividad narco en la zona, los cultivos ilícitos de coca, la deforestación causada por las empresas mineras, la presencia de madereros ilegales, agricultores y ganaderos, han provocado que el 19,3 % de las 275.203 hectáreas que ocupan en total las comunidades nativas conocidas como «zonas de ampliación» y que no son reconocidas por el Estado, están deforestadas.
Pero además de estar amenazados por invasores y actividades irregulares, los territorios kakataibos también sufren el impacto negativo de la acción del Estado, que entregó antes de reconocer la reserva dos concesiones petroleras y una forestal que siguen vigentes, así como otros cuatro permisos a mineras tras la declaratoria del territorio como intangible.
«Estas cuatro concesiones mineras que se superponen con la Reserva Indígena Kakataibo Sur y la comunidad nativa Unipacuyacu, fueron autorizadas por Henry Luna Córdova, presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet); y por Vilma Vilcas Melchor, de la Dirección Regional de Energía y Minas de Huánuco, entre mayo de 2023 y julio de 2024. El área total es de 2.000 hectáreas», explica el reportaje.
Unipacuyacu, el territorio no titulado
Una de las zonas de ampliación que aún no ha sido reconocida es Unipacuyacu, cuyo territorio ancestral comprende 22.946 hectáreas. Sin embargo, de esa extensión, los kakataibo apenas pueden acceder al 0,01 % de esa región, debido a la presencia de privados que trafican con las tierras, así como la existencia de criminales armados del narcotráfico y la tala ilegal.
Además, allí, el Estado ha ejecutado acciones contrarias a la comunidad originaria debido a que el expediente donde se solicita el reconocimiento como reserva indígena sigue engavetado desde hace casi tres décadas por el Gobierno de Huánuco. Otro hecho adverso ocurrió en 2008, cuando el entonces alcalde de Puerto Inca, Leonidas Núñez Vera, creó el centro poblado Nueva Libertad dentro del territorio indígena, lo que permitió el avance de ganaderos y agricultores.
Desde entonces, los aborígenes denuncian que hay caminos de su territorio ancestral por el que no pueden pasar porque hay personas armadas que lo prohíben. «Nos han despojado de nuestra propia tierra», dijo uno de los indígenas en el reportaje, quien recordó que durante la pandemia fue asesinado su líder, Arbildo Meléndez, defensor ambiental y principal promotor de la titulación de Unipacuyacu.
En el reportaje se detalla que en Unipacuyacu hay una serie de solicitudes de concesiones para minería que podrían afectar otras 400 hectáreas de esa comunidad nativa, así como otras 100 hectáreas de la reserva indígena.
Además, existen al menos una decena de otras peticiones en zonas cercanas y espacios solicitados por los indígenas como terrenos ancestrales, donde el Estado todavía otorga permisos extractivos y títulos privados que manejan solo 13 empresarios. El principal de ellos es Ricardo Cillóniz Champín, presidente ejecutivo de Corporación Aceros Arequipa, la principal siderúrgica de Perú y quien según el reportaje es el mayor terrateniente de los espacios indígenas.
Actividad del narco
Este territorio amazónico también recibe el impacto negativo de la actividad narcocriminal, que desde 2020 ha amenazado y asesinado por lo menos a cinco líderes indígenas. La delincuencia vinculada al tráfico de drogas también ha provocado que haya una fuerte presencia armada y un proceso de deforestación para crear pistas clandestinas de aterrizaje en la selva y cultivos ilícitos de coca.
En total, según la investigación, en los territorios indígenas habría al menos 11 pistas clandestinas para el narco. Tres de estas se ubican a solo 12 y 8 kilómetros de distancia del Área de Conservación Regional, a orillas del río Pozuzo, lo que permite a los criminales conectar con caminos para redistribuir la droga hacia Bolivia y Brasil.
Otras dos pistas estarían en un área de ampliación solicitada por indígenas de Puerto Azul; mientras que un sexto espacio de aterrizaje ilegal está dentro de la comunidad nativa de Puerto Nuevo, en el límite con la Reserva Indígena Kakataibo Sur. «Las últimas cinco pistas están esparcidas dentro del área que logró titular la comunidad Santa Martha y del territorio que sus líderes reclaman como zona de ampliación», añade el reportaje.
RT
