15 de marzo, Día Mundial del Consumidor: ¿están protegidos los consumidores dominicanos?
Por Altagracia Paulino
La alimentación básica es un derecho fundamental, la seguridad y la soberanía alimentaria están protegidas por la Ley 589-16, la Constitución de la República, la Ley 358-05 de Protección a los Derechos del Consumidor y la Ley 42-08 que regula la libre competencia.
Estos derechos han sido afectados desde que desaparecieron los controles de precios y los gobiernos quedaron desarmados ante la prevalencia del libre mercado, que fue como se organizó el orden económico mundial en la última parte del siglo pasado.
Con el surgimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la protección del consumidor quedó a cargo de la ley de oferta y demanda; de leyes especiales como la de protección a los derechos de los consumidores en nuestro país, leyes que alcanzaron rango constitucional para una mayor protección, y la Ley de Libre Competencia que figura en el nuevo ordenamiento.
En sus inicios estas normas fueron bien vistas, se asumieron con entusiasmo porque no se limitaban a controles en el precio de los alimentos, sino que había otras protecciones si los gobiernos, —llamados a garantizar estos derechos— ponían su voluntad para garantizarlos y posibilitar la función real de la libre competencia.
A 31 años de haberse creado la OMC, nada ha cambiado referente a la posibilidad de que los consumidores se beneficien con precios asequibles a sus posibilidades de compra, y la libre competencia es una quimera, al menos en nuestro país, donde se dificulta dada la concentración del mercado y el carácter de monopolio y oligopolio que impera.
La Ley 42-08 sobre la defensa de la competencia, regula la llamada libre competencia. Esta ley establece que el Estado debe facilitar y vigilar la libre competencia y combatir cualquier práctica que la limite y creó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), órgano encargado de aplicar la ley.
Entre sus funciones prohíbe el abuso de posiciones dominantes o monopólicas, la concentración de competidores para manipular precios, entre otras consideraciones que puedan afectar al consumidor. Siempre se vio que con la alianza entre la Ley 358-05 y la 42-08, se produciría una real protección de los consumidores tal como funciona en muchos países de nuestra región. Sin embargo, no ha pasado nada, fue una especie de «proyectil almibarado» para que nos olvidáramos de la regulación de los precios que como función tenía el Estado antes de asumirse el libre mercado como regla del comercio.
Los proveedores se comprometieron con la autorregulación, cosa que no ha ocurrido, es como poner al ratón a cuidar el queso. El mercado libre es eso, libre para provocar lo que está pasando: las concentraciones de proveedores, los monopolios y oligopolios pese a estar prohibidos por las leyes y la Constitución, las colusiones, la especulación y otros delitos que posibilitan la desprotección de la población consumidora.
Una muestra sencilla es la reduflación,fenómeno que apareció con la pandemia y que en algunos países han prohibido, pero no en el nuestro; todos los artículos de consumo han reducido su tamaño, pero no el precio, todo lo contrario, ahora con la depreciación de nuestra moneda todo está más caro. Nunca habíamos tenido un dólar a 63 por un peso como ocurre ahora y eso impacta en el precio de la comida, que es justo por lo que los consumidores nos quejamos todos los días.
