Los atrasos en el accionar del Estado para levantar obras

Por Nelson Marrero

Un inventario al rendimiento y productividad de los sistemas estatales y de contratistas a los que se apela en la dinámica de dotar al país de nuevas obras o rehabilitar las de vieja data debería descifrar la incógnita de lo que al contribuyente han costado de forma desproporcionada en un lapso extendido de años los retrasos de ejecutorias, no solo con lo que representan en dinero sino en postergar soluciones a las comunidades. Era inevitable que la totalidad de los insumos imprescindibles para culminar proyecto haya viajado a lomo de inflación con depreciación del signo monetario local y con los dólares insuflados hacia tasas más altas.

Cualquier simple borde de calzada o contén que poco tiempo atrás era de costo menor hoy pesaría demasiado para cualquier presupuesto. Repercuten con duras penalizaciones hacia la industria, el comercio y la capacidad de inversión del Estado y se generan interrogantes sobre la planificación que debe guiar sus pasos y conceder prioridad a las inversiones y concluirlas en plazos razonables a partir de la eficiencia en el uso de recursos públicos. Pero también están los perjuicios que a la sociedad causa carecer prolongadamente de infraestructuras urbanas en general y de interconexiones viales reclamadas con urgencia por comunidades.

En un caso particular, la crítica mediática arremete al Gobierno porque anuncia dureza de trato a los automovilistas que incurran en estacionamientos prohibidos poco después de haber quedado mal (y alejado de cumplir lo prometido) al no crear una satisfactoria red de edificios para ampliar la oferta de parqueos en áreas críticas de la ciudad. Hace cuatro años la comunidad recibió el compromiso oficial de dotarla de 20 amplios y bien equipados parqueos con casi todos brillando ahora por su ausencia.

Se ha dado a entender que el Gobierno ha pretendido hacer más, mucho más, de lo que le hubiera sido posible como situándose de espaldas a las limitaciones operativas de una burocracia que permanece excesiva y a pesar del problema no resuelto de la obsolescencia fiscal y del endeudamiento intensificado para compensar las limitaciones de recursos generándose descomunales pagos de intereses.

Al Estado dominicano se le ubica en la condición de riesgosa carencia de ingresos. El analista Jaime Aristy Escuder puso de relieve hace poco que la inversión pública ha disminuido hasta situarse por debajo del 2.2% del PBI, «muy lejos del 4.7% registrado como promedio anual en el período 1966-2020». La caída ha sido brusca y ha ocurrido bajo la presente administración.

EJECUTORIAS EN MORA

A mayo 2025 República Dominicana arrojaba un balance de 415 edificaciones escolares con hasta 15 años de estar pendientes de concluir y sin aplicar cemento y acero en crudo suficientes para levantar decenas de otras obras importantes como hospitales o para sufragar el considerable déficit de locales para extender la muy pendiente infraestructura de unidades de atención primaria y con ellas asistir con preservación de la salud y la vida a miles de dominicanos pobres.

Las limitaciones para atender prioridades de la sociedad dotándole de una diversidad de servicios esenciales comenzaron a manifestarse en el área educativa en períodos gubernamentales de 2012-2015, pero en las siguientes gestiones estuvo en aumento en perjuicio de las poblaciones -entre otras- de las provincias de Azua, Duarte, La Vega, Santo Domingo, Santiago y Espaillat. Existe en la cartera correspondiente una Dirección de Infraestructura Escolar de gran presupuesto que debería informar a la prensa y al Poder Legislativo sobre logros y objetivos demorados.

Una joya como obra concebida para ser puesta en marcha en favor de la salud de 400 mil habitantes de un entorno urbano en condición de orfandad asistencial es la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar ubicada en el Distrito Nacional.

Un costosísimo equipamiento que podría dañarse por falta de uso o ser robado de seguir fuera de funciones, duerme improductivo a la espera de que dependencias del Estado se acerquen considerablemente al cumplimiento de plazos fijados para poner en servicio las obras pendientes allí tal vez por retrasada colocación de miles de blocs, cableados eléctricos y conexiones sanitarias

Es visible que algunos proyectos no han estado en marcha para esta fecha a pesar de las puntuales entregas de financiamientos externos, garantizados como recursos por aprobaciones exprés de un Congreso leal a directrices del Poder Ejecutivo; un estancamiento que deja en bóvedas del ámbito estatal recursos que no arrojan frutos y con algunos endeudamientos redirigidos a cubrir con gastos corrientes déficits presupuestarios. Diario Libre puso reciente y enfática atención a que en el Presupuesto General del Estado 2025 figuran más de 400 mil millones respaldados por préstamos para proyectos de inversión demorados y sin luz al final del túnel hasta del año 2021.

CRÍTICAS Y PROPUESTAS

Al criticar el endeudamiento en sentido general el economista Isidoro Santana alertó sobre la posibilidad de que se pretenda crear la ilusión de que la presente situación fiscal no es tan crítica como en realidad resulta mientras se postergan soluciones, argumento que conecta con las cifras que muestran un agudo descenso de la inversión pública y retrasos en completar obras colocadas a paso de tortuga. Agregó:

«En todos los ámbitos de los organismos que componen el Estado las situaciones fundamentales deben ser atendidas como tales: el endeudamiento no soluciona ninguna situación. ( ) Las decisiones de gastar por encima de nuestros ingresos equivale a desahorrar año tras año».

Al considerar al país desafiado por la insuficiencia de recursos fiscales el exgobernador del Banco Central José Lois Malkum, comentó la reciente designación del nuevo ministro de Hacienda, Magín Díaz, economista y académico con más de dos decenios diseñando y ejecutando políticas económicas, como una oportunidad para dar continuidad inteligente a la renegociación de la deuda y a mantener una buena calificación riesgo-país.

Sentenció: «Los recursos fiscales no son suficientes ni sostenibles y habría que pensar en la posibilidad de aumentar los ingresos». Sugirió eliminar los subsidios a la gasolina, el gasoil, y la energía eléctrica. Consideró de lugar privatizar la energía eléctrica para que la distribución esté en manos del sector privado. Insistió en que Magín Díaz «Sabe quiénes son los evasores y los hijos de punta de siempre que han utilizado la evasión para enriquecerse interminablemente».

En esto pareció coincidir con criterios del economista José Luis de Ramón de que el país necesita una reforma fiscal orientada básicamente a eliminar la evasión generando equidad al recaudar. Sin embargo, recomendó al presidente Abinader enfocarse también en mejorar la calidad de la educación y en el tema de la deuda.»En el país se han hecho reformar para cobrarle más al que ya paga, siendo que gran parte de la economía dominicana es informal».

COSTO SOCIAL

Algo a relacionar con el descenso de inversiones y demoras en la ejecución de obras sería el que el Gobierno esté pagando preocupantemente más del 25% de los intereses de la deuda pública con los ingresos tributarios lo que en algún momento llevó al economista Miguel Collado Di Franco a reiterar que la República Dominicana está sobreendeudada, una situación que a su modo de ver debería ser enfrentada con una Ley de Responsabilidad Fiscal y el compromiso de las autoridades de controlar el gasto.

Al buscar una explicación a la contracción de inversiones gubernamentales, el economista Jaime Aristy Escuder apuntó hacia el interés de contener el déficit público hasta un 3% del Producto Bruto Interno, PBI, opinando que una estrategia fiscal de austeridad resultaría autodestructiva. «Limita el crecimiento que a mayo acumuló una tasa interanual de apenas un 2.6%. Es decir, poco más de la mitad del ritmo potencial del 5%.»

Ha visto al Gobierno en la obligación de reducir partidas presupuestarias, refiriéndose a «el déficit financiero del sector eléctrico que supera el 1.4% del PBI y los subsidios no focalizados y que constituyen gastos corrientes ineficientes que deberían sustituirse por proyectos de inversión pública y disminuir el subsidio a los combustibles que en la anterior semana se situó en poco menos de 200 millones de pesos aunque en ocasiones ha superado los mil millones de pesos en siete días.
CREES, el Centro Regional de Estrategias Económicas sostenibles, ha clamado por avanzar hacia una real Reforma del Código Tributario que reduzca tasas y simplifique el mecanismo recaudador para por esa vía disminuir los incentivos a la evasión fiscal y ala informalidad para garantizar los ingresos como no ha podido hacerlo ninguna modificación impositiva posterior a la reforma del año 1992.