Colombia, Perú, y el diferendo en torno a una pequeña isla amazónica

Por Ivette Fernández

El diferendo entre Colombia y Perú por una pequeña isla ubicada en el caudal del río Amazonas, llamada Santa Rosa, abre una nueva página a las discrepancias que comúnmente generan las cuestiones fronterizas entre naciones vecinas.

Gran parte del mundo permanecía ajeno a la existencia de ese territorio insular ubicado en la zona conocida como Triángulo Amazónico, donde se estima viven unas tres mil personas, hasta que el presidente Gustavo Petro puso de relieve el asunto y acusó a Perú de violar el Tratado de Río de Janeiro, firmado por ambas partes hace casi un siglo.

Casi de manera inmediata, el Ministerio de Relaciones Exteriores neogranadino lo secundó y manifestó su inconformidad con la promulgación en junio pasado por el Congreso de Perú de la “Ley de Creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto en la Provincia de Mariscal Ramón Castilla del Departamento de Loreto”.

Consideró la Cancillería que el territorio en cuestión es una formación surgida en el curso del río Amazonas después de la única asignación de islas realizada entre los dos países en 1929, y que, por lo tanto, para Santa Rosa y las demás emergidas con posterioridad a ese año se debe surtir un proceso de asignación de común acuerdo.

“Durante años, Colombia ha sostenido la necesidad de que se realice el trabajo binacional para la asignación de islas, y ha reiterado la posición de que Santa Rosa no ha sido asignada al Perú”, remarcó en su comunicado.

Las enfáticas posturas de Colombia enseguida levantaron reacciones en la nación vecina, que alegó ser el dueño legítimo.

En un comunicado, el gobierno de esa nación estimó “que su presencia en la isla está respaldada por el Tratado Salomón-Lozano de 1922, ratificado por ambos países, que asigna la soberanía sobre Santa Rosa a Perú”.

Para entender la actual discordia hay que remontarse a un siglo atrás, cuando se firmaron varios acuerdos sobre el tema, y a los cambios hidromorfológicos que experimenta la región, a causa de los cuales la ciudad colombiana de Leticia se quedaría sin acceso al río Amazonas a la vuelta de unos pocos años.

ISLA PEQUEÑA, CONFLICTO PELIAGUDO

Al menos tres instrumentos jurídicos importantes existen sobre el asunto.

El primero de ellos, conocido como el Tratado Lozano-Salomón y firmado en 1922, estableció la frontera común y dio a Colombia una franja de terreno entre el río Putumayo y el río Amazonas, incluyendo el trapecio de Leticia.

En tanto, Perú recibió el triángulo San Miguel-Sucumbíos.

A este primer tratado le siguió el de 1929, gracias al cual, tras la realización de un inventario de la región, la isla de Chinería fue asignada a Perú y la de Ronda a Colombia.

La existencia de acuerdos, no obstante, no evitó que ambos países se fueran a la guerra entre 1932 y 1933.

El conflicto pareció resuelto tras la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1934, que además de poner fin a la disputa bélica, refrendó la soberanía de cada país sobre las islas definidas en el acuerdo previo y estableció al “talweg” (la línea del cauce más profundo del río) como límite oficial.

También dispuso que, ante la aparición de nuevas islas, tiene que surtir un proceso donde ambos países diriman sus jurisdicciones.

Entonces si todo parece estar definido, ¿qué es diferente a la vuelta de 91 años?

A la pregunta dan respuesta los estudios realizados por la ingeniera civil y profesora Lilian Posada, de la Universidad Nacional, quien está adscrita al Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Minas.

De acuerdo con los hallazgos de la experta, el caudal del río Amazonas se está desplazando casi por completo hacia Perú, dejando a Colombia en riesgo de perder su conexión fluvial más importante.

Hace aproximadamente dos décadas, con el objetivo de paliar el problema, Posada propuso realizar un dragado entre las islas Rondiña y Ronda para evitar sedimentación, y la construcción de espolones sumergidos en el canal peruano que redirigieran parte del flujo hacia Colombia sin afectar la navegación.

Las propuestas nunca se tomaron en cuenta y ahora el problema es más severo.

Un modelo desarrollado por la Armada Nacional vaticinó que, para 2030, el río Amazonas podría dejar de pasar frente a Leticia durante la mayor parte del año y solo en época de inundaciones volvería algo de agua a los canales neogranadinos.

Actualmente el caudal principal se dirige por el brazo Temado, en Perú, desplazando completamente la corriente del lado colombiano.

“El sistema de lagos de Yahuarcaca, fundamental para la biodiversidad y el equilibrio hídrico del planeta, podría secarse si el caudal del Amazonas no lo alimenta más. Eso afectaría no solo la fauna y la flora, sino también la cultura anfibia de los pueblos ribereños, y con ello, actividades de supervivencia como la pesca, el consumo de agua y el transporte”, alertó Posada.

A juicio de la experta, desde 2012 el río más largo del mundo se escapa de Leticia.

“Hitos limítrofes como el de Atacuari, que demarcaban la frontera binacional, ya no existen. El pronóstico es claro: si no se actúa de inmediato, Leticia dejará de ser una ciudad ribereña. Las implicaciones van más allá de lo simbólico, son culturales, económicas y territoriales”, sentenció.

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, la pérdida de acceso al Amazonas constituye una catástrofe.

“Colombia solo tiene una pequeña fracción de territorio selvático sobre el río. A medida que se seca el brazo del río que pasa frente a Leticia, las islas dejarán de serlo para juntarse a la orilla. Entonces Colombia tendría una frontera terrestre con Perú, que la aislaría del río”, ahondó.

Para el mandatario, tal motivo justifica la necesidad de entablar un diálogo al respecto con la nación vecina y de llegar a un arreglo que, según mencionó, podría tomar años y la presentación de querellas ante organismos internacionales.

“Sería una pérdida estratégica para Colombia, no cualquier pérdida”, reveló Petro, quien además estima que en el Tratado de Río de Janeiro se estableció el derecho inalienable de su país a acceder al Amazonas.

UN DESACUERDO POR RESOLVER

Mientras Colombia alega que Santa Rosa surgió en la década del 60 del pasado siglo, lo que obligaría a dirimir su administración, Perú insiste en que se trata de una extensión natural de la isla Chinería, desde 1929 bajo su jurisdicción.

Así, en medio de posturas al parecer irrenunciables para cada parte, el gobierno neogranadino emitió un pronunciamiento en el que desconoce la soberanía de Perú sobre Santa Rosa y sobre las autoridades presentes hoy allí.

En uno de sus puntos, refrenda lo ya expresado antes por la Cancillería y cataloga como un acto unilateral por parte de la nación vecina la emisión de una ley por medio de la cual crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto.

Añadió que la mentada legislación “desconoce los instrumentos jurídicos binacionales, al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos Estados, violando el principio de primacía del Derecho Internacional sobre el derecho interno”.

Ante las evidentes desavenencias, ambos países hablarán sobre el tema en la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (Comperif), que tendrá lugar en la ciudad de Lima los próximos 11 y 12 de septiembre.

Pero, a juzgar por la relevancia que tanto Colombia como Perú le confieren al asunto, esta reunión podría ser apenas el inicio de una batalla que podría ser mucho más larga que la isla en disputa.

PRENSA LATINA