Bolivia: ¿retorno de la derecha?

Por Gabriela Montaño y Camila Vollenweider

Este 17 de agosto se llevará adelante la primera vuelta de las elecciones generales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Se elegirán: presidente y vicepresidente, 36 Senadores titulares y suplentes, así como 130 Diputados titulares y suplentes.

Reglas del juego

Este 17 de agosto se llevará adelante la primera vuelta de las elecciones generales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Se elegirán: presidente y vicepresidente, 36 Senadores titulares y suplentes, así como 130 Diputados titulares y suplentes. Están habilitadas para votar 7.937.138 personas, de las cuales sólo 369.931 (4,6%) se encuentran en 22 países del exterior. Funcionarán 34.026 mesas electorales en el país con un promedio de 240 votantes por cada una de ellas; fuera del territorio boliviano se establecerán 1.227 mesas, con un promedio de 360 electores para cada una.

Cada elector en territorio boliviano recibirá para la votación una papeleta con dos franjas al momento del sufragio: la franja superior para elegir entre ocho binomios presidenciales vigentes (Eva Copa aparecerá como candidata, pero sus votos serán contabilizados como nulos, ya que declinó su participación). Con la contabilización de votos obtenidos en esta franja por cada partido también se define la elección de senadores y diputados plurinominales mediante el sistema D’Hondt. La franja inferior es para elegir diputados uninominales o especiales indígenas, dependiendo de si se trata de una circunscripción uninominal (63 en todo el territorio nacional) o circunscripción especial indígena (7 en todo el país); en ambos casos, gana aquel candidato que obtenga la mayoría de votos. En el exterior la papeleta tiene sólo la franja de binomios presidenciales.

Según la Ley del Régimen Electoral se requiere el 50% más uno de votos válidos para elegir presidente y vicepresidente en primera vuelta, o el 40% de votos con una diferencia de más de 10% de votos con el segundo. De lo contrario debe llevarse a cabo una segunda vuelta electoral, que para este proceso fue establecida para el 19 de octubre.

Contexto impensado hace algunos años

Este es uno de los procesos electorales más complejos de las últimas décadas por varios motivos.

Las elecciones se llevan adelante en medio de una fuerte crisis democrática, política, institucional y económica. Existe un gran cuestionamiento de la población a todos los órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.

El Ejecutivo es cuestionado principalmente por su muy mal desempeño en el manejo de la economía. Bolivia está hoy entre los tres países de la región con mayor índice de inflación mensual y mayor inflación anualizada; además, hay falta de dólares y combustibles -como gasolina y diésel-. Por otra parte, el Gobierno de Luis Arce se derechizó en su acción política, dividiendo al MAS-IPSP (partido que lo llevó a gobierno en 2020) y ejecutando una persecución judicial contra el líder histórico del partido y del bloque popular: Evo Morales. Ha estigmatizado y penalizado de manera sistemática a las organizaciones sociales y a la protesta social. En resumen, Luis Arce y David Choquehuanca instrumentalizaron el poder del Estado en contra del bloque popular y el liderazgo de Evo Morales. Finalmente, las denuncias de corrupción que comprometen a altos funcionarios del Gobierno y la familia de Luis Arce sellan un rechazo de la mayoría de la población hacia esta gestión, que partió con un apoyo de más del 55% y que hoy está prácticamente pulverizado.

En el caso del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, la crisis tiene que ver con el descrédito generado por decisiones jurisdiccionales que, lejos de estar guiadas por la Constitución Política del Estado y las leyes, están guiadas por intereses políticos; en muchos casos, inclusive, corrupción. Por ejemplo, los fallos que imposibilitaron que se renueve la mayoría de los cargos de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional en las pasadas elecciones judiciales (realizadas el 01/12/24), o las sentencias constitucionales emitidas para bloquear la participación de Evo Morales en las elecciones generales en curso, o los fallos judiciales que limitaron la participación de aquellos partidos políticos que ofrecieron su sigla al expresidente, las decisiones jurisdiccionales que enviaron a la cárcel a más de 300 dirigentes sociales acusados de delitos como terrorismo y otros sin pruebas suficientes. Existen innumerables ejemplos de la instrumentalización de la Justicia en contra del bloque popular, indígena y trabajador boliviano.

En el caso del Órgano Legislativo, la población cuestiona su baja productividad. La fragmentación de todas las bancadas políticas, como MAS-IPSP, Comunidad Ciudadana y Creemos, redujo drásticamente la posibilidad de avanzar en cambios normativos. Esto contrasta fuertemente con los anteriores periodos constitucionales en los que el MAS-IPSP utilizó su mayoría parlamentaria para hacer avanzar la agenda de transformaciones profundas a favor del pueblo boliviano. Aunque en estos cinco años existieron diferencias en la gestión de la Cámara de Diputados y la de Senadores, pues Andrónico Rodríguez lideró la Cámara de Senadores con mayor capacidad para lograr acuerdos, estos procesos legislativos quedaron inconclusos y no dieron suficientes resultados tangibles a la gente. Sólo como ejemplo, en la Legislatura 2018-2019 la Cámara de Diputados aprobó 124 leyes, mientras que en la Legislatura 2022-2023 se aprobaron sólo 51 proyectos de ley.

Incertidumbre, fragmentación y encuestas

Este proceso electoral ha estado marcado también por la incertidumbre y la fragmentación. La fragmentación tanto en la derecha como en la izquierda o bloque popular.

En el campo de la derecha existen al menos seis binomios en carrera encabezados por Samuel Doria Medina (UNIDAD), Jorge Tuto Quiroga (Libertad y Democracia), Manfred Reyes Villa (Autonomía para Bolivia- SUMATE), Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano), Pavel Aracena (Acción Democrática Nacionalista) y Jhonny Fernández (Fuerza del Pueblo). Todos ellos anunciaron en la campaña ajustes económicos de shock (aunque algunos los disfracen de cierta gradualidad), venta y privatización de las empresas estatales, reducción del Estado, préstamos internacionales (incluyendo el FMI), pero ninguno le dice al electorado cómo van a evitar que estas medidas le signifiquen a la población mayor empobrecimiento y desempleo.

La candidatura de Eduardo del Castillo con la sigla del MAS-IPSP no representa al bloque popular y carga con la mala gestión de Luis Arce. Eva Copa, que inicialmente había lanzado su candidatura con su novísimo partido (MORENA), declinó su participación. Andrónico Rodríguez quedaría en la papeleta como representante de una parte menor del bloque popular, sin el respaldo de Evo Morales a su candidatura, ya que el expresidente está convocando al voto nulo como respuesta a un proceso electoral que deja fuera a una parte de la población en el derecho a ser representada. Rodríguez ha desplegado una campaña electoral en medios de comunicación y redes sociales que apela al voto urbano, clase media y de centro político, cuando el voto que puede ganar se encuentra mayoritariamente en área rural y no se deja convencer por los cantos neoliberales de la derecha.

Las encuestas que se presentaron son escasas en comparación con procesos electorales de otros países de la región, como Ecuador, Chile, Argentina o Uruguay. Según las encuestas presentadas públicamente por medios de comunicación, ninguno de los candidatos obtiene un respaldo superior al 25%. Los dos candidatos que tienen mayor preferencia electoral son Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga, en un virtual empate y estancados desde el inicio del proceso electoral en torno al 20% cada uno. Si se suman los votos que obtienen los cuatro candidatos de la derecha que sobrepasan el umbral del 3% en las encuestas, tendrían entre 55% y 65%. La candidatura de Andrónico Rodríguez tiene una tendencia a la disminución desde el 14% (en la primera ola de encuestas) hasta el 7% (en la cuarta y última ola). La candidatura de Eduardo del Castillo no supera el 2% en ninguna de las encuestas. Es destacable también que la sumatoria de votos blancos, nulos e indecisos en estas mediciones ha oscilado entre el 27% y el 34%. La sumatoria histórica del voto blanco y nulo en las elecciones desde el 2002 ha estado entre 5% y 7%.

Por todo lo anterior, es muy probable una segunda vuelta electoral. Difícilmente se pueda determinar con la información proporcionada por las encuestadoras cómo se decantaría el voto indeciso y si los votos blanco y nulo son decisiones que no cambiarán el día de la elección- O, o en su defecto, si existe un voto oculto.
CELAG DATA