Un año después
Por Guido Gómez Mazara
Antes de iniciar mis labores como presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), tenía 20 años sin ocupar una posición en el tren administrativo.
En ese tiempo, tanto el marco legal como la cultura de observación ciudadana respecto del desempeño de los servidores públicos experimentaron un proceso de transformación llamativo. Lamentablemente, los criterios de oportunidad y de movilidad económica siguen prevaleciendo en la mentalidad de más de uno, que desprecian los riesgos procesales y la inapelable sanción cívica. Con razón, el círculo de inhabilitación ética se repite de manera olímpica. Y la distinción partidaria, por desgracia, no garantiza ningún tipo de control porque la fatal vocación por la acumulación no se detiene en el orden ideológico ni de militancias.
Lo que sí pende sobre el modelo de gestión es la necesidad de borrar los niveles de penetración de la corrupción y el narcotráfico. Así de sencillo: el poder de ambos componentes está calcinando la fe ciudadana en las instituciones democráticas. Resulta trágico que prime el interés de descalificación estrictamente política, usando el recurso para destruir al oponente en la arena electoral e ignorando la necesidad de atacar el malsano fenómeno desde una óptica estructural. Al final, las acusaciones sólo intercambian los destinatarios, mientras queda relegada la oportunidad de construir un consenso alrededor de las mejores medidas para reducir los altísimos niveles de influencia de la droga y el dinero de las prácticas corruptas.
Recuerdo con satisfacción mi decisión de aceptar esta posición. El Indotel, desde su fundación, se ha caracterizado por ser una institución técnica, condición que hizo posible que, en lo personal, pudiera demostrar metas anheladas respecto de la necesidad de reducir la brecha digital. Destacamentos conectados, TV terrestre digital, recursos para bloquear cárceles, preservación del espectro radial fronterizo, distribución de becas STEM, adquisición de un edificio propio y la educación digital de miles de madres cabezas de hogar han sido logros institucionales de peso que engalanan su historia.
Ahora bien, mención aparte merece en la gestión pública, el tener que lidiar con “la gente”, acción que constituye un acto de siquiatría. El reclamo del compañero a un puesto como resultado de su labor en la campaña, la intriga que despierta en algunos la vida privada de otro colaborador, la facilidad con que un superior jerárquico olvida las limitaciones de su cargo, que si un abogado hizo no sé qué o un contable no sé cuánto, y la omnipresencia de los autodenominados periodistas, siempre insaciables. Aunque parezca sencillo, los aspectos no relacionados con la naturaleza del decreto de designación son muchos y terminan convirtiendo la gestión en una prueba constante de resistencia y compromiso.
