La DIGEIG: Las carretas delante de los bueyes
Por Pedro Cruz Pérez
En la retórica, la lucha contra la corrupción se ha erigido como un pilar fundamental del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del presidente Luis Abinader, quien ha prometido «no habrá tolerancia con la corrupción» y ha advertido que «el funcionario que mete la pata en mi gobierno es un suicida». Sin embargo, a pesar de este discurso categórico y de la existencia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) creada en 2012 y reforzada para ser el órgano rector en materia de ética, transparencia y combate a la corrupción, la realidad evidencia una dolorosa paradoja, los escándalos de corrupción administrativa no solo persisten, sino que se multiplican, sugiriendo que hemos puesto las carretas delante de los bueyes.
La DIGEIG posee un mandato amplio, debe impulsar el fortalecimiento de la cultura ética, la transparencia y la integridad, así como realizar investigaciones administrativas ante el rumor público o denuncias de corrupción. Bajo la gestión del PRM, la directora de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch, ha revelado el sometimiento de 276 casos de presunta corrupción ante el Ministerio de Administración Pública (MAP) y 50 expedientes ante la Procuraduría General de la República (PGR), todos ocurridos durante la actual administración. Esto suma un total de 336 casos que incluyen notorios escándalos como los de la Lotería Nacional y los semáforos del INTRANT, así como supuestas irregularidades en Educación, Agricultura, el INABIE y Propeep.
La ineficacia de la DIGEIG como ente preventivo se hace palpable y peor aún, irrisoria cuando analizamos el caso del Seguro Nacional de Salud (SeNasa). A pesar de las graves denuncias que señalan un déficit superior a los RD$3,000 millones, con pagos millonarios por servicios no prestados, esta misma institución había recibido una calificación de transparencia del 92.89% de parte de la DIGEIG. Este reconocimiento, diseñado para premiar a las entidades que superan los 90 puntos en el monitoreo trimestral de transparencia, se convierte en un símbolo del fracaso regulatorio una vez que se destapa el entramado corrupto, dejando en entredicho la credibilidad del organismo rector. Si una institución puede ser reconocida como transparente por la DIGEIG y al mismo tiempo generar un escándalo de mal manejo, la función de vigilancia se reduce a una simple formalidad.
Este organismo, que opera bajo un presupuesto considerable en 2024, con un monto inicial de RD$334.1 millones y un vigente en 2025 de RD$399.3 millones, funge más como un costoso mecanismo reactivo que como un sistema de anticipación de riesgos. Su limitación de alcance al ámbito administrativo gubernamental y la ausencia de carácter sancionador convierten sus exhaustivos informes de investigación en piezas preliminares que deben ser canalizadas y dependen de otras instancias como el MAP y el Ministerio Público.
Mientras la sociedad dominicana demanda un verdadero combate contra la corrupción y la impunidad, tal y como se observa en los grandes casos aún sin sentencia de gestiones anteriores (Anti Pulpo, Medusa, Calamar), la existencia de la DIGEIG, con su falta de dientes y su rol mayormente asesor y promotor ético, no basta para evitar que los recursos del erario público sean desviados.
Al enfocarse en la difusión de códigos éticos y la medición superficial de la transparencia, sin la capacidad correctiva y preventiva real, la DIGEIG termina siendo una pieza decorativa que consume presupuesto público, demostrando que la República Dominicana sigue priorizando la respuesta a la corrupción ya consumada, y no su prevención. Es urgente dotar a los órganos de control de la autoridad necesaria para que el carro de la integridad no siga corriendo vacío, y el buey de la prevención tome, por fin, la delantera.
