Ante la disyuntiva del proselitismo político a destiempo se hace indispensable propiciar una cultura democrática.
Por Juan Carlos Espinal.
En la historia de la democracia representativa 1966-2024 hemos llegado a un punto de quiebre tal que se hace necesario fortalecer los mecanismos de elección consolidando un verdadero Estado de Derecho que a su vez amplie la participación ciudadana legítimando el contrato social.
Para ello es imprescindible que en los cuestionarios de las encuestas de opinión pública se tomen en cuenta los nombres de tod@s l@s interesados, para que así de manera visible los propuestos aparezcan en los formularios de las preguntas con sus fotos, nombres y apellidos.
Para en las organizaciones políticas evitar un mayor desarraigo se debería adoptar el voto secreto y directo con voto automatizado para elegir y ser elegibles utilizando el padrón electoral de los partidos políticos depositados en la Junta Central Electoral.
Para tratar de entender la fragmentación política en que se desenvuelve la mayoría de los electores sugerimos analizar los niveles de insatisfacción de amplios estratos de la sociedad Dominicana con el rumbo incierto que lleva la economía.
Quizás deberíamos comenzar por reflexionar sobre las causas y las consecuencias del rechazo de amplias franjas de la sociedad civil organizada, los movimientos sociales incorporados, representantes de los medios de comunicación alternativos, asociaciones de amas de casa, comerciantes, jóvenes de entre 18 y 35 años así como pensionistas con el actual sistema de seguridad social.
La vaga idea que de la representación política percibe la sociedad Dominicana se vincula a la ausencia de renovación de los titulares de los órganismos de Dirección política, que a su vez presupone el inmovilismo sociopolítico, la inactividad del ciudadano en los asuntos del Estado y, al mismo tiempo, hace necesaria la inexistencia de instrumentos democráticos que propicien la formación plural de la opinión pública.
Si en cambio, el debate se realizará en el contexto de un constitucionalismo democrático pues una amplia participación política y una opinión pública consolidada formará parte de un vasto proceso de legitimidad democrática.
En la sociedad Dominicana, los procesos electorales como espacios canalizadores de la representación han tomado un lugar estelar, a nivel tal que mucho de lo que sucede en ellos constituye el reflejo del grado de democracia presente.
Pero para que exista una pujante democracia no basta con la representación y la renovación política ni con los procesos electorales.
Es indispensable que a lo interno de los partidos políticos los procesos se efectúen respetando la Constitución, aceptando la posición de los electores y garantizando en todo momento su participación.
El ciudadano que se inscribe en el padrón electoral de los partidos políticos debe saber quienes son los sujetos que van a representarles así como conocer las propuestas que estos sostienen.
A cada uno de l@s miembros, dirigentes o simpatizantes también debe proporcionársele una visión imparcial del proceso electoral en el que participa, conociendo la intención de voto colectivo del electorado.
De manera que cuando surjan las encuestas electorales o los sondeos de opinión en materia electoral existan mecanismos a través de los cuales se ofrezca a la sociedad, al elector en especial o al Colectivo la información veraz obtenida mediante una consulta necesariamente presencial en relación con la intención de voto.
La investigación científica trata de un aprendizaje más amplio sobre opinión pública, que en materia electoral prevalece en el electorado en un cierto momento, con la aclaración de que las encuestas no predicen ni anticipan los resultados electorales, sólo muestran, como una simple expresión coyuntural, las preferencias electorales en el instante en que se realizan.
La influencia sicológica qué las encuestas desempeñan pueden verificarse antes durante y después de los procesos electorales cuando se ha incrementado el abstencionismo o no, llegando incluso a constituir un tema primordial de abordaje en torno al cual giran los resultados electorales.
Debemos advertir que l@s candidat@s basan sus actos proselitistas en función muchas veces de las encuestas electorales, como si éstas constituyeran el preludio de los resultados de la jornada electoral.
Por ello, el número de electores y la intensidad de las encuestas aumentan conforme se acerca la jornada electoral, lo cual provoca la presencia de múltiples empresas encuestadoras y criterios diversos en los medios de comunicación corporativos que las dan a conocer.
Esta complejisima situación no tendría nada de extraordinario a no ser porque los datos estadísticos que se manejan en unas y otras difieren.
Incluso deberíamos tomar en cuenta el énfasis en los hallazgos pues estos varían dependiendo del interés político particular que se busque.
Ha sido tal la influencia que han adquirido las encuestas electorales, y tal el interés que han despertado, que lo más preocupante es que muchas veces estás se alejan lastimosamente de l@s ciudadan@s y se acercan peligrosamente a los propietarios de los partidos políticos y medios de comunicación, como si fueran éstos el origen de la fuente de información manejada.
Por tal motivo, en el artículo pretendemos exponer la relación que guardan las encuestas electorales con los derechos no sólo políticos sino también humanos, para lo cual en esta primera parte priorizamos el aspecto del derecho fundamental.
Con el ánimo de esclarecer la noción y conformación de las encuestas, hacemos referencia al procedimiento que se efectúa para elaborarlas.
En este artículo abordamos los problemas en específico, la publicidad pagada, el lavado de activos y la cultura de la conculcación.
Hacemos hincapié en la fidelidad presencial del o los levantamientos de información de las encuestas, para finalmente exponer la rigurosidad de nuestra conclusión.

