Contexto actual de la evolución de la comunicación social en los partidos políticos. 2/5.
Por Juan Carlos Espinal.
La Ley General de Telecomunicaciones de la República Dominicana, Ley 153-98, es el marco regulatorio básico que rige las telecomunicaciones en el país. Está ley tiene como objetivo fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones, garantizar el servicio universal y promover la competencia leal.
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) es el órgano regulador encargado de aplicar la ley y garantizar la competencia en el sector.
Los Derechos de los usuarios Incluyen el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, la protección de la privacidad y la posibilidad de cambiar de proveedor de servicios.
La ley ha sido objeto de reformas y actualizaciones para adaptarse a los cambios tecnológicos y las necesidades del mercado.
En 2024, Indotel inició un proceso de consulta pública para reformar la Ley General de Telecomunicaciones 153-98.
Por otro lado, la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece normas claras para la propaganda política, especialmente durante períodos de precampaña y campaña electoral.
Según la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos «se prohíbe la propaganda anónima o que no esté avalada por una firma responsable».
No se permite la pintura de calles, aceras, contenes, postes del tendido eléctrico, árboles, ni propiedades públicas con colores, emblemas o símbolos de candidatos o partidos.
La propaganda que perjudique la estética urbana, dañe el medio ambiente o contravenga disposiciones municipales está prohibida.
Los aspirantes que inicien campaña antes del tiempo oficial pueden ser sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura.
La ley prohíbe el uso de recursos públicos para financiar o apoyar actividades de rentabilidad electoral particular.
La Junta Central Electoral (JCE) ha entregado recursos significativos a los partidos políticos dominicanos en los últimos años.
En 2024, por ejemplo, se entregaron RD$5,041 millones, mientras que en 2023 y 2022 se entregaron RD$1,260 millones cada año.
Para el año 2025, el Presupuesto General del Estado consigna RD$1,500 millones para los 34 partidos y 4 movimientos reconocidos por la JCE.
La distribución se hace de la siguiente manera:
80% para partidos que obtuvieron más del 5% de los votos válidos.
12% para partidos con entre 1% y 5% de los votos.
8% para partidos con entre 0.01% y 1% de los votos.
Algunos ejemplos de montos entregados a partidos políticos en el pasado incluyen:
PRM, Fuerza del Pueblo y PLD: RD$200 millones de pesos cada uno (2025).
PRD, PRSC, DxC, País Posible y BIS: RD$18 millones de pesos cada uno (2025).
Partidos minoritarios: los montos son variables, como RD$1 millón 818,181.82 para cada uno de las 26 agrupaciones.
No obstante, combatir la desinformación en la comunicación política requiere un enfoque multifacético.
A lo interno de las organizaciones políticas se trabaja de manera intensa para verificar la veracidad de las afirmaciones políticas, establecer las dinámicas de los derechos fundamentales, transparentar los recursos humanos y financieros, fortalecer el debate sobre la igualdad de oportunidades y equidad en los mecanismos de elecciones.
Hasta el momento se desarrollan talleres de redes sociales enseñando a la militancia a evaluar críticamente la información que consume en línea y a identificar fuentes creíbles.
No obstante, los políticos-clientela y los medios de comunicación corporativos rara vez suelen ser transparentes sobre sus fuentes y métodos.
Los gobiernos locales y los organismos reguladores deben establecer normas para combatir la desinformación cooperando entre organizaciones de la sociedad civil organizada, movimientos sociales incorporados y empresas Pymes acreditadas en tecnología.
A lo interno de los partidos políticos de la democracia representativa 1966-2024 la competencia es muy desigual.
Los fraudes electorales son permanentes y sin ningún tipo de regulación.
Los fraudes electorales han sido un tema consecuente que incluyen la manipulación del padrón electoral, la compra de votos, la coacción electoral, la manipulación del escrutinio y del proceso de transmisión de resultados.
En 2016, candidatos de la oposición política dominicana denunciaron irregularidades en las elecciones presidenciales, congresionales y municipales, alegando un patrón sistemático de manipulaciones fraudulentas.
También se han reportado casos de desinformación, uso de los recursos financieros que entrega la Junta Central Electoral para instalar proyectos políticos personales, pre selección de personal, concentración de la imagen en redes sociales, lo que afecta la legitimidad de los procesos electorales.
En la actualidad se estan tomando medidas administrativas para prevenir y combatir los fraudes electorales, como la implementación de sistemas de identificación biométrica y la capacitación de funcionarios electorales.
La Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República también trabajan juntas para erradicar los delitos electorales.
