Reforma para los poderosos, sacrificios para los trabajadores
Por Fidel Soto.
La reciente reforma ha dejado al descubierto una realidad difícil de ocultar: mientras a los trabajadores se les cuestiona y regatea un derecho histórico como la cesantía laboral, sectores económicamente poderosos reciben importantes beneficios fiscales.
Un grupo de diputados vinculado a la propiedad de más de tres mil bancas de apuestas resultó ampliamente favorecido con la reducción sustancial de los impuestos aplicados a ese sector. Este hecho refuerza la percepción de que las reformas impulsadas desde los centros de poder no están orientadas a corregir desigualdades ni a mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías, sino a proteger intereses particulares.
Resulta contradictorio que se alegue la necesidad de eliminar o reducir derechos laborales en nombre de la competitividad y la inversión, mientras al mismo tiempo se conceden privilegios fiscales a actividades económicas altamente rentables. Si el objetivo fuera realmente fortalecer la economía nacional, las medidas deberían orientarse a elevar el poder adquisitivo de la población trabajadora, estimular el consumo interno y garantizar una distribución más justa de la riqueza.
Más preocupante aún es que ese mismo Congreso Nacional, durante más de una década, no haya sido capaz de impulsar una legislación que amplíe los derechos sociales y laborales conquistados por generaciones anteriores. En lugar de debatir nuevas garantías para los trabajadores, mejores condiciones de empleo, sistemas más eficientes de protección social o mecanismos para elevar los salarios reales, gran parte de la discusión pública se concentra en cómo reducir beneficios ya existentes.
Las conquistas laborales no son privilegios. Son derechos obtenidos mediante largos años de lucha social y representan un elemento fundamental para la estabilidad económica de miles de familias dominicanas. La cesantía, en particular, constituye una protección frente a la incertidumbre laboral y una garantía mínima para quienes, después de dedicar años de servicio a una empresa, pueden quedar repentinamente sin ingresos.
Una verdadera reforma laboral debería perseguir objetivos distintos. Debería promover empleos de calidad, fortalecer la seguridad social, ampliar la capacitación técnica de los trabajadores, elevar los salarios reales y garantizar condiciones dignas de trabajo.
También debería crear nuevas conquistas acordes con las exigencias del siglo XXI, en lugar de desmontar derechos que han servido de protección a generaciones de dominicanos.