A dos años del segundo mandato: los problemas siguen esperando soluciones
Por César Pérez González.
A dos años del inicio del segundo mandato del presidente Luis Abinader, la República Dominicana llega a una fecha que obliga a ir más allá de los discursos oficiales, las inauguraciones y las estadísticas presentadas desde el poder.
La pregunta que corresponde hacer es sencilla: ¿cuánto ha cambiado realmente la vida cotidiana de los dominicanos?
El Gobierno llegó al poder en 2020 levantando la bandera del “cambio” y obtuvo cuatro años después la oportunidad de continuar su proyecto. Sin embargo, cuando se observan problemas como los apagones, las dificultades del sistema educativo, las preocupaciones económicas de las familias y los cuestionamientos alrededor de instituciones públicas, resulta legítimo preguntarse dónde están los resultados concretos de aquel cambio prometido.
El año escolar 2026-2027 está previsto para comenzar el próximo 24 de agosto. A pocos días de esa fecha, la disponibilidad de aulas vuelve a ocupar el debate público.
La Asociación Dominicana de Profesores ha advertido sobre carencias de infraestructura, mantenimiento y disponibilidad de aulas. Mientras tanto, el Ministerio de Educación rechaza que exista una falta generalizada de cupos y asegura que incorporará más de 1,200 nuevas aulas para el período escolar.
A diez días de iniciar las clases, ¿hay aulas suficientes para todos?
No debería convertirse en una tradición nacional que, cada agosto, padres y madres tengan que preocuparse por conseguir un cupo para sus hijos.
Después de años administrando el 4 % del PIB destinado a educación, el país tiene derecho a exigir planificación, infraestructura terminada a tiempo y condiciones adecuadas para estudiantes y docentes.
Apagones: un viejo problema que se resiste a desaparecer
Otro punto que golpea directamente la percepción ciudadana es el servicio eléctrico.
Los apagones no son simplemente una discusión técnica sobre generación, distribución o mantenimiento. Para una familia significan calor, alimentos que pueden dañarse y noches difíciles. Para un pequeño comerciante representan pérdidas. Para una empresa significan mayores costos operativos.
Después de seis años de administración gubernamental, el sector eléctrico no puede seguir siendo evaluado solamente por las explicaciones oficiales. Tiene que ser medido por la calidad, estabilidad y costo del servicio que recibe la población.
El ciudadano no vive de megavatios anunciados en una rueda de prensa. Vive de la electricidad que llega —o no llega— a su casa.
Economía: crecer no basta si el bienestar no llega al hogar
También debemos colocar bajo la lupa el desempeño económico.
El propio presidente informó en febrero que la economía dominicana creció apenas 2.1 % durante 2025, aunque proyectó una recuperación para 2026. Por su parte, el FMI estimó posteriormente un crecimiento cercano al 4 % para 2026, con inflación dentro del rango meta.
Son datos que deben reconocerse y analizarse con responsabilidad. Pero el debate político y social no termina con el crecimiento del PIB.
La verdadera evaluación debe preguntarse cuánto de ese crecimiento llega al bolsillo de la gente.
¿Ha mejorado proporcionalmente el poder adquisitivo? ¿Puede una familia comprar más alimentos con sus ingresos? ¿Los pequeños negocios sienten prosperidad? ¿Las grandes inversiones públicas están produciendo el impacto económico y social esperado?
Un gobierno puede exhibir indicadores macroeconómicos positivos y, al mismo tiempo, enfrentar ciudadanos que sienten dificultades para llegar a fin de mes. Ambas realidades deben formar parte de una evaluación seria.
Obras públicas: no basta inaugurar, hay que medir resultados
Lo mismo ocurre con las obras.
La discusión no debería reducirse a cuántas obras fueron anunciadas o inauguradas. Debemos comenzar a preguntar cuánto costaron, cuánto tardaron, qué impacto producen y si resolvieron efectivamente el problema para el cual fueron construidas.
A dos años del segundo mandato, corresponde hacer un inventario verificable de promesas, obras terminadas, obras pendientes, inversiones realizadas y resultados obtenidos.
Gobernar no consiste solamente en cortar cintas.
Gobernar es transformar inversión pública en calidad de vida.
SeNaSa: transparencia y debido proceso
El caso de SeNaSa merece una consideración particularmente responsable.
Cualquier investigación relacionada con recursos destinados a la salud de millones de dominicanos debe llegar hasta las últimas consecuencias institucionales y judiciales que correspondan.
Pero esa exigencia debe hacerse respetando la presunción de inocencia y sin convertir señalamientos o investigaciones en condenas anticipadas.
Aquí el reclamo debe ser claro: transparencia, investigación independiente, debido proceso y rendición de cuentas.
Los recursos de la seguridad social pertenecen, en última instancia, a los ciudadanos y deben ser administrados con el máximo nivel de responsabilidad.
Del cambio prometido a los resultados exigidos
El 16 de agosto no debería convertirse únicamente en una fecha para presentar memorias gubernamentales. Debe ser también una oportunidad para que la sociedad dominicana haga su propio balance.
Han transcurrido seis años desde que el PRM llegó al poder y dos años desde que comenzó su segundo mandato.
Por eso ya no resulta suficiente atribuir los grandes problemas nacionales exclusivamente al pasado.
El Gobierno ha tenido tiempo, presupuesto, mayoría política durante buena parte de su gestión y la oportunidad histórica de ejecutar las transformaciones que prometió.
Ahora corresponde comparar promesas con resultados.
Si continúan los apagones, debemos preguntar qué ocurrió con la transformación eléctrica.
Si todavía existe preocupación por los cupos escolares, debemos preguntar qué pasó con la planificación educativa.
Si la economía crece pero muchas familias no perciben ese crecimiento en sus hogares, debemos discutir la calidad y distribución de ese progreso.
Y si existen cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos, corresponde exigir investigaciones transparentes y consecuencias cuando las pruebas y los tribunales así lo determinen.
La República Dominicana no necesita más propaganda para convencerse de que los problemas están resueltos.
Necesita soluciones que el ciudadano pueda comprobar en su escuela, en su factura eléctrica, en su empleo, en el supermercado, en los hospitales y en su bolsillo.
A dos años del segundo mandato, la gran pregunta ya no es qué prometió el cambio.
La pregunta es: ¿dónde están los resultados?