INABIE: El negocio detrás del plato
Por Juan Carlos Espinal
Contratos por más de RD$1,900 millones, empresas inicialmente descalificadas que terminaron adjudicadas y nuevas suspensiones colocan bajo escrutinio el proceso de alimentación escolar.
Hay cifras que obligan a detenerse.
Más de RD$1,900 millones comprometidos para el suministro del almuerzo escolar en San Pedro de Macorís durante los años lectivos 2026-2027 y 2027-2028. 51 empresas adjudicadas. 15 de ellas —según los proveedores que cuestionan el proceso— habían sido descalificadas inicialmente y posteriormente recibieron contratos que superan los RD$445 millones.
Y hay una pregunta que resulta inevitable:
¿Cómo una empresa puede ser considerada inicialmente no apta para un proceso de contratación pública y terminar posteriormente recibiendo un contrato millonario?
La pregunta no implica una respuesta anticipada. Precisamente por eso debe investigarse.
El proceso de San Pedro de Macorís comenzó el 24 de noviembre de 2025 y fue adjudicado el 7 de agosto de 2026. Los cuestionamientos fueron presentados por proveedores participantes y, según las informaciones difundidas, ya provocaron una reacción institucional: el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez de León, anunció que remitirá el caso a la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Unidad Antifraude de la Contraloría y ProCompetencia para determinar si existieron irregularidades.
Eso cambia la naturaleza de la discusión.
Ya no se trata únicamente de una denuncia formulada por competidores inconformes. Se trata de un proceso que será sometido a revisión por organismos de control.
LAS CIFRAS
Uno de los casos señalados es el de Manuel Emilio Mejía Molina, a quien se atribuye una adjudicación de RD$31,361,168.
Los denunciantes sostienen que un informe de evaluación del propio INABIE habría establecido que presentó documentación falsa y que, conforme a las reglas del proceso, eso debió provocar su descalificación. Esa afirmación deberá ser contrastada con el expediente completo y con las decisiones adoptadas posteriormente.
Otro caso cuestionado corresponde a una adjudicación de RD$38,128,306, respecto de la cual los denunciantes aseguran que el establecimiento inspeccionado no reunía las condiciones requeridas.
Son precisamente estos detalles los que hacen que el asunto no pueda reducirse a una discusión sobre quién ganó o quién perdió una licitación.
La cuestión central es cómo se verificaron las condiciones antes de entregar contratos de esta magnitud.
Y aquí aparece otro elemento relevante.
El propio director del INABIE confirmó recientemente que para los contratos de alimentación escolar no se exige experiencia previa ni determinada antigüedad empresarial, siempre que los participantes cumplan con los demás requisitos establecidos. Pérez de León explicó que la política busca ampliar la participación e incorporar nuevos proveedores y emprendedores.
La posibilidad de que una empresa nueva participe no constituye, por sí misma, una irregularidad.
Pero una cosa es permitir la entrada de nuevos participantes y otra muy distinta es determinar si cada participante cumplió efectivamente con las condiciones técnicas, documentales y operativas establecidas.
Ahí está el punto.
EL ANTECEDENTE
Lo que vuelve más importante el caso actual es que los cuestionamientos no aparecen en un vacío institucional.
En 2025, la Dirección General de Contrataciones Públicas recomendó a la Contraloría no registrar ni aprobar pagos asociados a alrededor de 150 contratos derivados de tres procesos de licitación del INABIE para utilería escolar, mientras avanzaba una investigación de oficio.
Un mes después, la DGCP y la Unidad Antifraude de la Contraloría informaron que habían identificado, en esos procesos de 2024, indicios de conflictos de interés y posibles actos de colusión entre oferentes, además de otras violaciones a la normativa de contrataciones públicas. Los hallazgos fueron remitidos a la Procuraduría General de la República.
Es importante precisar algo: esos antecedentes corresponden a otros procesos de contratación, principalmente relacionados con utilería escolar. No demuestran por sí mismos que el proceso de alimentación escolar de San Pedro de Macorís haya incurrido en las mismas irregularidades.
Pero sí explican por qué los nuevos cuestionamientos merecen una revisión documental rigurosa.
EL CONTROL DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN
El INABIE ha respondido también con medidas de control.
En septiembre informó la suspensión de contratos de 14 proveedores después de nuevas inspecciones realizadas tras las adjudicaciones correspondientes a los períodos 2026-2027 y 2027-2028. Entre los hallazgos reportados aparecen cocinas desmanteladas o no localizadas, diferencias entre la capacidad declarada y la comprobada, deficiencias de infraestructura y equipos, incumplimientos de buenas prácticas de manufactura, establecimientos cerrados y cambios de domicilio no autorizados.
Además, la institución anunció nuevas inspecciones a proveedores adjudicados en San Pedro de Macorís después de recibir denuncias.
Esto plantea otra pregunta fundamental:
¿Cuánto debe comprobarse antes de adjudicar y cuánto puede corregirse después?
Porque en una contratación ordinaria puede existir margen para corregir errores administrativos.
En la alimentación escolar, el asunto es diferente.
Aquí hablamos de alimentos que llegan diariamente a las escuelas y de recursos públicos destinados directamente al bienestar de estudiantes.
La calidad del proveedor no puede ser una comprobación tardía.
NO ES SOLO UNA LICITACIÓN
El INABIE no administra un programa marginal.
Administra una parte esencial de la política pública dirigida a la población estudiantil: alimentación, salud y otros servicios de bienestar.
Por eso, cada peso contratado tiene dos dimensiones.
La primera es financiera: qué cantidad de dinero público se compromete y a quién se entrega.
La segunda es social: qué recibe finalmente el estudiante.
Entre ambas existe una cadena completa de decisiones: quién participa, quién queda habilitado, cómo se evalúa, cómo se inspecciona, quién adjudica, cómo se supervisa la ejecución y qué ocurre cuando aparece un incumplimiento.
Si cualquiera de esos eslabones falla, el problema deja de ser exclusivamente administrativo.
Se convierte en un problema de confianza pública.
LA PREGUNTA QUE QUEDA
En San Pedro de Macorís hay ahora una investigación anunciada por el propio INABIE ante organismos especializados.
Corresponde a esos organismos establecer qué ocurrió realmente.
Si las empresas que, según los denunciantes, fueron inicialmente descalificadas fueron posteriormente habilitadas conforme al procedimiento, debe explicarse documentalmente por qué.
Si existieron errores en las evaluaciones, deben identificarse.
Si hubo incumplimientos de los requisitos, deben establecerse las responsabilidades correspondientes.
Y si las denuncias no se sostienen después de revisar los expedientes, también debe quedar establecido.
Porque investigar no significa condenar.
Pero tampoco significa mirar hacia otro lado.
Más de RD$1,900 millones están sobre la mesa.
Detrás de esa cifra no hay solamente contratos.
Hay escuelas.
Hay estudiantes.
Hay proveedores.
Hay dinero público.
Y hay una pregunta que merece una respuesta documental, completa y verificable:
¿Cómo se decidió quién iba a poner el plato sobre la mesa?