Anestesia para el voto
Por Manuel Martínez.
¿Cómo el escándalo de Senasa está siendo diluido antes de que llegue a las urnas?
Hay crímenes que se cometen con un cuchillo y crímenes que se cometen con un expediente.
El de Senasa pertenece a esta segunda categoría. Una categoría particularmente perversa porque no deja un cadáver visible: deja un país entero que sigue funcionando, comprando en el colmado, llevando a sus hijos a la escuela y esperando su turno en una farmacia, mientras, por debajo, un expediente judicial describe cómo pudieron haberse sustraído miles de millones de pesos destinados a la salud.
Hablemos con números, porque los números obligan a mirar.
El Ministerio Público sostiene que el fraude investigado en el Seguro Nacional de Salud ronda los 16,000 millones de pesos y está relacionado con hechos ocurridos durante el período 2020-2025. Senasa tiene más de siete millones de afiliados y concentra una parte fundamental de la cobertura sanitaria del país, especialmente entre personas que dependen del régimen subsidiado.
Y mientras este expediente todavía está en los tribunales, apareció una nueva dimensión del caso.
El Ministerio Público desplegó allanamientos simultáneos en distintos puntos del país dentro de la denominada Senasa 2.0. Los primeros reportes hablaron de al menos 29 detenidos, en su mayoría médicos. Posteriormente, la Procuraduría confirmó 28 arrestos vinculados a 37 allanamientos dentro de esta nueva fase de la investigación.
La investigación ya no apunta solamente hacia antiguos funcionarios de la aseguradora. Ahora alcanza también a prestadores de servicios de salud. Según el Ministerio Público, parte de la mecánica investigada habría incluido pagos por consultas y procedimientos que los afiliados nunca recibieron.
Pero hay algo que no aparece en esas cifras.
Yo lo vi de cerca, no en un titular, sino en una farmacia.
Un mensajero, carnet de Senasa en mano, esperaba su turno para retirar unos medicamentos. Cuando le avisaron que había un problema en el sistema —no en su seguro, sino en el sistema—, el hombre explotó de una manera que obligó a llamar a la policía. Amenazó con quemar el local.
Y yo pensé que aquella reacción no podía explicarse solamente por un error técnico.
Era la rabia acumulada de alguien que depende de un sistema que no puede darse el lujo de fallarle.
Porque para quien tiene dinero, una falla del seguro puede ser un inconveniente.
Para quien no lo tiene, puede ser la diferencia entre conseguir un medicamento o regresar a su casa con las manos vacías.
Esa es la Senasa real.
La que no aparece en las ruedas de prensa.
La del ciudadano que no sabe si el próximo medicamento estará autorizado, si el procedimiento será cubierto o si el sistema que debería protegerlo estará funcionando cuando más lo necesite.
Y entonces aparece la otra pregunta.
¿Qué ocurre con la comunicación de un escándalo de esta magnitud?
Porque un caso de casi 16,000 millones de pesos puede producir indignación durante unos días y desaparecer después debajo de la siguiente controversia.
Puede ser desplazado por una pelea entre influencers, por una declaración estridente, por una noticia de entretenimiento o por cualquier otro acontecimiento capaz de ocupar durante 24 horas la conversación nacional.
Y eso también es una forma de anestesia.
No hace falta demostrar una conspiración para observar cómo funciona.
Basta mirar qué temas ocupan el centro de la conversación, cuáles pierden espacio y cuáles terminan convertidos en una noticia más dentro de la interminable máquina de producir y consumir titulares.
He escuchado a comunicadores de plataformas señaladas públicamente como cercanas al oficialismo defenderse de esas acusaciones admitiendo que estuvieron en el Palacio Nacional recibiendo orientación sobre cómo tratar determinados temas.
No necesito interpretar sus intenciones.
Me basta con escuchar lo que ellos mismos dicen.
Porque cuando un comunicador tiene que explicar por qué recibió orientación desde el poder sobre la manera de abordar un escándalo que compromete recursos públicos, la pregunta deja de ser exclusivamente política.
Se vuelve una pregunta sobre la responsabilidad de quien tiene un micrófono.
¿Qué pasa por la conciencia de un comunicador bien pagado cuando utiliza su voz para disminuir la intensidad de una noticia que afecta precisamente a quienes menos capacidad tienen para defenderse?
¿Qué ocurre cuando ese comunicador tiene, quizás, un familiar enfermo y aun así decide que determinadas preguntas no merecen hacerse?
Yo no voy a responder esas preguntas.
Las dejo frente al espejo.
Porque aquí no estamos hablando solamente de una mala administración.
Estamos hablando de una investigación judicial que ha colocado bajo sospecha el manejo de recursos destinados a una institución de la que dependen millones de dominicanos.
Y por eso Senasa no debería convertirse en un episodio más del ciclo de noticias.
Debería permanecer en la memoria pública hasta que existan respuestas.
Hasta que se determine quién hizo qué.
Hasta que se establezcan responsabilidades.
Hasta que sepamos cuánto dinero salió, por qué mecanismos, quiénes participaron y quiénes permitieron que ocurriera.
Y, sobre todo, hasta que el ciudadano pueda saber si su seguro de salud está siendo utilizado para protegerlo o para alimentar una estructura que él nunca autorizó.
Porque aquí hay algo todavía más peligroso que el escándalo: que llegue a las elecciones convertido en ruido de fondo. Que los casi 16,000 millones de pesos terminen reducidos a una cifra que la gente escuchó alguna vez; que los millones de afiliados terminen convertidos en una estadística; que los detenidos sean reemplazados por otros titulares y que la indignación se canse antes de que llegue la hora de pedir cuentas. Ese sería el verdadero triunfo de la anestesia.
Porque un país anestesiado no pregunta, no exige y no recuerda. Y cuando llega a las urnas puede terminar votando sobre cualquier cosa menos sobre aquello que realmente debería estar preguntando. El problema, entonces, ya no es solamente que alguien pueda haber jugado con el dinero destinado a la salud. El problema es que alguien consiga que el país deje de sentirlo. Y cuando una sociedad deja de sentir el dolor de lo que les ocurre a los más vulnerables, la corrupción deja de ser solamente un problema de dinero: se convierte en un problema de conciencia.
La elección se acerca. Y todavía estamos a tiempo de despertar. Porque una sociedad informada puede discutir, cuestionar y exigir respuestas. Pero una sociedad anestesiada solo escucha la música, sigue el espectáculo y olvida quién pagó la cuenta. No hay perdón posible para quienes, desde el poder, hayan jugado con los recursos destinados a la salud de la gente pobre. Y tampoco debería haberlo para quienes, desde un micrófono, hayan ayudado a que ese juego pase desapercibido.
El autor es Profesor Universitario
Magíster en Comunicación Visual