Auditorías tardías: ¿seguiremos haciendo autopsias o empezaremos a prevenir?
Por Giovanni D’Alessandro.
En septiembre, la Cámara de Cuentas dio a conocer una investigación sobre compras y pagos de Edenorte que identifica irregularidades por unos RD$11,700 millones y US$38 millones. Las operaciones examinadas ocurrieron entre 2012 y 2020, el mismo período de la auditoría a Edeeste publicada antes. Es decir, estamos conociendo hoy hechos sucedidos entre seis y catorce años atrás.
Esas auditorías deben hacerse y publicarse, y la actual Cámara ha acelerado la salida de informes que llevaban años pendientes. Cuando una irregularidad se descubre una década después, el dinero ya se pagó, los contratos se ejecutaron y los responsables cambiaron de puesto. Y el tiempo siempre juega a favor de quien defrauda: le da margen para dilapidar el dinero público y para ocultar el cuerpo del delito. Hace un año lo describí en estas páginas como una «autopsia tardía». En diciembre insistí: un ente fiscalizador que llega tarde no previene, solo constata.
Al comentar el caso Edenorte con un funcionario de la Cámara, me respondió: «Para eso estamos trabajando, para detectar a tiempo». Coincido. Y precisamente por eso vale la pena preguntar cuánto falta.
Detectar a tiempo es exactamente lo que la Cámara se propuso hace casi cinco años. En diciembre de 2021 solicitó RD$500 millones para crear un centro de inteligencia preventiva, que luego se convirtió en la Dirección de Inteligencia, Monitoreo Efectivo y Preventivo (DIMEP). Según los documentos del Pleno de entonces, tendría una base de datos para monitorear las operaciones financieras y las compras públicas, conexión con los órganos rectores y con todas las instituciones que manejan fondos públicos, análisis con inteligencia artificial e incluso georreferenciación satelital. Su propósito quedó escrito así: «prevenir y detectar a tiempo».
¿Qué pasó con ese proyecto? Tres respuestas oficiales a mis solicitudes de información permiten reconstruirlo. Los RD$500 millones llegaron en enero de 2022 y se colocaron en un certificado financiero, donde permanecieron cuatro años. Al cancelarse el certificado, en enero de 2026, habían generado RD$83.3 millones en intereses. El presupuesto definido para la DIMEP fue de RD$461 millones. A junio de este año se habían ejecutado RD$183 millones; había RD$106.5 millones comprometidos, casi todos en el centro de datos, y quedaban RD$172 millones disponibles.
¿En qué se ejecutó? La propia Cámara responde que esos fondos «fueron aplicados de manera transversal para la modernización tecnológica de la institución». La lista incluye licencias, sistemas de auditoría y planificación, cableado, climatización y equipos informáticos. Las llamadas «herramientas de monitoreo preventivo» supervisan la infraestructura tecnológica de la propia Cámara: pueden ser necesarias, pero no sirven al propósito sustantivo del proyecto, que era vigilar el uso de los recursos públicos.
Modernizar la Cámara no es irregular, y varias de esas herramientas son útiles: TeamMate+ ya permite planificar auditorías con criterios de riesgo. Pero una Cámara más moderna no es lo mismo que una Cámara que detecta a tiempo. Y los fondos se aprobaron para lo segundo; se ejecutaron en lo primero.
Lo mismo ocurre con la interoperabilidad. Hay avances puntuales y este año se aprobó un reglamento para impulsarla. Pero la propia respuesta oficial describe todavía el portal de auditoría «con miras a interoperar» con la JCE, la DGII, la TSS, Contrataciones Públicas y otras instituciones. La pregunta es cuánto de la red concebida para la DIMEP funciona hoy, qué información cruza y qué alertas está generando.
Para dimensionar lo que está en juego, basta mirar a Colombia. Allí la Contraloría creó la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), que conecta de forma automática las bases de datos de contratación pública, impuestos, identificación ciudadana, seguridad social y registros empresariales. Con analítica de datos e inteligencia artificial, detecta comportamientos atípicos y emite alertas mientras los recursos se están ejecutando, no años después de cerrado un contrato. Eso es interoperabilidad en la práctica: sistemas que conversan entre sí y avisan a tiempo.
Ese camino pudo acortarse. Según la memoria de gestión de un exmiembro del Pleno, se negociaron acuerdos con las contralorías de Colombia, México y Perú que contemplaban compartir los códigos fuente de sus sistemas de fiscalización inteligente, con un ahorro estimado de hasta quince años de desarrollo. Según el mismo documento, los acuerdos no llegaron a formalizarse. Esa oportunidad no corresponde atribuirla a la gestión actual, pero sí cabe preguntar si puede retomarse.
El proyecto tiene casi cinco años; la actual gestión, apenas año y medio. Los retrasos acumulados antes de su llegada no son atribuibles al actual Pleno. Pero sí le corresponde decidir qué hacer con lo recibido, completar lo pendiente y explicar dónde estamos. Cuenta con recursos asignados, un diseño de partida y tiempo para avanzar. Lo que todavía no ha presentado es una hoja de ruta.
Traté de obtener esas respuestas primero por la vía de la colaboración. El 21 de julio me reuní con los directores de Auditoría y de Tecnología y con la responsable de Acceso a la Información. Recomendé preparar un informe ejecutivo sobre lo ejecutado, lo operativo y lo pendiente. Posteriormente se me indicó que se ampliaría el detalle del proyecto. Recibí una respuesta a preguntas puntuales, que agradezco, pero el informe integral sugerido en aquella reunión no ha llegado. Acabo de solicitarlo de nuevo. Después de una inversión pública de esta magnitud, conocer el estado real del proyecto no debería requerir sucesivas solicitudes de información. Esa información debería formar parte de una rendición de cuentas proactiva de la propia Cámara.
Confieso que esperaba más. Seguimos conociendo auditorías sobre hechos ocurridos hace una década, mientras la capacidad concebida para detectar anomalías a tiempo no muestra todavía resultados públicos que permitan medir su eficacia.
Por eso, más que acusaciones, planteo preguntas:
¿Cuál es la hoja de ruta de la DIMEP, con metas y fechas?
¿Qué capacidades de inteligencia preventiva funcionan hoy, cuántas alertas han generado y qué actuaciones produjeron?
¿Qué parte de la interoperabilidad originalmente prevista está operativa?
¿Cuál es el destino actual de los RD$172 millones reportados como disponibles y cómo fueron incorporados o destinados los RD$83.3 millones generados por el certificado?
¿Retomará la Cámara las posibilidades de cooperación tecnológica exploradas con otros países?
¿Publicará periódicamente indicadores sobre los resultados de su capacidad preventiva?
La Cámara de Cuentas exige transparencia a quienes administran recursos públicos. Es coherente que aplique la misma vara a uno de sus proyectos más importantes. Sin revelar nada reservado, basta responder una pregunta sencilla: casi cinco años después de concebido el proyecto y año y medio después de asumir el actual Pleno, ¿en qué estamos?
Auditar el pasado seguirá siendo indispensable. Pero la frase que hoy repite un funcionario ya estaba escrita en el diseño original: prevenir y detectar a tiempo. Corresponde ahora acelerar lo pendiente y explicar con claridad lo recibido, lo ejecutado, lo que funciona y lo que falta.
La Cámara todavía tiene tiempo para convertir aquella visión en resultados. Lo que ya no debería seguir esperando es la rendición de cuentas.