El tollo: ¡Seis años después! Los intachables y el discreto encanto del «¡Dame lo mío!”

Por Manuel Martínez.

Llegaron prometiendo que gobernar era fácil: bastaba sacar a los políticos de siempre y poner a una generación de intachables. Iban a derrotar la delincuencia, frenar la inseguridad, ordenar la migración ilegal y desterrar la corrupción. Seis años después, el tollo está servido. El PRM ya no puede presentarse como alternativa: es el Gobierno, y no puede seguir haciéndose el loco con sus resultados.

Y la factura es concreta. Senasa, el seguro que debía cuidar la salud de los dominicanos más pobres, se convirtió en el símbolo de un presunto saqueo de proporciones nunca vistas. Detrás de cada peso desviado hay un paciente sin medicamento, una cirugía aplazada, una familia que fue a una clínica y regresó con las manos vacías. ¿Dónde estaban los controles mientras el sistema se desangraba? La confianza de millones de afiliados quedó herida, y eso no se repara con comunicados. Ese es el peso de esta denuncia: no es una cifra, es una herida. Y se abrió bajo la vigilancia de un Gobierno que se vendió como incorruptible.

No pedimos condenas por adelantado: la presunción de inocencia rige para todos. Pedimos que la justicia llegue hasta el final, sin cortapisas ni protección política, aparezca quien aparezca en el expediente. Y que ningún silencio, oficial o amigo, ayude a que el escándalo se diluya.

Lo mismo ocurre con los aeropuertos. Un contrato que compromete por décadas la principal puerta de entrada del país, aprobado entre cuestionamientos y sin el respaldo de la oposición, deja más preguntas que respuestas: cuánto valía de verdad, cuánto recibió el Estado y en qué se ha gastado ese dinero. No es una obra más: es la imagen y la soberanía de un país que se juega en cada terminal. Cuando el patrimonio de todos se negocia así, la ciudadanía tiene derecho a exigir cuentas, no a recibir aplausos.

Pero el espectáculo no termina en las promesas rotas. Lo más revelador es la metamorfosis de quienes hicieron carrera denunciando los vicios del poder.

La Marcha Verde exigía transparencia, combatía la impunidad y no admitía excusas. Los privilegios eran un escándalo; el silencio, complicidad. Periodistas, comunicadores y activistas pusieron su credibilidad al servicio de esa indignación, y el país les creyó.

Y aquí viene lo incómodo.

Llegó el PRM al poder y varias de esas voces ocuparon cargos del Estado, incluidas posiciones diplomáticas y administrativas. Otros se quedaron fuera, pero guardaron un silencio llamativo mientras personas de su entorno familiar encontraban oportunidades dentro del Gobierno. Que cada cual responda por lo suyo, pero que responda. El país no les pide que renuncien a servir; les pide que no exijan a otros lo que ellos mismos no practican.

Aceptar un cargo no hace corrupto a nadie. Pero quien hizo del escrutinio su bandera no puede pretender que el escrutinio se detenga en la puerta de su casa. La coherencia ética no depende de quién recibe el beneficio.

Entonces, ¿dónde está la Marcha Verde? Ante Senasa, ante los aeropuertos, ante cada escándalo que sacude al Gobierno, ¿dónde están los que exigían explicaciones sin tregua? Cuando el escándalo tenía otro apellido, los escuchamos a diario. Hoy, aquella indignación, tan estruendosa contra otros, guarda un silencio sospechoso. ¿Cambia la transparencia de significado cuando el poder queda en manos amigas?

Hay que decirlo: para algunos, luchar contra los privilegios ajenos resultó más cómodo que renunciar a los propios. Tanta solemnidad, tanto discurso de principios, para terminar en la frase más vulgar y reveladora: «¡Dame lo mío!». ¿Se marchaba para cambiar las reglas o para ganarse un puesto dentro de ellas?

Mientras tanto, el Gobierno no puede esconderse detrás de las diferencias con sus antecesores. Gobernar no es anunciar buenas intenciones, exhibir una imagen de honestidad ni repetir que se encarna el cambio. Es dar resultados, montar controles eficaces, tener instituciones que respondan y explicar cuando algo falla. Seis años después, las promesas no alcanzan: el país tiene derecho a evaluar y a exigir cuentas. Y cuando un gobierno se acostumbra a esquivar, el ciudadano termina pagando la cuenta, en su salud, en su bolsillo y en su confianza.

Una aclaración cromática: el verde de la Marcha Verde no es el verde de la Fuerza del Pueblo. Compartir un color no es compartir identidad, trayectoria ni propósito. Quienes marcharon bajo aquel símbolo deben responder por lo que defendieron y por lo que hicieron después. Quienes marchamos bajo la bandera verde de la Fuerza del Pueblo tenemos identidad propia y un liderazgo, el de Leonel Fernández, con experiencia de gobierno. Pero esa historia no nos exonera: nos obliga.

No necesitamos símbolos ajenos. Nuestra credibilidad se mide en conducta, propuestas y disposición a rendir cuentas. Y esa vara, la misma que aplicamos a otros, también cae sobre nosotros.

Seis años después, el PRM se hace el loco con el Gobierno que encabeza: esquiva responsabilidades y se refugia en el pasado. Los que encontraron espacio en ese poder esquivan la distancia entre su discurso y sus decisiones. Y nosotros respondemos por demostrar que nuestros principios no son retórica.

Porque ninguna bandera sustituye los principios que dice representar, ningún discurso de cambio exime de rendir cuentas, y ninguna causa conserva su credibilidad cuando quienes la invocan terminan reclamando, para sí o para los suyos, los privilegios que antes denunciaban.

Manuel Martínez
Profesor Universitario
Magíster en Comunicación Visual