El cambio llegó en un Tesla y se va en la cola de un motoconcho

Por Manuel Martínez.

Hay gobiernos que llegan al poder en un vehículo; otros llegan montados en una promesa. El de Luis Abinader tuvo la suerte —y la habilidad comunicacional— de reunir ambas cosas en una sola imagen: un Tesla negro, silencioso y eléctrico, camino a la juramentación del 16 de agosto de 2020. Elon Musk hasta agradeció públicamente el gesto. Como pieza de comunicación política, fue impecable. Como símbolo de lo que vendría, seis años después merece otra lectura.

Desde mi oficio de comunicador visual, aquel automóvil fue más que un medio de transporte: fue un anuncio. El cambio llegaba sin ruido, sin humo y con una supuesta superioridad ética sobre todo lo anterior. La lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas ocuparon un lugar central en el discurso inaugural. El mensaje era sencillo: los otros representaban el pasado; ellos, la limpieza moral. La imagen hizo su trabajo. Ahora toca revisar el producto.

Seis años después, el Tesla parece haberse quedado sin batería y la promesa, sin suficiente combustible.

Empecemos por Senasa, el seguro de los más vulnerables. Las irregularidades denunciadas y las investigaciones anunciadas alrededor de esa institución han golpeado la confianza pública en un servicio del que dependen ciudadanos que necesitan protección. Sus recursos no son una caja privada ni un botín político: pertenecen a un sistema concebido para atender la salud de la población. La entrega de informes a las autoridades y las pesquisas correspondientes deben permitir establecer responsabilidades con pruebas y debido proceso. Pero la pregunta política no desaparece: ¿cómo pudo abrirse una crisis de esta magnitud bajo un gobierno que hizo de la transparencia su bandera? Descubrir una posible traición dentro de la propia casa no sustituye la obligación de explicar cómo ocurrió.

Sigamos con el arroz, que aquí no es solamente comida: es sustento, trabajo y seguridad alimentaria. Los productores nacionales han expresado preocupación por las importaciones y por las reglas comerciales que afectan al sector. El Gobierno ha defendido la producción local, pero las decisiones sobre acceso de arroz extranjero y las presiones vinculadas al comercio con Estados Unidos mantienen abierto un debate decisivo para los agricultores y los consumidores. Cuando se habla de soberanía alimentaria, no basta con pronunciar la frase: hay que explicar qué se negocia, qué se protege y quién asume los costos. Si la defensa del productor cambia al ritmo de las presiones externas, la ciudadanía tiene derecho a pedir cuentas.

Ahora, el narcotráfico. Las investigaciones y los procesos judiciales que han alcanzado a personas vinculadas al partido gobernante han reabierto preguntas incómodas sobre la promesa de pulcritud moral. No todos los casos tienen el mismo desenlace: una investigación no equivale a una condena, y la responsabilidad penal debe probarse ante los tribunales. Precisamente por eso, cada expediente exige rigor, no silencio ni condenas anticipadas. Pero también corresponde preguntar cómo se escogieron ciertas candidaturas, qué controles internos se aplicaron y quién asume la responsabilidad política cuando personas vinculadas a una organización llegan a puestos de representación bajo circunstancias graves.

Los señalamientos sobre posible financiamiento electoral con dinero procedente del narcotráfico elevan aún más la exigencia. Si recursos ilícitos penetran una campaña, no se compromete únicamente a quien los aporta o recibe: quedan bajo examen los mecanismos de selección, supervisión y rendición de cuentas. La inmunidad parlamentaria protege el ejercicio legislativo; no debería convertirse en una cortina para esquivar investigaciones ni responsabilidades.

Y el menú de cuestionamientos no termina ahí: aeropuertos, aduanas, fideicomisos y transporte público. Son instituciones y asuntos distintos, con circunstancias que deben examinarse por separado. Pero cuando las controversias se acumulan, la conversación ya no puede limitarse a la conducta de una persona. También debe abarcar los controles, la supervisión y la responsabilidad de quienes dirigen. La transparencia no consiste en anunciar que todo se hará bien, sino en explicar lo ocurrido, facilitar la investigación, establecer responsabilidades y corregir las fallas.

Aquí mi oficio me obliga a mirar más allá de la superficie. En comunicación, la distancia entre el mensaje y la realidad termina erosionando la credibilidad. Aquel Tesla fue un contrato visual: lo que se prometió con la imagen, la ciudadanía lo cobra con intereses. Cada apagón, cada dificultad que encarece la vida y cada escándalo que exige explicaciones se convierte en otro recibo de aquella promesa. La propaganda puede encender una expectativa; no puede mantenerla viva indefinidamente si los hechos la contradicen.

Porque el problema nunca fue llegar en un automóvil eléctrico. El problema fue convertir aquella llegada en una declaración de superioridad moral sin asegurar que la gestión pública estuviera a la altura de las expectativas creadas. Una imagen puede conquistar titulares, despertar ilusiones y construir una marca política. Pero no sustituye la transparencia, la rendición de cuentas ni los resultados. La imagen abre la puerta; la gestión determina lo que el ciudadano encuentra al entrar.

Mientras tanto, el país real sigue su camino sobre dos ruedas, entre el ruido de los motores, el humo del escape y las dificultades de cada día. El motoconcho no se vende como símbolo de modernidad ni promete conducirnos al futuro. Simplemente te lleva. Y, a diferencia de tantos discursos políticos, suele dejar claro cuánto cuesta el viaje antes de arrancar.

Llegó al volante de un Tesla. Se va agarrado de la cintura de un motoconchista.

Manuel Martínez
Profesor Universitario
Magíster en Comunicación Visual