Trabajar para seguir siendo pobre
Por Ramón Morel.
Hay una forma de pobreza que sale de casa temprano, cumple horario, recibe órdenes y cobra a fin de mes. Tiene empleo y, aun así, debe escoger qué necesidad dejar para después. A esa persona le enseñaron que trabajando saldría adelante. El problema comienza cuando descubre que el sueldo apenas le permite regresar al trabajo al día siguiente.
La existencia de un puesto de trabajo dice poco sobre la vida que permite sostener. Contar ocupados resulta mucho más sencillo que explicar cómo pagan el alquiler, alimentan a sus hijos o enfrentan una enfermedad. Un empleo puede mejorar una estadística y seguir dejando a una familia con las cuentas vencidas.
El estudio «Cuando trabajar no basta», de la UASD y la Fundación Juan Bosch, estima que en 2025 el 39.7 % de la población vivía en hogares cuyos ingresos de la ocupación principal, distribuidos entre sus integrantes, resultaban insuficientes para superar la línea de pobreza. La investigación fue elaborada por Francisco Alberto Tavárez y Matías Bosch.
La precisión importa: ese porcentaje mide pobreza por ingresos de la ocupación principal. La referencia es el hogar y sus integrantes; el cálculo no incluye todas las fuentes de ingreso. Por eso no debe confundirse con la tasa oficial de pobreza monetaria.
La necesidad de completar el presupuesto familiar merece atención política. Si para atender lo indispensable un hogar necesita sumar otra ocupación, recibir ayuda o sacrificar descanso, conviene revisar la calidad de la promesa que se hace cuando se anuncia un nuevo empleo.
El Observatorio Político Dominicano de FUNGLODE aporta otra comparación. El salario mínimo bruto de las grandes empresas del sector privado no sectorizado es de RD$29,988. Después del 5.91 % de cotizaciones para salud y pensiones quedan RD$28,215.71. Frente a la canasta familiar del primer quintil de agosto de 2026, de RD$29,756.89, ese ingreso neto cubría el 94.8 %.
Estamos hablando de la canasta correspondiente al 20 % de los hogares de menores ingresos. Y del salario mínimo de la categoría empresarial mejor remunerada entre las cuatro del sector privado no sectorizado. Incluso en esa comparación, el dinero disponible quedaba corto.
Las cotizaciones financian protección social. La exigencia razonable es que el sueldo permita cotizar y vivir. Presentar únicamente el monto bruto deja fuera una parte elemental de la cuenta que hace cualquier trabajador cuando cobra.
Los precios, además, siguen moviéndose. Para septiembre de 2026, la canasta del primer quintil ascendía a RD$29,843.30 y la canasta familiar promedio nacional a RD$49,966.37, según datos del Banco Central recogidos por Acento.
Una canasta familiar corresponde a un hogar, donde puede haber varios perceptores de ingresos. Compararla con un solo salario ilustra su capacidad de compra; por sí sola, esa operación no determina si una familia es pobre. Pero obliga a mirar cuántos ingresos necesita reunir, cuántas personas dependen de ellos y cuánto queda después de cubrir lo esencial.
Resulta fácil recomendar disciplina financiera desde un presupuesto holgado. El consejo pierde utilidad cuando la elección consiste en pagar la electricidad o comprar un medicamento. A cierto trabajador dominicano solo le faltaría aprender a ahorrar el dinero que nunca le sobra.
El estudio de la UASD y la Fundación Juan Bosch identifica, además, una brecha decisiva: entre 2018 y 2025, la productividad laboral aumentó un 33.8 %, mientras los ingresos laborales reales por hora crecieron un 12.8 %. Producir más y cobrar mejor avanzaron a velocidades distintas.
Mi lectura es que esa distancia obliga a discutir cómo se negocian y distribuyen los resultados del trabajo. Invocar la productividad para posponer mejoras salariales exige explicar también qué ocurre cuando la productividad efectivamente aumenta. El argumento empresarial debe rendir cuentas de sus dos mitades.
Al Gobierno de Luis Abinader le corresponde responder por la suficiencia del ingreso y por los servicios que ese ingreso termina pagando. Una escuela pública que funciona, transporte accesible y atención sanitaria oportuna pueden proteger el presupuesto familiar. Cada deficiencia que obliga a comprar una solución privada añade una factura al salario.
La evaluación gubernamental debería publicar con igual claridad los empleos creados y el ingreso disponible que generan, desglosado por territorio y actividad. También debería medir cuánto cuesta trabajar: desplazarse, comer fuera cuando es indispensable y resolver el cuidado de los dependientes. La nómina anuncia una cantidad; sostener el empleo puede consumir una parte considerable de ella.
Los aumentos salariales requieren cumplimiento y seguimiento de su poder de compra. La negociación debe considerar las diferencias entre empresas, acompañar las mejoras productivas y establecer responsabilidades verificables. El trabajador necesita saber qué puede comprar después del anuncio, cuando desaparecen las cámaras y vuelve a abrir el colmado.
Hay, además, una responsabilidad empresarial que merece discutirse con la misma firmeza. La remuneración del trabajo debe ocupar un lugar central en la evaluación del éxito de una empresa. La rentabilidad pierde legitimidad social cuando se presenta como una conquista completamente separada de las condiciones de quienes contribuyen a producirla.
La pobreza laboral también impone límites a la libertad. Quien vive pendiente del próximo vencimiento dispone de menos margen para rechazar un abuso, cambiar de empleo o prepararse para algo mejor. La urgencia económica puede convertir una mala oferta en la única oferta posible.
El trabajador ya aporta tiempo, esfuerzo y una parte de su vida. Exigirle sacrificios indefinidos mientras se aplaza la posibilidad de vivir de su ingreso es una manera de cobrarle el desarrollo por adelantado.
Un país donde trabajar no alcanza tiene pendiente algo más serio que mejorar sus indicadores: conseguir que una jornada de trabajo permita sostener una vida digna.