Bukele en Haití

En Derecho Público Internacional, ¿quién puede consentir una intervención militar en nombre del Estado?

7 julio 2021: Asesinan al presidente Jovenel Moïse. Haití no tiene presidente electo desde entonces.

Sin elecciones desde 2016. Sin Parlamento desde enero 2020.

11 nov 2024: Alix Didier Fils-Aimé «es nombrado primer ministro por el Consejo Presidencial de Transición (CPT)», creado en abril 2024 tras la renuncia de Ariel Henry.

22 enero 2026: 5 de 7 miembros del CPT intentan destituir a Fils-Aimé por no cooperar y por fracasar en seguridad.

23-28 enero 2026: Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., llama para respaldar a Fils-Aimé. EE.UU. revoca visas a 4 consejeros del CPT y un ministro. Washington lo sostiene.

7 febrero 2026: Termina el mandato del CPT, sin sucesor electo. Fils-Aimé, gobernante de FACTO concentra todo el poder ejecutivo.

Gobierno de facto.
6 octubre 2026: El Consejo Electoral Provisional aplaza las elecciones del 13 de diciembre de 2026 al 18 de julio de 2027. Segunda vuelta 4 de octubre 2027.

Es decir, el que firmó el acuerdo bilateral con Bukele es un primer ministro que nadie eligió, que su propio Consejo quiso destituir, y que solo sigue en el poder porque Washington lo respaldó en enero.

⚡️En verde lo que sería si Haití tuviera un presidente electo. En rojo lo que es en realidad:

Consentimiento válido: 8.5 → 3.0.
Es la caída más grande. En DIP existe la doctrina de la «intervención por invitación»*: un Estado puede invitar a tropas extranjeras. Pero la invitación tiene que venir de un gobierno que ejerza control efectivo y represente de forma constitucional, legal y legítima al Estado.

Fils-Aimé no controla ni el 10% de Puerto Príncipe, la coalición Viv Ansanm controla ∼90%. No tiene mandato popular. No tiene Parlamento que ratifique el acuerdo. Su consentimiento es formalmente existente, materialmente viciado. Por eso no es 0, porque el DIP reconoce gobiernos de facto, pero es 3.0, porque es un gobierno de facto sostenido desde afuera.

Autorización Capítulo VII ONU Res. 2793: 8.5 → 5.5
Aquí también baja, y esto es clave. La Res. 2793 (30 sept 2025) y la 2829 (29 sept 2026, hasta 31 marzo 2027) autorizan la GSF. Eso es Capítulo VII, independiente del consentimiento.

Pero el Consejo de Seguridad basó esa autorización en la solicitud del gobierno de facto haitiano. Si ese gobierno es de facto e ilegítimo, la base política de la resolución se debilita, aunque jurídicamente siga vigente porque es ilegítima. La resolución no se anula sola, pero su legitimidad democrática se contamina. Por eso baja de 8.5 a 5.5, no a 0.

Cobertura ONU contingente adicional: 2.0 → 1.0
Aquí ya era malo y ahora es peor. El 2 de noviembre, Stéphane Dujarric dice que la gran mayoría de los ∼2,500 salvadoreños no están en la GSF*. Quedan fuera de mandato, supervisión e informes de UNSOH.

Si a eso le sumas que el acuerdo bilateral que los ampara fue firmado por un gobierno de facto, sin publicar el texto, entonces no tienen ni cobertura ONU ni consentimiento válido. Tienen solo un papel firmado por Fils-Aimé y Bukele. En DIP eso es presencia militar extranjera con título jurídico dudoso. Es decir, invasión militar.

Proporcionalidad / DDHH: 4.0 → 3.0
Baja porque sin mando ONU, no hay ROE de la ONU, no hay Política de Debida Diligencia en DDHH. Los ataques desde helicóptero a la casa de Lanmò San Jou, con civiles huyendo en video, ya eran dudosos. Sin supervisión, el riesgo de exceso es mayor.

Rendición de cuentas / Transparencia: 2.5 → 1.5

¿Quién responde si un soldado salvadoreño mata a un civil haitiano? ¿Tribunal salvadoreño? ¿Tribunal haitiano, que casi no funciona? ¿Corte Penal Internacional? Nadie lo ha aclarado. Amnistía pidió publicar el acuerdo el 10 de noviembre. Sigue sin publicarse.

Soberanía / No intervención Art. 2(4): 7.0 → 2.5
El Art. 2(4) de la Carta ONU es jus cogens, no se puede derogar por tratado. Prohíbe uso de la fuerza contra integridad territorial. La única excepción es consentimiento válido o Capítulo VII.

Si el consentimiento es de un gobierno de facto impuesto en la práctica por Washington, y el Capítulo VII solo cubre a una minoría del contingente, entonces la mayor parte de la presencia salvadoreña viola en la práctica el Art. 2(4), aunque formalmente invoque una invitación.

Conclusión jurídica completa

Con gobierno legítimo, la intervención sería mayormente legal, con un problema de transparencia en el contingente adicional.

Con gobierno de facto como el de Fils-Aimé, la intervención se convierte en lo que en doctrina se llama «intervención consentida por un gobierno sin legitimidad democrática, sostenido por una potencia extranjera, fuera del mandato de la ONU».

Es decir, no es una invasión militar clásica como la de EE.UU. a Irak 2003, porque hay un papel firmado. Pero tampoco es una misión de paz legal, porque el que firma no representa al pueblo haitiano, y la ONU se desmarcó expresamente.

En términos de DIP, la valoración final es Legalidad formal parcial, legitimidad democrática casi nula, y responsabilidad internacional en zona de impunidad.

Por eso República Dominicana, con el canciller Ito Bisonó, dijo que no puede participar militarmente: porque si RD entra, se le puede cuestionar imparcialidad, legitimidad y se expone a ser parte de una intervención con base jurídica contaminada.

 

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